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Megaminería en Ecuador: pocos avances y multiplicación de conflictos

Megaminería en Ecuador: pocos avances y multiplicación de conflictos

 La minería, de ser rechazada en Ecuador por consideraciones ambientales, territoriales, humanas, sociales y políticas, pasó a ser ensalzada como la panacea para el presente de su economía y el futuro. Aquí, los giros y las contradicciones de esta política.

La actividad minera en el Ecuador no es de ahora. En tiempos recientes toma aliento en los años 80 del siglo anterior, fruto de las presiones y orientaciones del Consenso de Washington en América Latina y del Banco Mundial como herramienta estratégica para dicha operación.

Presiones efectivas. Durante las dos últimas décadas del siglo XX el país asistió a una espiral especulativa en materia de concesiones mineras que desembocó en que 5.629.751 hectáreas del territorio nacional –el 20 por ciento del país– terminara concesionado, pero que de estas solo el 7 por ciento correspondieran a concesiones mineras activas. Zonas indígenas, reservas naturales, tierras agrícolas, páramos, fuentes de agua e inclusive áreas urbanas, formaron parte del territorio concesionado a la minería,  93 por ciento del cual fue objeto del mercado especulativo minero.

Unos años después, en la primera etapa del gobierno Correa e inmersos ya en el proceso constituyente de Montecristi, el 18 de abril de 2008 fue expedido el Mandato Constitucional Minero, sustentando que el marco jurídico vigente era insuficiente y escasamente respetado en lo referente a la protección del ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Con esta normativa pretendían ordenar la caótica situación reinante en el sector minero nacional (ver recuadro).

Más allá de las buenas intenciones de los entonces asambleístas constituyentes, la realidad de la acción política del gobierno nacional devino en notables incumplimientos al respecto. Ni revirtieron todas las concesiones al Estado, ni se cumplió con la extinción del conjunto de concesiones mineras requeridas, entre ellas las que estaban en manos de exfuncionarios gubernamentales.

El 12 de enero del 2009 el gobierno del presidente Correa procedía con la rápida aprobación de una nueva Ley de Minería (1), proceso que conllevó la ruptura política entre el oficialismo verdeflex y el movimiento social más importante del país, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie), que consideró que con la aprobación de esta ley violaban el derecho a la consulta previa pre-legislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas; el principio de división y jerarquía de las leyes, al tener ésta visos de inconstitucionalidad y carecer de lineamientos respecto al mandato minero; se procedía con la violación del derecho a los territorios indígenas; además de violentar el principio de excepcionalidad de la actividad privada en sectores estratégicos.

En su Informe a la Nación del 15 de enero de 2009 el presidente Correa expresaría la siguiente cita memorable: “No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigo en el saco de oro”.

A pesar de las violaciones sobre el mandato constitucional que la Ley de Minería conllevó, no puede obviarse que este marco normativo supuso determinados alcances superadores del viejo sistema implementado durante el modelo neoliberal, especialmente en lo atinente con el pago de regalías por parte de las empresas concesionarias, dineros destinados a proyectos de desarrollo local a través de los gobiernos seccionales. Sin embargo, el 13 de junio de 2013, fruto de la presión de las transnacionales mineras y apenas unos días después de que Kinross Gold Corporation anunciara su salida del país con el abandono del proyecto minero Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe, el gobierno procedía a reformar la Ley de Minería (2)

 con el fin de reimpulsar una fracasada inversión extranjera en este sector.

Influencia minera canadiense

En Toronto está ubicada la bolsa minera más grande del mundo, en la que actualmente tienen registro 3.827 compañías, de las cuales 1.673 son senior y junior. De estas, 491 empresas canadienses operan en América Latina, levantando en el año 2012 aproximadamente U$D 1.900 millones de capital accionario en el subcontinente.

Con estos antecedentes, sobra indicar que el origen de la inversión minera en Ecuador proviene en su mayoría de empresas canadienses, las cuales gozan del sostenido apoyo de su gobierno tanto a nivel fiscal, como político, financiero e incluso diplomático (3).

En este sentido, cabe referenciar que en las semanas posteriores a la aprobación del Mandato Constituyente Minero, tanto las empresas como la diplomacia canadiense buscaron incidir en la política interna ecuatoriana, forzando diversas reuniones con el presidente Rafael Correa. El propio Ian Harris, exvicepresidente de la compañía Corriente Resources, con operaciones extractivas en el mega-diverso y ambientalmente muy sensible territorio de la Cordillera del Cóndor, reconocería públicamente que “la embajada canadiense en Ecuador trabajó sin descanso para incidir en los cambios en la política minera ecuatoriana” (4). De igual manera, Benjamin Little, ejecutivo de la compañía Iamgold –entonces concesionaria del proyecto aurífero Quimsacocha en la provincia del Azuay–, declararía públicamente que “el gobierno canadiense está más comprometido con Sudamérica que con África, especialmente en la región andina” (5).

En resumen, la complicidad entre gobierno y transnacionales mineras canadienses es tan grande que permite un marco ampliado de impunidad para que estas compañías mantengan, con escaso pudor, una fuerte campaña de comunicación global por la cual se referencian como ejemplo de empresas con reputación corporativa responsable respecto a sus actividades extractivas.

Nueva dependencia respecto a China

En China, al igual que en el resto del planeta, la minería le pertenece al Estado, aunque estratégicamente se impulsan las inversiones de sus mismas empresas hacia otros países, con el fin de aprovechar recursos y mercados externos.

En la actualidad, la mayoría de las empresas major interesadas en los proyectos extractivos de las junior canadienses en Ecuador son de origen chino. A través de la compra por parte del consorcio chino Crcc-Tongguan (conformado por las empresas Tongling y China Railways) de la compañía canadiense Ecuacorriente Resources, los asiáticos asumieron el control de los proyectos cupríferos Mirador –ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe– y Panantza San Carlos –provincia de Morona Santiago–, ambos en fase su final de exploración. Adicionalmente, la empresa minera china Junefield adquirió a mediados del pasado año el proyecto de oro río Blanco en la provincia del Azuay. Estos mega emprendimientos mineros, sumados a los proyectos en manos de INV Metals de Suecia y Lundin de Canadá conforman en la actualidad el escaso bagaje de los emprendimientos “estrella” del sector minero ecuatoriano. Según el recientemente conformado Ministerio de Minería, se espera la inversión de al menos 400 millones de dólares durante el presente año para la fase de puesta en marcha de la producción extractiva de minerales en dichos proyectos.

Tras el último viaje a China del presidente Correa y su séquito ministerial, las empresas mineras Jinxing, South American Iron and Steel y Poly Metals, todas de procedencia del gigante oriental, han manifestado interés por nuevos proyectos mineros de cobre y hierro en distintas zonas del Ecuador.

Como puede verse, las empresas chinas carecen de reparos a la hora de asociarse con empresas nacionales para la explotación de proyectos mineros fuera de sus fronteras. Por diferentes partes de América Latina pueden verse las alianzas estratégicas entre empresas chinas y mineras estatales latinoamericanas, valga como ejemplo la asociación entre Minmetals y Codelco en Chile, así como la multiplicación de convenios entre empresas mineras canadienses y chinas para la intensificación de las relaciones comerciales y empresariales entre ambos países. Según el que fuera ministro canadiense de Comercio Internacional en el período 2008-2010, el conservador Stockwell Day, esta relación comercial tiene un potencial “casi ilimitado”(6). De igual manera, el CEO de la canadiense Quadra Mining LTD, Paul Blythe, llegaría a decir al respecto de una importante inversión hecha en América Latina por la State Grid Corp of China: “nosotros traemos la experticia, ellos ponen el dinero sobre la mesa” (7).

Un especulativo futuro prometedor con alto costo ambiental

 Si bien hasta ahora la importancia económica de la minería en el Ecuador ha sido marginal, con el arranque de la minería metálica a gran escala por parte del actual gobierno, la proyección es que produzca un aporte de entre el 4 y el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto (Pib), pretendiendo generar en los próximos veinte años unos 10.000 nuevos puestos de empleo y una inversión cercana a los U$D 37.000 millones, según indica el Plan Nacional de Desarrollo Minero ecuatoriano.

En función de que Ecuador ya habría alcanzado el pico petrolero según la teoría de Hubbert, el gobierno incrementa su apuesta por la extracción de minerales metálicos, pretendiendo paliar la futura disminución de ingresos petroleros con la actividad minera. Al respecto, las estimaciones de metales presentes en los yacimientos ecuatorianos más importantes se elevan a 250.000 millones de dólares –según datos de la Cámara de Minería del Ecuador–, cuyo monto proviene en lo fundamental de los supuestos existentes en reservas de oro y cobre. Sin embargo, cabe señalar que estas cifras están sustentadas a partir de información proporcionada por empresas transnacionales que desarrollaron sondeos sobre territorio ecuatoriano, las cuales son propensas a engordar sus datos con el fin de atraer accionistas y otros mecanismos de inversión hacia sus proyectos de explotación.

Esta ambigüedad, forma parte del juego en la Bolsa de Valores del mercado minero, en la cual se desarrolla una fuerte especulación respecto a la compra y venta de acciones de este tipo de empresas, motivo por el cual es muy difícil tener una estimación real del mineral existente en el subsuelo.

Además, tomando en cuenta solo el proyecto de cobre Mirador y con base en los datos del informe “Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Ampiatorio” (8), dicho yacimiento generará como mínimo 326 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 405 años de producción de basura en las circunstancias actuales de la zona urbana de Guayaquil (la primera ciudad en número de población del Ecuador), y cuyos costos de remediación están escasamente contemplados.

El impacto que tal desplazamiento de rocas conlleva para el entorno ambiental es difícil de predecir, especialmente en todo lo referente a contaminación de aguas, riesgos de accidentes y otras perturbaciones físicas y químicas para el entorno. Volviendo al estudio referido, en la Cordillera del Cóndor –uno de los límites amazónicos entre Ecuador y Perú– no existen datos hidrometeorológicos, a pesar de que por su pluviosidad abundante, estos son indispensables para desarrollar estimaciones mínimamente aceptables.

En todo caso, la apuesta del gobierno ecuatoriano por superar la dependencia extractivista con más extractivismo y de caminar hacia un modelo de desarrollo postextractivista aumentando los niveles de explotación sobre sus recursos naturales, siembra muchas dudas a la par que alguna irónica mueca. Lo normal en estos casos es que con el desarrollo de la megamineria se profundice la modalidad de acumulación extractivista ya existente en el país, históricamente causante del subdesarrollo nacional y de su actual dependencia respecto a los mercados globales de commodities.

Minería y criminalización de la protesta social

Según la información recopilada en el “Mapa de criminalización por oposición a la actividad minera del Ocmal (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)” (9), durante los últimos años es notable el incremento de la criminalización de la protesta en zonas de proyectos mega-mineros.

La información recogida por el Observatorio cuantifica procesos desarrollados entre noviembre del 2003 y enero del 2014, clasificando la información en cuatro tipo de categorías: amenazas, atentados/asesinatos, judicialización y uso de la fuerza. El caso ecuatoriano registra reportes en todas las clasificaciones, siendo la judicialización el ámbito que más casos incorpora, al reportarse un extenso número de expedientes contra dirigentes comunitarios que lideraron el rechazo a la minería en sus correspondientes comunidades y territorios en resistencia.

Según el observatorio, la protesta social de estas comunidades o colectivos humanos coloca en riesgo las inversiones millonarias realizadas o proyectadas para los territorios en conflicto, motivo por el cual el Estado entiende de manera cada vez más acentuada que dichas manifestaciones son una actividad peligrosa, subversiva e incluso hasta de índole terrorista, que pone en riesgo las inversiones extranjeras pendientes de recibirse por el país.

Sin embargo, hasta el momento las acciones de control social emprendidas por el gobierno no neutralizan los niveles de rechazo que el extractivismo minero encuentra en los territorios afectados. Es más, al analizar los datos registrados en las elecciones seccionales de febrero del 2014, puede comprobarse que en los territorios en conflicto el voto del electorado optó por las posiciones políticas más críticas y cuestionadoras de la acciones gubernamentales de carácter neoextractivistas.

En estas condiciones, cabe rememorar una frase del académico catalán Joan Martínez Alier, considerado por muchos como padre de la economía ecológica, cuando indicaba ante una pregunta realizada por un periodista afín: “no sé si hay un ecologismo infantil pero si creo que hay un desarrollismo senil” (10). 

 

 


Propósitos del Mandato Constitucional Minero

Fueron establecidas varias medidas, entre las cuales destacan: el cese de todas las concesiones que no cumpliesen con las obligaciones establecidas en la ley respecto a inversiones y pago de patentes; la eliminación de las actividades mineras en territorios protegidos, zonas de amortiguamiento, o aquellas que  afecten a nacimientos y fuentes de agua; eliminación de concesiones que en número mayor de tres hubieran sido otorgadas a una sola persona natural o a su cónyuge, o a personas jurídicas y sus empresas vinculadas; en el caso de la pequeña minería, minería artesanal y de subsistencia, se estableció que ninguna persona natural o jurídica pudiese poseer títulos mineros de manera individual o en conjunto, que excedan las 150 hectáreas o exploten más de 150 toneladas al día; por razón de privilegios obtenidos por ocupación de cargos públicos, se declaró la extinción de concesiones mineras de los funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Minas y Petróleos, así como de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; se estableció también la moratoria de nuevas concesiones hasta la entrada en vigor de la Constitución –en aquel entonces en elaboración– y de una nueva legislación minera; así como la creación de la empresa nacional minera –Enami– y la prohibición de los monopolios en el sector*. 

* Mandato Constituyente No. 6: Mandato Minero http://www.recursosnaturales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf

 

 

 

1   Ley de Minería, Registro Oficial, Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado, año III-Quito, jueves 29 de enero de 2009- número 517.

2   Ver artículo “Reforma a Ley Minera fue aprobada” en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101520981/-1/Reforma_a_Ley_Minera_fue_aprobada.html#.VOyV2bOG_r8

3   Alain Deneault y William Sacher, Imperial Canada Inc. , Talonbooks, Vancouver, 2010.

4   Jennifer Morre y Teresa Velásquez, “Sovereignty negotiated: anti-mining movements, the state, and multinational mining companies under Correa’s 21 st Century Socialism”, en: Social Conflict, Economic Development and Extractive Industries: Evidence from South America, A. Bebbington (ed). London, Routledge.

5   Ian Harris, Ecuador Mineral’s Crossroads, Canada’s commitment?, FocalPoint, Canada’s sporlight on the Americas, junio de 2008, Vol. 7, num. 5, Fundación canadiense para las Américas.

6   Alan Campbell, Le potentiel pour le commerce Canada-Chine “quasi illimité”, Xinhua, 24 de diciembre de 2009.

7   Declaraciones recogidas en el libro “La minería a gran escasa en Ecuador” de William Sacher y Alberto Acosta. Editorial Abya Yala. Quito, 2012.

8   Revisión crítica parcial del “Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de Beneficio del Proyecto Minero de Cobre Mirador” de la empresa Ecuacorriente, Ecuador. http://servindi.org/pdf/eia_mirador.pdf

9   http://criminalizacion.conflictosmineros.net/

10  Le Monde diplomatique, edición Bolivia 12/2008: entrevista de Marc Saint-Upéry a Joan Martínez Alier.

 


* Director de la Fundación Aldhea y miembro del equipo de redacción del periódico español Diagonal

 

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