En las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Partido Demócrata tiene chances de ganar. Su eventual triunfo, que le devolvería poder de veto al Congreso, se explica más por el descontento social con el gobierno de Donald Trump que por la construcción de una alternativa política duradera.
A poco más de cuatro meses de las elecciones de medio término, los pronósticos coinciden en un punto: el Partido Demócrata parte como favorito. El promedio de encuestas sobre la intención de voto para el Congreso le otorga una ventaja de alrededor de cinco puntos, una distancia considerable en un electorado tan polarizado. La aprobación de Donald Trump se encuentra en terreno negativo en las dos materias que lo llevaron a la Casa Blanca –la economía y la inmigración–, y la guerra contra Irán iniciada en febrero agregó una preocupación inmediata por el precio de los combustibles. Si la historia electoral estadounidense sirve de guía, el Partido del Presidente está condenado a perder terreno en el Congreso.
La posibilidad de que los demócratas ganen en noviembre, entonces, es alta. Cabe preguntarse si esta ventaja en los votos se traducirá en poder, dentro de un sistema diseñado para filtrar y diluir las mayorías. Una segunda pregunta es qué hará el Partido con esa eventual victoria, dado que llega a la cita sin una doctrina que proponga algo más que la oposición a Trump. Una elección que parece resuelta en la superficie esconde, en sus cimientos, una doble incógnita. Por último, y a la luz de eventos recientes, surge la pregunta sobre la salud de la democracia estadounidense.
El péndulo del medio término
La eventual victoria demócrata descansa menos en sus méritos que en una regularidad casi mecánica de la política estadounidense. Desde mediados del siglo XX, el Partido que controla la Presidencia pierde de manera sistemática bancas en las elecciones intermedias. El votante independiente, liberado de la disyuntiva presidencial, utiliza esos comicios para corregir, castigar o moderar al oficialismo. Es un mecanismo de equilibrio incorporado al sistema, un freno reflejo ante la concentración de poder. La ola antisistema que llevó a Trump al poder en 2024, y que se inscribía en un malestar global con los oficialismos de pospandemia, hoy opera en su contra: el mismo descontento difuso que castigó a Biden y a Harris se vuelve ahora contra quien gobierna.
Ese péndulo ya se insinuó en las elecciones del año pasado. En noviembre de 2025, las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill se impusieron con holgura en las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, y en la ciudad de Nueva York el autodenominado socialista democrático Zohran Mamdani conquistó la alcaldía. El hilo que unió esas victorias fue temático antes que programático: la crisis de asequibilidad, el costo de vida, la sensación difusa de que la promesa trumpista de renovación económica no se materializó. Los demócratas ganaron menos por lo que proponen que por ser el recipiente disponible del descontento. Las tres figuras, además, provienen de tradiciones internas dispares, desde la moderación de Spanberger y Sherrill, con pasado en la CIA y en la Marina, hasta la izquierda de Mamdani, lo que confirma que el aglutinante fue el rechazo al oficialismo más que una identidad común.
Aquí asoma la primera paradoja estructural. La fortaleza electoral demócrata es, en buena medida, prestada. Emana de la erosión del adversario antes que de una visión propia. Funciona mientras el oficialismo acumula desgaste, pero no construye nada que trascienda a ese desgaste. Se trata de una ventaja real y, al mismo tiempo, hueca.
El terreno desnivelado
La segunda paradoja es más profunda y remite al diseño mismo de las instituciones estadounidenses. El sistema fue concebido para que las mayorías populares no se trasladen de manera directa a mayorías de gobierno. El Senado, donde cada Estado aporta dos bancas con independencia de su población, sobrerrepresenta de modo estructural a los Estados rurales y menos poblados, hoy mayoritariamente republicanos. El Colegio Electoral replica ese sesgo. Y la delimitación de los distritos legislativos, en manos de las legislaturas estaduales, permite que el reparto de bancas se aparte de la distribución efectiva de los votos. Estados Unidos es, por construcción, una democracia contramayoritaria, y el momento actual radicaliza un rasgo que estaba latente. A comienzos de los años 2000, el politólogo estadounidense Robert Dahl publicó un libro titulado ¿Es democrática la Constitución de los Estados Unidos? Su respuesta era que lo es mucho menos de lo que los propios estadounidenses suelen suponer.
Ese sesgo contramayoritario, que hasta aquí era parte del diseño heredado, se profundizó de manera deliberada en los últimos meses. En abril, la Corte Suprema falló en el caso Louisiana contra Callais y vació de contenido la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, el instrumento que durante seis décadas protegió la representación de las minorías. Hasta entonces, esa norma obligaba a los Estados a trazar distritos donde los votantes negros o latinos fueran mayoría cuando su peso poblacional lo justificaba, de manera que esas comunidades pudieran elegir a sus propios representantes. El fallo liberó a las legislaturas de esa exigencia y volvió mucho más difícil impugnar los mapas que reparten a esos votantes entre varios distritos hasta diluir su influencia. La consecuencia inmediata es que varias legislaturas del Sur quedan habilitadas para eliminar distritos de mayoría afroamericana o latina. Distintas estimaciones calculan que el fallo podría desplazar hasta una docena de bancas hacia los republicanos por la vía del rediseño de mapas, sin que se mueva un solo voto. A esto se suma una guerra de redistritado en plena marcha: Texas, Missouri y Carolina del Norte redibujaron sus mapas a mitad de ciclo para favorecer al oficialismo, mientras California respondió con la misma lógica a través de la Proposición 50. Esa medida, aprobada por los votantes californianos, autorizó a rediseñar los distritos del Estado para sumar bancas demócratas y compensar así lo que los republicanos se aseguraban en Texas y otros Estados. El redistritado con objetivos partidarios (gerrymandering) ya es un campo de batalla abierto, donde cada bando intenta blindar bancas antes de que se emita el primer voto.
El resultado es un terreno desnivelado. Los demócratas pueden ganar el voto popular agregado para la Cámara de Representantes y, aun así, quedar cerca o por debajo de la mayoría de las bancas. Lo que cada Partido pone en juego tampoco es simétrico: hay dieciséis representantes demócratas en distritos que Trump ganó y apenas ocho republicanos en distritos que prefirieron a Harris, de modo que el oficialismo tiene menos flancos vulnerables que defender. En el Senado la rigidez es todavía mayor: el mapa de las treinta y cinco bancas en disputa obliga a los demócratas a defender escaños en Estados que Trump ganó, como Georgia y Michigan, mientras que Maine aparece como el único territorio republicano en un Estado que votó a Harris. Como en todo federalismo, la aritmética territorial juega en contra de la aritmética de los votos. Por eso una victoria demócrata en el voto popular es compatible con un Senado que permanezca en manos republicanas, un desacople que anticipa un Trump debilitado y “pato rengo” pero también un Partido Demócrata que no podrá impulsar su agenda, cualquiera sea, con facilidad.
Erosión democrática
Hay una tercera capa, inédita en su magnitud, que altera la naturaleza misma de la contienda. El mecanismo del péndulo de medio término supone un acuerdo tácito: que ambos contendientes aceptan las reglas y reconocen el resultado. Empero, este supuesto dejó de estar garantizado.
A lo largo del último año, la administración Trump ensayó un repertorio de medidas orientadas a erosionar la confianza en el proceso electoral. El Departamento de Justicia exigió a los Estados sus bases de datos de votantes y demandó a más de veinte jurisdicciones gobernadas por demócratas que se negaron a entregarlas. El FBI allanó centros electorales y organizaciones de registro de votantes con el argumento de investigar la elección de 2020, una intromisión federal en comicios de administración local que los especialistas describieron como sin precedentes. La Cámara de Representantes aprobó una ley que habría exigido pruebas de ciudadanía para registrarse a votar, una medida que, según organizaciones de derechos civiles, habría complicado el registro de mujeres casadas que cambiaron de apellido, de minorías y de sectores de bajos ingresos; la iniciativa fue finalmente bloqueada en el Senado. El propio Trump deslizó la idea de cancelar o nacionalizar las elecciones, y figuras de su entorno anticiparon el despliegue de agentes de inmigración en torno a los centros de votación.
La eficacia concreta de cada una de estas iniciativas es discutible, y varias naufragaron en los tribunales o en el Congreso. Pero estas medidas avanzan en una clara dirección: obstaculizar lo más posible el trámite electoral. Todo esto convierte a la fricción administrativa, el trámite, el padrón y la acreditación de identidad en un instrumento partidario, con la intención de depurar el electorado antes de que vote.
Vale distinguir aquí dos lógicas de erosión democrática que hoy se combinan. Una es institucional y se libra dentro de las reglas: el rediseño de mapas, los fallos judiciales, las leyes de registro. Otra es contenciosa y opera sobre el acto mismo de votar, mediante la presión, la sospecha y la amenaza de intervención federal. Por separado, cada una tiene antecedentes en la historia estadounidense. Lo novedoso es su articulación simultánea y deliberada, y el hecho de que la impulse el propio Gobierno Federal sobre comicios que, por tradición, administran los Estados. La asimetría es elocuente: el oficialismo cuestiona la validez de los resultados que pierde y guarda silencio sobre los que gana, de modo que la sospecha de fraude funciona como un dispositivo de un solo sentido.
Los alcances de un triunfo
Supongamos que, pese a todo, los demócratas se imponen y recuperan al menos la Cámara de Representantes; un escenario que, como he señalado, es factible. ¿Qué cambiaría? En lo inmediato, bastante. Una mayoría en una de las Cámaras les devolvería el poder de investigación, la capacidad de trabar nombramientos y presupuestos, y un freno institucional a las iniciativas más extremas del Ejecutivo, incluidas las que recaen sobre el propio proceso electoral. En un escenario de gobierno dividido, el Congreso vuelve a funcionar como espacio de veto. Para un Partido que durante dos años apenas pudo ofrecer resistencia retórica, el cambio es considerable. Una Cámara opositora podría, además, complicar cualquier maniobra orientada a condicionar la elección presidencial de 2028, lo que dota a la disputa de noviembre de una dimensión que excede el reparto inmediato de bancas.
Una mayoría en la Cámara abre, además, la puerta al juicio político. Es la Cámara de Representantes la que tiene la facultad de acusar al Presidente, y por mayoría simple, de modo que los demócratas podrían volver a someter a Trump a un impeachment, como ya ocurrió dos veces durante su primer mandato. Conviene, sin embargo, no exagerar su alcance. La acusación abre el proceso, pero la destitución se decide en el Senado y exige dos tercios de los votos, un umbral que ninguna mayoría demócrata realista podría alcanzar con los republicanos cerrando filas. El juicio político operaría así como un instrumento de desgaste y exposición pública y no como una posibilidad real de modificar quién ocupa la Casa Blanca.
De todos modos conviene medir el alcance de esta victoria legislativa de noviembre, suponiendo que ocurra. Una mayoría legislativa sirve para obstruir y para frenar a Trump. Construir una alternativa es otra tarea, y exige aquello de lo que el Partido carece. Allí reaparece la orfandad en materia de política interna que viene mostrando el Partido, una orfandad que en rigor es más general. El mismo instinto de conservación que impide al aparato demócrata renovar su doctrina internacional, atrapado entre sus bases, sus donantes y la inercia institucional, le impide formular un proyecto político que vaya más allá de la administración del descontento ajeno y del antitrumpismo. El informe que el Comité Nacional Demócrata encargó tras la derrota de 2024 esquivó los temas más incómodos y terminó certificando, por omisión, que el Partido prefiere gestionar su desconcierto antes que resolverlo. Los demócratas llegan a 2026 sin un diagnóstico compartido sobre por qué perdieron y sin un programa que vaya más allá de la antítesis de Trump. Desde hace diez años lo único que parece definir al partido es oponerse a Trump. La elección de 2020 sugiere que eso puede funcionar, aunque parece poco para construir una alternativa política duradera.
Una victoria en noviembre podría operar, paradójicamente, como un anestésico. Confirmaría que la fórmula de la oposición sistemática alcanza para ganar elecciones intermedias, y postergaría una vez más el ajuste de cuentas pendiente. El examen decisivo llegará recién en 2028, cuando por primera vez desde 1884 dos elecciones presidenciales consecutivas se disputen sin un Presidente en ejercicio en la boleta. Trump, inhabilitado por la Vigesimosegunda Enmienda pese a sus insinuaciones sobre un tercer mandato, dejará una vacante en su propio campo. Esa vacante abrirá una competencia interna que el actual ordenamiento, disciplinado en torno a su figura, todavía mantiene congelada. Del lado demócrata, la oferta es abundante y dispersa, desde gobernadores de perfil moderado hasta la izquierda movilizada, sin que ninguna corriente haya logrado imponer un relato unificador. Llegará mejor posicionado el partido que para entonces haya construido un proyecto propio, más allá del rechazo a su rival. Y nada en el comportamiento actual de la dirigencia demócrata sugiere que esté empleando este tiempo para edificarlo.
El examen pendiente
La lectura corriente celebra o teme una ola demócrata como si fuera el dato central de 2026. La lectura estructural aconseja ser más cauto en ambas direcciones. Es probable que los demócratas ganen votos, y es posible que esos votos rindan menos de lo esperado en bancas, atrapados en un sistema que diluye las mayorías y en un terreno que el oficialismo trabaja para inclinar todavía más. Y aun en el mejor de los escenarios, una victoria amplia dejaría intacta la pregunta de fondo: para qué quiere el poder un partido que aprendió a ganar sin saber qué hacer con lo que gana.
Conviene entonces juntar los hilos. Los demócratas parten con una ventaja prestada, que nace del desgaste de Trump y no de un proyecto propio; compiten en un sistema que diluye las mayorías y sobre un terreno que el oficialismo inclina a su favor, y lo hacen, además, contra un adversario que discute las reglas mientras se juega la partida. Que aun así ganen el medio término sería significativo, pero conviene no confundir los planos. Ganar en noviembre les devuelve la capacidad de obstruir durante dos años. Ganar en 2028, con la vacante que deja un Trump inhabilitado, es la única victoria que reordenaría el tablero, y para esa cita hace falta aquello que el partido todavía no construyó: una razón para gobernar que vaya más allá de frenar al otro.
Por eso la gran pregunta hoy de la política estadounidense pasa menos por la fortaleza de los demócratas que por la salud del sistema en el que compiten. Conviene precisar de qué salud hablamos. Que el sistema sea contramayoritario no lo vuelve autoritario: el Senado, el Colegio Electoral y la revisión judicial fueron concebidos para templar las mayorías y proteger a las minorías, y son tan viejos como la República. El problema es otro, y más hondo. Aparece cuando un oficialismo deja de competir bajo reglas estables y empieza a reescribirlas a su favor mientras se juega la partida. Lo que está en juego en 2026, entonces, es la integridad de la cancha, algo bastante más grave que los filtros de siempre a la voluntad popular, conocidos y asumidos. Si esas reglas resisten, será una alternancia más, ordinaria y hasta saludable; si ceden, ningún resultado en las urnas quedará del todo a salvo de la sospecha. Y el interrogante excede a Estados Unidos. Para una América Latina habituada a leerlo como modelo o como amenaza, la solidez de su democracia fue durante décadas una premisa silenciosa del orden hemisférico, y su deterioro reordenaría el tablero mucho más allá de sus fronteras. γ
*Universidad Torcuato Di Tella.
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
