El 21 de junio Colombia, por decisión reñida pero mayoritaria del 49,65 por ciento de quienes concurrieron a las urnas para elegir presidente, entró en la senda que recorre la mayoría de países de la región. La decisión revalidó lo sucedido el 31 de mayo en primera vuelta, cuando fue vencido Iván Cepeda, quien durante meses encabezó todos los sondeos de opinión y de quien, incluso, sectores de su partido difundían la idea de su elección presidencial en la primera fase de la convocatoria.
Las cifras arrojadas por las urnas dejan en vilo los cambios, pocos o muchos –alcanzados por el gobierno encabezado por Gustavo Petro– y postergan los cálculos proyectados en sectores del Pacto Histórico de mantener las riendas del gobierno por lo menos durante cuatro períodos continuos, condición indispensable, según sus valoraciones, para concretar todo el plan de reformas indispensables en el propósito de sepultar el régimen oligárquico que ha predominado en el país a lo largo de dos siglos. Es este un régimen reoxigenado en 1991 con la expedición de la Constitución Nacional aún vigente, que, a la par de brindar una amplia carta de derechos sociales, políticos, culturales y ambientales, le da vía al neoliberalismo como modelo de acumulación para cimentar la economía nacional, y con ella supuestamente brindar bienestar social y justicia plena.
La campaña electoral por la presidencia, iniciada en la práctica un año atrás, al tiempo que marca una creciente participación electoral en el país, con cerca de 26,3 millones de votos, de 41’421.973 posibles, permite ver la prolongada crisis que carga su régimen político, que seguramente se extenderá por varios años más, mientras encuentra una clase o una alianza entre ellas que enrute al país hacia un modelo social que no despierte tanta resistencia; un régimen con legitimidad ampliada. Por el momento las cifras señalan que, por mitades, la población colombiana aspira a otra senda de vida.
Vivimos una crisis que deja en el camino, sin personalidad ni capacidad de pugnar por la dirección del gobierno. a los históricos partidos liberal y conservador, así como a una variedad de siglas políticas que resumen la existencia de formaciones partidarias que se desprenden de sus entrañas. Unas y otras, con clara vocación burocrática y de control del erario; organizaciones que, pese a su desgaste por no lograr recomponerse a la luz del presente que vivimos, mantienen una indiscutible presencia territorial, producto de la cual suman mayorías en el Congreso de la República, al tiempo que controlan centenares de alcaldías y concejos municipales, así como decenas de gobernaciones y asambleas departamentales. Ahí se reflejan las contradicciones de un régimen político que permite y premia las componendas, la corrupción, el clientelismo, sin medir las consecuencias para una democracia que, más allá de lo electoral, tiene este tipo de estructuras políticas.
Igualmente, la crisis deja abiertas las contradicciones que pesan sobre el modelo económico que es necesario transformar, y que todavía no recibe un golpe de gracia ni rasguños significativos que lo descarnen y lo arrojen en carne viva al borde del camino, para que la gente se tape la nariz al cruzar junto a él. Esa realidad –política, electoral, económica, cultural, social– evidencia una faltante fundamental en medio de la disputa en curso: la ausencia de esas mayorías que acudieron a las urnas, participando en agendas de todo tipo en su vida cotidiana, tomando en sus manos el destino de su existencia, construyendo experiencias de gobierno propio, cimentando vivencias de economía comunitaria, y tejiendo en la práctica su presente y su futuro. Democracia directa, democracia radical. Por ahora se mantienen como una pieza más en el ejercicio político pero no se convierten en el motor de todo lo que significa gobierno y Estado; una realidad extendida más allá de lo dicho y dejado de expresar por los principales voceros del progresismo, en primer lugar el Presidente en funciones hasta el próximo 7 de agosto.
Tenemos, por tanto, una orfandad que contribuye a la prolongación de formas de dirigir el país y que sostienen –e incluso amplían– la voracidad del Estado. Esta realidad les da espacio a los libertarios, ahora con expresión en Colombia, para prometer eficiencia administrativa y mayor control del presupuesto nacional, al eliminar miles de puestos administrativos. así como algunos ministerios. o sumar en uno a varios, como promete quien está por recibir las riendas del país.
Esa es una medida y una ruta, pero en lo profundo de sus pretensiones aspiran a vaciar el Estado, refundarlo, sin ser claro hasta ahora cómo alcanzarán a materializar a plenitud su propósito y hacia dónde van. Tal proceder permite ver escenas de confusión y desorden en esos gobiernos, que, al tiempo que aplican austeridad en el gasto social y desmontan parte de su institucionalidad, prometen construir justicia por medio de medidas económicas ya padecidas en otros momentos de la historia del continente, cuya aplicación solo beneficia a los más ricos de la sociedad.
Esta crisis del régimen político va de la mano de la que sufre el modo de producción en toda su bastedad, y que no encuentra una contraparte que ofrezca uno alterno y con amplio respaldo social. Es en ese interregno cuando alcanzan a verse conglomerados económicos con presencia global, y grupos de ideólogos y asesores políticos que actúan afanosos en pro de redibujar el neoliberalismo. Por ahora no alcanzan a reestructurarlo, pero avanzan experimentando paquetes programáticos, midiendo la reacción social, ajustando sobre lo ajustado. La resistencia social que encuentran es mínima, es manejable.
Esa es una realidad que encuentra en América Latina un terreno expedito, tras gobiernos con sello de izquierda o progresista, vencidos en las urnas luego de años de gestión y desgaste social por falta de realizaciones que hicieran honor a sus promesas.
Resalta en esta senda El Salvador, país donde Nayib Bukele venció en febrero de 2019 al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), que gobernó al país durante diez años, con dos gobiernos consecutivos (2009/2014, 2014/2019), organización a la cual entierra en el 2024, al dejarla sin presencia en el órgano legislativo ni en los territorios municipales. Valido de argucias jurídicas, logra ser reelegido, a pesar de no estar esa posibilidad en la Constitución Nacional, y ahora, tras reformarla, la incluye como indefinida.
De esta manera, y gobernando bajo un prolongado régimen de excepción autorizado, mes tras mes, en 52 ocasiones consecutivas, por una asamblea legislativa bajo su control, ha concentrado la totalidad del poder hasta darle cuerpo a un régimen autoritario (1).
Su discurso seguritario, con persecución y encarcelamiento de decenas de miles de personas, prolongan su apoyo en una sociedad que todavía no reclama mayoritariamente por la violación de los derechos humanos que afecta a sus hijos. Su sometimiento irrestricto a los intereses de Estados Unidos evita ser visto por la comunidad internacional como un dictador en cierne. Ese discurso, de persecución y encarcelamiento de la delincuencia, real o ficticia, con un sistema penitenciario poco afín con el respeto de la dignidad humana, ahora es referente para toda la región.
En Argentina, con mayor eco global, Javier Milei, con la promesa de disminuir al máximo el Estado, acabar la corrupción, reducir el gasto social, privatizar todos los bienes públicos bajo control estatal, obtuvo catorce millones quinientos mil votos, derrotando a Sergio Massa, candidato del progresismo, sacándole más de tres millones de votos de diferencia. Ese triunfo fue logrado en una campaña adelantada con mensajes antipartido, antiestablecimiento, antiestado, sin candidatos que él apoyara al poder legislativo. Su holgado triunfo significó un duro golpe para el progresismo, a la cabeza del país durante dieciséis años, aunque no de manera continua (2). Su gestión ahonda al máximo el neoliberalismo, convirtiendo al país austral en el laboratorio de punta del desmonte y/o remodelación del Estado pretendido por los grupos de poder global ya referidos.
Debe llamar la atención que, pese a no contar con legisladores elegidos por su movimiento, pudo llevar adelante las reformas más regresivas (tanto para los trabajadores en particular como para el país en general), una prueba que era del interés de los grupos dominantes. La reforma laboral, por ejemplo, amplía la jornada laboral de 8 a 12 horas, con lo cual, en la práctica, se eliminaron las horas extras. Fue acuñado el concepto de “salario dinámico”, que le permite al patrón cambiar las remuneraciones acordadas inicialmente en el contrato de trabajo, así como no tener en cuenta cualquier tipo de “prima” para el pago de indemnizaciones y vacaciones. Estas remuneraciones, además, tendrán como fuente el denominado Fondo de Asistencia, que concentra los depósitos de la seguridad social, por lo que el monto de pensiones quedará reducido, ya que parte de lo depositado por capitalistas y trabajadores será destinado a despidos, afectando las pensiones.
En igual línea, una de las primeras leyes aprobadas por los “libertarios” argentinos fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que supuestamente busca atraer inversiones nacionales y extranjeras, en la que se estableció todo tipo de gabelas para los grandes inversionistas. Estos dispondrán libremente de su ingreso en divisas hasta un 40% el primer año y la totalidad de estas posteriormente, haciendo así que las reservas del país queden en riesgo y abra paso a la dolarización de la economía. Las importaciones de bienes de capital quedaron sin aranceles y los impuestos a las ganancias fueron reducidos en gran medida. Y, como dice el adagio popular, “cuando veas cortar la barba de tu vecino, pon las tuyas a remojar”, máxime si tenemos en cuenta que el programa del gobierno electo en Colombia es un calco total del programa diseñado para Argentina por el economista convencional Federico Sturzenegger.
En Chile, la experiencia progresista vivida entre los años 2022-2026 no logró continuidad, al ser derrotada Jeannette Jara (41%), candidata oficialista, por José Antonio Kast (58%), defensor de la dictadura de Pinochet e impulsor de una agenda ultraliberal.
Por su parte, en Bolivia, tras 20 años de gobiernos del MAS (2006-2025), con un país sumido en notable crisis económica, de hidrocarburos, y un amplio descontento social, un representante de los poderes de la tradición, Rodrigo Paz Pereira, es elegido presidente. El MAS, con escasos 169.887 votos, queda por fuera del poder institucional. La novedad de este gobierno es que, tras escasos seis meses de gestión y el intento de aplicar reformas neoliberales, quemó su legitimidad al enfrentar por 50 días una protesta indígena y obrera que paralizó el país. La negociación de la agenda económica, social y política fue la condición acordada para levantar la protesta.
Para el caso de Colombia, donde hemos vivido y padecido por décadas un modelo económico, político y de control social en extremo violento, no podemos olvidar que sus expresiones más meridianas descansan en las demenciales violaciones a los derechos humanos, con millones de víctimas. Pero no solo eso. También se expresa en la privatización de gran parte del patrimonio público, sin irrigar sus beneficios sobre la sociedad. Los indicadores de pobreza e indigencia, como de concentración de la riqueza, no dejan dudas.
Estamos ante una realidad labrada en tiempos de profundos cambios tecnológicos que han ayudado a desestructurar las tradicionales formas de dominio y control social. Grandes segmentos del cuerpo social buscan otras formas de expresión. Es así como, desde la segunda década del siglo XXI, el país empezó a vivir momentos de inocultable disputa por otro modelo económico, disputa que devino a lo político. De ese tiempo son el paro nacional agrario (2013) y las movilizaciones concitadas por la Cumbre Agraria en 2016, el paro nacional universitario (2018), la derrota de las Farc, pero, a la sombra del acuerdo de paz, la reivindicación de un cúmulo de reformas que aliviarían las difíciles condiciones de vida de quienes habitan el campo. Acuerdo archivado en sus compromisos más hondos.
Igual cosa sucedió con las actas firmadas para levantar las protestas sociales, plenas de compromisos gubernamentales. Son estas promesas, postergadas en el tiempo, lo que le agrega vapor a una olla sin válvula de escape, hasta que revienta en el 2019 y con mayor potencia en el 2021. El covid, tras el cual se marcan aún más los indicadores de pobreza, le sumó más ingredientes a esa realidad.
Gran parte de este descontento social alcanza a canalizarse en el Pacto Histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro, elegido para dirigir el gobierno nacional en el 2022. En los cuatro años en la Casa de Nariño, las medidas tomadas por su administración no alcanzaron a cuestionar en profundidad y mucho menos reconfigurar el régimen político. La disputa por su reorganización sigue en pie. Con ese legado aún en marcha, se llega a las elecciones presidenciales, en las que el progresismo no logra su propósito de continuidad al ser derrotado por un candidato similar a quienes, en sus respectivos países, dieron cuenta de los gobiernos catalogados de izquierda.
Tenemos así un resultado que le impide a Colombia –como sucedió en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador– tener la oportunidad de repetir en forma continua el ensayo de las políticas progresistas. Acompañado en este destino tan solo por Paraguay, otro país de cerril estructura política conservadora. El resultado deja ver una resistencia enorme de quienes controlan las fibras profundas del poder, incluso ante pequeñas variaciones en el statu quo, en una muestra de que la correlación de fuerzas en las contradicciones de las clases sociales son, entre nosotros, juegos de suma cero. Ya sea en el imaginario o en la realidad de una sociedad con procesos estrechos de acumulación, cualquier mejora de las condiciones de los trabajadores es vista por el establecimiento como una amenaza al orden social. La violencia, como mecanismo de centralización y concentración de los recursos, en lo esencial de la tierra, es prueba de ese bucle económico que se forma entre pauperización extrema del trabajo y riqueza acumulada, que ha dado lugar al éxito de la política como efecto del triunfo de la coerción y la pólvora.
Los resultados concuerdan a plenitud con los intereses de Estados Unidos, potencia que ve en Colombia un territorio excepcional por variedad de cualidades, entre ellas compartir fronteras con múltiples países, entre ellos con Venezuela y Brasil, constituidos ambos en los puntos más candentes para el país del Norte (además de México), esenciales en las políticas de seguridad imperial, pues en el primero queda pendiente la transición formal hacia el dominio político de la clase tradicional, sin ser claro todavía qué tan pacífica pueda ser la entrega de los resortes del gobierno –después del país quedar bajo tutela USA– luego de 27 años de chavismo. El segundo, el más grande tanto en dimensión geográfica como económica, es parte activa de los Brics y es el mayor socio comercial de China en nuestra región, doble factor que renueva la importancia de Colombia como espacio de interés para el control de los efectos que el hegemón considere perjudiciales para sus políticas de control territorial, en tanto nuestro país es valorado como ideal nodo logístico de operaciones militares de vigilancia y dominio sobe el subcontinente.
Sumiso ante esta realidad, dice quien tomará posesión el 7 de agosto que “los colombianos han votado por un nuevo estilo, un nuevo modelo, un nuevo orden, y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno”.
El estilo, claramente, será el espectáculo: un ‘artista’/presidente que tomará medidas, dictará decretos, expedirá resoluciones, valido de las mejores técnicas de comunicación y control social en boga. El modelo, como en Argentina y otros países de la región, buscará en todo momento la reducción del Estado, y, hasta donde sea posible, su propia reconfiguración. El orden interno estará favorecido por tecnologías de última generación a cargo de quien dirige el Escudo de las Américas y su brazo en Oriente Medio, país que ya sabe del restablecimiento de relaciones una vez pase el 7 de agosto, con lo cual promete golpes espectaculares, que no lograrán torcer el curso del conflicto armado pero sí grandes titulares de prensa y el aplauso de una sociedad al parecer embebida con un discurso que asegura que los grupos armados están avanzando de manera descomunal y tienen en riesgo no solo la seguridad cotidiana en infinidad de municipios sino, además, la estabilidad misma de la nación.
Para iniciar su mandato, una amenaza que no deja dudas sobre lo anotado: (quienes están al margen de la ley disponen, indicó el recién elegido presidente, de un mes) “para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin” (3).
Parodiando a un expresidente que le abrió el país al neoliberalismo, “bienvenidos al pasado”.
1. Diputados consolidan cuatro años del régimen de excepción con nueva prórroga de la medida. https://www.asamblea.gob.sv/node/13897.
2. Los gobiernos progresistas se sucedieron así: Néstor Carlos Kirchner, 2003/2007, Cristina Fernández de Kirchner, 2007/2010 – 2011/1015, Alberto Fernández, 2019/20233.
3. Palabras de Abelardo de la Espriella el 25 de junio tras recibir de parte del Consejo Nacional Electoral su credencial como Presidente elegido para dirigir Colombia en el período 2026-2030. https://amp.asuntoslegales.
