Está en peligro la vida humana en el planeta por el deterioro de las actuales condiciones climáticas y ambientales1/2. Hemos ocasionado la extinción de muchas especies, contaminando gravemente las aguas, esterilizando los suelos y alterando el funcionamiento de los sistemas terrestres y marinos.
Varios siglos de intensa explotación de la naturaleza en función del crecimiento económico, la industrialización y la acumulación de capital, con el modelo de vida, de producción y de consumo predominante en la actualidad3, han conducido a una crisis socioambiental de tales magnitudes que hoy puede hablarse de una crisis civilizatoria).
Esta crisis se caracteriza por múltiples dimensiones que tienen un denominador común: la sobreacumulación de capital a escala planetaria; las lógicas destructivas en las condiciones de producción y reproducción4, no solamente, agudizan las intolerables inequidades sociales de la población mundial y amenazan la sobrevivencia humana, sino que atentan contra la vida misma del planeta tierra.
La crisis climática actual es una de las principales evidencias del desmoronamiento de la vida planetaria, causada por el calentamiento global por el efecto invernadero. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Ipcc)5 mide las emisiones netas globales anuales de Gases Efecto Invernadero –GEI– producidas por la humanidad, que han producido el calentamiento global en periodos comparativos de décadas de 1990 a 2019 con un horizonte temporal de 100 años, muestra la tasa de crecimiento anual promedio agregado entre estas décadas, análisis que concluyen que las emisiones presentan rápido crecimiento.
Los resultados de este monitoreo son explícitos: Norteamérica, Europa, oriente de Asia, son los mayores productores de emisiones de gases de efecto invernadero; Latinoamérica es, proporcionalmente, la región más afectada en emisión de gas carbónico neto por el cambio del uso de la tierra y silvicultura, seguida del Sur de Asia. Las emisiones han ido creciendo y marcando récords. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –Pnuma–, identificó que en el 2022 estas emisiones alcanzaron 57,4 Gt de CO2e, su valor máximo hasta la fecha, y la tendencia es creciente. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Ipcc) de Naciones Unidas ha planteado que para mantener el clima en una zona segura, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse para el 2030 un 43 por ciento respecto a las del 2019.
El último medio siglo ha supuesto el mayor coste de deforestación de la historia de la humanidad, arrasando un 15 por ciento de la superficie mundial de vegetación, equivalente al territorio de España, Portugal y Francia. Tan solo en la última década, la deforestación arrasó 43 millones de hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y selvas de forma masiva y causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30 por ciento de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año. España provoca la deforestación de 32.900 hectáreas de selva cada año y la Unión Europea es responsable del 16 por ciento de la deforestación tropical. La agroindustria y el extractivismo por parte de multinacionales europeas y norteamericanas son responsables de la desforestación mundial. La deforestación del Amazonas alcanzó niveles históricos debido al consumo de carne.
La causa principal de este aumento de la explotación de los bosques se encuentra en el incremento del consumo de carne a nivel mundial, que conlleva una expansión de la ganadería extensiva, con el consecuente aumento de cultivo de soja y pastos6. La deforestación está llevando a la extinción de múltiples especies de fauna y flora, propiciando grandes inundaciones y también amplias zonas erosionadas. Paralelo a la tala de árboles, desaparecen una serie de contribuciones que estos hacen al planeta, como proteger la capa vegetal del suelo, aportar al ciclo del agua y la captura gas carbónico. Según estudios en biodiversidad y cambio climático, hay una estimación de extinción entre el 80 o 90 por ciento de especies, cuyo total en el planeta está entre 10 y 15 millones, esta pérdida se dará en concentración en zonas de Mesoamérica y la Amazonía, así como en el Sudeste Asiático y en África ecuatorial.
Esta lógica extractivista ha establecido mecanismos para la dominación global de explotación de recursos no renovables de exportación, con sobredimensionada acumulación de capital, generando procesos de producción muy especializados y permanentes a gran escala. Esto es lo que ha generado control sobre grandes extensiones de territorios, agua y semillas y, más recientemente, recursos genéticos y biología artificial7 Es reconocido que el acaparamiento de tierras ha sido la forma principal para implementar procesos de producción altamente lucrativos de bajo costo en lógica de monocultivo, con fuerte control territorial. Esta es la historia del neocolonialismo en América Latina, África y Asia.
Mundialmente la violación de los derechos de la naturaleza es responsabilidad de la megaminería y la agroindustria. Distintas señales de alarma científica que evidencian el calentamiento climático, en la actualidad se publican y divulgan, mientras que líderes capitalistas posicionan narrativas negacionistas de esta grave crisis, interponiéndose a medidas de mitigación del daño climático. Se ha impuesto una filosofía antropocéntrica, con la cual las grandes corporaciones multinacionales han instalado, con aquiescencia de gobiernos, políticas económicas extractivistas como soporte material de su expansión económica. Realzan también su matriz energética desmedida, su lógica del desperdicio con obsolescencia programada, sus aplicaciones destructivas de la tecnología y su multiplicación de relaciones desiguales8.
Rol de las Conferencias de las Partes –COP– de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
La COP es la Cumbre anual que realiza Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). La COP fue adoptada durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, ratificada por 196 países, que constituyen las «Partes». Es una convención universal de principios que reconoce la existencia de un cambio climático debido a la actividad humana y atribuye a los países industrializados la responsabilidad principal para luchar contra este fenómeno. Se realizan anualmente y en estas sesiones se toman decisiones por consenso de las Partes, en relación a una agenda que debe acordarse y aprobar por las mismas.
En estas COP se han establecido la estrategia Global de: (a) la adopción de una Convención, (b) la creación de un panel intergubernamental, que se convertirá en las COP (c) un sistema de monitoreo global que detectará peligros y movilizará la acción, y (d) la introducción de la conservación de la Biodiversidad en los planes nacionales.
Hay dos COP que han establecido acuerdos mundiales con objetivos concretos de reducción de emisiones: 1) COP3, 1997: Protocolo de Kioto que acordó el objetivo de reducir en 5 por ciento las emisiones de los países.; y b) COP21, 2015: Acuerdo de París que estableció disminuir la temperatura a nivel global a no más de 2°C al 2100, a través de responsabilidades comunes pero diferenciadas de las Partes. El Acuerdo de París entró en vigor en2020. Sin embargo desde el inicio de las COP, aún no se ha logrado alcanzar el objetivo de la Cmnucc, que es estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
En las 25 COP realizadas se evidencia científicamente y se reconoce que Colombia, México, Brasil, Ecuador, Costa de Marfil, Madagascar, India y China, son países con mayor biodiversidad en el mundo, e igualmente son los más amenazados por la extinción de las especies, por ello se ha planteado que deben ser parte del paradigma global de la conservación en el planeta. La Amazonía de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Perú y Bolivia, representa el 50 por ciento del área de mayor biodiversidad del planeta, y alberga el 16 por ciento del agua del mundo, con 7.8 millones de kilómetros cuadrados de bosques húmedos tropicales.
A pesar de las contundentes evidencias y estudios diversos de las causas profundas de esta crisis climática, las COP no muestran avances con reales desarrollos de política pública de transformación de la matriz de desarrollo que devasta y depreda la naturaleza en clave de la acumulación de capital. Se reconoce social y científicamente la necesidad de una reducción drástica de los combustibles fósiles, y la transformación del sistema productivo que tiene de saldo gases efecto invernadero para combatir el cambio climático. Esto no se logra con la libre voluntad del mercado, se requieren políticas públicas de Estado comprometidas seria y éticamente con la crisis climática.
Después de 30 años de realización de estas COP, sin logros efectivos con la necesidad de Cambio Climático, los movimientos sociales y populares mundiales en ambiente y derechos de la naturaleza afirman que estas convenciones se han convertido en vocería del mito del capitalismo ecológico, así mismo afirman que los gobiernos de las parte de estas convenciones hacen discursos rutilantes, pero las medidas en términos de política públicas comprometidas, coherentes y concretas con el cambio climático no se dan.
Con la promesa de mantener el clima en una zona segura, y reducir en un 43 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la situación del año 2019, en las COP los gobiernos de los países que más emisiones producen (Europea, EE.UU., China, etc), entre el 2019 y el 2021 multiplicaron las promesas de reducción de emisiones para el año 2030. Pero una cosa son las declaraciones y otra muy distinta las medidas y compromisos concretos que conducen a su reducción efectiva, porque con la tendencia evidente en estos último 30 años las emisiones en el 2030 solo habrán disminuido un 2 por ciento respecto a las del 2019. Muy lejos del 43 por ciento necesario. Y las causas se han estudiado y se conocen amplia y profundamente.
Los compromisos de estas COP se han ido diluyendo en la realidad práctica de los gobiernos y las regiones, evidente en el débil compromiso de reducir el uso del carbón, pero, tras el inicio de la guerra en Ucrania, todos los gobiernos, incluidos los europeos, lo olvidaron. Cabe resaltar que las dos guerras –la de Rusia en Ucrania y la de Israel en Gaza– que dividen aún más a los gobiernos en el mundo, permiten recordar que los ejércitos son responsables del 5,5 por ciento de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global, según estima un estudio de la Organización Británica Científicos por la Responsabilidad Global.
Es una realidad que evidencia que no se asumen reales medidas gubernamentales para reducir este consumo y, contrario a ello los subsidios a los combustibles fósiles siguen creciendo en todo el mundo, duplicados: según el informe del FMI de agosto del 2023, pasaron de 500.000 millones de dólares en el 2021 a 1,3 billones en el 2022. Desde el Acuerdo de París, estos subsidios han pasado de 4,2 billones de dólares (en el 2015) a 7 billones en el 2022. En el mismo sentido, tampoco se toman medidas de los impactos de los combustibles fósiles en el calentamiento global y la contaminación atmosférica que nadie les obliga a pagar. El científico estadounidense James Hansen, quien analiza desde los años 70 los cambios en el clima de la Tierra, afirma que la clave para que se frene el calentamiento global está en poner impuestos a los gases efecto invernadero.
No sorprende, por tanto, que las COP anuales pasen de agache sobre los compromisos que acuerdan. Es así como las definiciones en estas tres últimas décadas no permiten que los países más afectados por el cambio climático –y más pobres– demanden por “daños y perjuicios”. Por el contrario, lo sucedido es el aprovechamiento de los países responsables y productores de gases negándole a la población afectada su derecho a la precaución, restitución y compensación de daños, dejándolos a merced de los impactos del cambio climático. Si bien hay puntos importantes definidos en estas COP en la dirección correcta, los mismos no ofrecen ninguna seguridad real para los países pobres en cómo será distribuida la ayuda financiera de compensación de daños, protección de territorios, etcétera, ni cuándo será distribuida y cuánto estará disponible para transformación.
En la actualidad se afirma que hay una coaptación de la agenda de las COP por los intereses de actores económicos y de industria que producen la crisis climática, sin lograr avances efectivos de los gobiernos y los Estados hacia una transición justa, precisando quiénes financiarán esa transición en los países de ingreso bajo y medio, considerando la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de financiamiento climático por parte de los países ricos, responsables de la histórica deuda climática y ecológica.
Es necesario recordar que desde su comienzo la COP plantea conciliar intereses de los países del norte global, en especial de Estados Unidos, que además nunca ratificará la Convención de la Biodiversidad (CDB), pero financia las COP, para asegurar el acceso a los recursos genéticos en los países del sur y proponer un régimen de distribución, con falsa distribución equitativa de beneficios.
Como parte de esas mismas contradicciones brilla con luz propia la COP28, al tener como país anfitrión y presidiendo las negociaciones climáticas, a uno de los principales productores de petróleo del mundo, Emiratos Árabes Unidos, lo cual puso en tela de juicio todo lo negociado durante esta cumbre. De ahí las críticas a una COP capturada por la industria de los combustibles fósiles, comenzando por la designación del Sultán al-Jaber, CEO de la empresa petrolera de Abu Dabi como presidente de la misma, quien utilizó reuniones de coordinación para realizar negocios petroleros y facilitó la participación de 2.500 representantes de industria de combustibles fósiles, quienes realizaban un permanente lobby a favor de sus intereses, realidad denunciada, en su momento por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y social –Latindadd– y otras 115 organizaciones de la llamada sociedad civil. Se ha vuelto tradición que en estas convenciones participen con amplia maniobra multitudes de empresarios y representantes del sector financiero, principalmente del norte global, que van a realizar negocios y a teñir de verde su imagen. Toda esta influencia se vio reflejada en la declaración, en cuyo texto no quedó reflejado el compromiso de la “eliminación gradual de combustibles fósiles”.
Es importante reconocer que el único país de América Latina y el Caribe que dio un gran ejemplo fue Colombia, que se sumó al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, junto a otros tres países de Oceanía que también anunciaron su adhesión durante la COP28, comprometiéndose a renunciar a su dependencia de los combustibles fósiles y a apostar por una transición hacia nuevas fuentes de energía.
En estas circunstancias, se han venido a menos estas Convenciones, si bien en varias de ellas se firmó o ratificó proteger la naturaleza en riesgo como “herencia de la humanidad”, a la vez que se hacen propósitos de reconocer el peligro de extinción que vive la biodiversidad, los humedales, etcétera, y se hace el compromiso de salvar el planeta para las generaciones futuras.
Es un desprestigio que gana espacio a pesar de la gestación de una nueva eco-gubernamentalidad a nombre del futuro de la salud y la alimentación planetaria, traducido ello en la proliferación de centros, redes, fondos, con soporte en científicos de Europa y Estados Unidos, actuando con robustos recursos económicos provenientes de la industria del entretenimiento, y del sector privado e industrial ahora denominada industria verde, creando una lógica de nueva era de expediciones botánicas para cooptar especies, pero además dando lugar con gran incidencia en los gobiernos y las políticas públicas para su complicidad en la lógica del mercado global de la naturaleza, asociado a un modelo transaccional de acceso comercial entre empresas extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, y comunidades locales, de recursos genéticos, plantas, animales y conocimientos tradicionales originarios. Es así como se ha venido instalando en los Estados una serie de normas en materia de biodiversidad y propiedad intelectual en clave de dar paso a reglamentaciones nacionales de tratados de libre comercio en esta materia.
Es imposible ocultarlo. Desde la COP de 1992 se estableció una práctica del poder y la creciente influencia de las grandes organizaciones no gubernamentales, como del empresariado y sector financiero, influencia que se consolida por encima de los gobiernos, al punto de imponer sus funcionarios ambientales y del sector de la biodiversidad en administraciones públicas, los mismos que luego pasan al sector privado y de este regresan al público.
De igual manera se va dando una lógica de distribuir beneficios verdes entre capital y naturaleza protegida, que debe ser gestionado por los Estados como bien público, realmente dominado con reglas mercantiles, un mercado global de la naturaleza, y una supuesta distribución de beneficios entre quienes producen el daño y quienes asumen las consecuencias del cambio climático. Prima un modelo transaccional comercial entre empresariado, extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, con los territorios supuestamente protegidos sometidos a extracción de recursos genéticos, plantas, animales y conocimientos tradicionales asociados, considerados vitales para la humanidad en sus diferentes manifestaciones y escalas.
En las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio de la Diversidad Biológica o Biodiversidad, los representantes de la industria agroalimentaria y farmacéutica, los bancos y empresas extractivas, así como las delegaciones de los países del norte y las grandes ONG ambientales globales, financiadas por la industria privada trasnacional, van a dominar el escenario de la negociación, abogando por sus agendas en torno a la defensa de la propiedad intelectual de sus empresas sobre la Biodiversidad de los países del sur.
Como parte de esa dinámica, el ambientalismo global o la ecología de mercado, con sus satélites nacionales, van a desarrollar un poderoso lobby como mediadores entre Estados, empresas y comunidades locales, como agentes decodificadores y transmisores de lenguajes e imágenes del encuentro del pacto entre comunidades autóctonas y científicos, acordes con una visión del mundo de la Biodiversidad, construido por una comunidad seudocientífica planificadora del mundo, para aquellos que vivimos en el mundo “salvaje” de la Biodiversidad.
De su mano se dan grandes avanzadas hacia la comercialización de la naturaleza, denominada bionegocios, la nueva era de la globalización de la naturaleza y de la moda naturista en el primer mundo, sacando del juego, voz y de las Partes de estas COP a los sistemas agroproductivos propios de los países del sur, la diversidad en semillas y conocimientos de las economías campesinas, pueblos étnicos y comunidades locales. Es así como se hacen acuerdos a sus espaldas, haciendo desconociendo el pensamiento y conocimiento ancestral, así como lo relacionado con el uso de plantas medicinales y la alimentación en las áreas boscosas, andinas, de páramo o de sabana, costeras y marinas.
En sus tres décadas de existencia, las COP de la biodiversidad han sido escenario para el norte global, su empresario y sistema financiero para legitimar y asegurar el libre acceso a los recursos genéticos y biológicos en sus diversos niveles, incluyendo ahora las áreas marinas, así como la defensa de la propiedad intelectual que pueda reconocerse a través de patentes a la industria biotecnológica en ascenso, y a la industria farmacéutica y agroalimentaria de estos mismos países.
El llamado a la acción
La organización profesional para ingenieros y otros profesionales en campos relacionados con la energía, Energy Institute, afirma que el consumo de energía mundial se comporta en por cientos así: petróleo aporta el 31,6, carbón, 26,7, gas, 23,5, hidroeléctrica, 6,7%, nuclear 4,0 y, finalmente, las renovables junto con los agrocombustibles 7,5%, pero, si solo se tiene en cuenta las renovables solar y eólica, su porcentaje es el 2,5. Por ello, desde los movimientos sociales y la academia consciente se afirma que en la emergencia climática debe avanzarse en tres cosas imprescindibles: a) Un gran desarrollo de las renovables; b) Mejorar la eficiencia energética para ahorrar energía; y c) Electrificar (la calefacción, el transporte –volcándolo sobre el ferrocarril–, la industria, electrificar todo lo que se pueda). Así mismo se requiere una profunda transformación del sistema productivo y de consumo: la realidad de la economía capitalista, tal y como realmente funciona, obliga a, para mantener un crecimiento económico constante, no parar la lógica de producción efecto invernadero, por lo cual no brinda posibilidad a la transición energética, ni permite afrontar la emergencia climática. Pero, además, debe reconocerse que así se tripliquen las energías renovables, no será suficiente para reducir el consumo de combustibles fósiles, si continúa incrementándose el gasto energético en el mundo.
Se requiere, por tanto, una profunda transformación del sistema productivo y de consumo. Tenemos que cambiar lo que producimos, cómo lo producimos, cómo lo transportamos y cómo lo consumimos. Hay que relocalizar gran parte de la producción que se trasladó a lugares remotos, hay que desarrollar el consumo de proximidad, hay que reducir drásticamente el transporte de mercancías, hay que producir aquello que sirve para satisfacer las necesidades humanas reales y dejar de producir lo que solo sirve para el consumo suntuario de los más ricos (Oxfam confirma en reciente informe que el 1 por ciento más rico de la población mundial genera más emisiones que el 66 por ciento más pobre). Pero esos cambios no los hará el mercado, deben hacerse desde las políticas públicas, con activa participación de las mayorías sociales.
La COP16 en el Gobierno de Cambio para la vida, debe ser un escenario que irrumpa esta lógica práctica del poder y la influencia de los grandes mercaderes verdes, replantear el régimen de repartición de beneficios desigual negociación de acceso a la naturaleza de los países del sur, con el supuesto argumento de protección de la biodiversidad planetaria pero, en realidad, dando pie a juegos del TLC y Propiedad Intelectual, así como estableciendo compromisos firmes con los productores de gases efectos invernadero, incluidos los países potencia considerados en lo hoy conocido como sur global.
De otro lado, es de esperar que se de lugar a posturas epistemológicas, éticas y políticas que transformen lógicas como el modo “servicios ambientales sostenibles”, con los que se sigue abordando la comercialización de los ecosistemas por medio de grandes ONG.
De igual manera, en esta COP16 deben lograrse compromisos firmes en metas tales como: a) Salvaguardia a las áreas marinas y terrestres protegidas y restauradas, en un 30 por ciento para 2030; b) Decretar la moratoria de actividades agroindustriales, mineras y petroleras, y con compromisos de responsabilidad y recuperar ecosistemas degradados en la zona andina, en el Chocó biogeográfico, en el Caribe y en la Amazonía, donde se profundiza la minería ilegal; c) Establecer medidas contundentes para impedir la contaminación de suelos y aguas, y la utilización de muchos agroquímicos.
En Colombia, en particular, llevamos 12 años comprando semillas transgénicas para contribuir al negocio de Monsanto. Es urgente derogar el Decreto 970/10 que penaliza a los campesinos cuando conservan sus semillas nativas, así como también tomar decisiones radicales que garanticen una efectiva conservación y restauración de nuestras áreas protegidas, como en el caso de la Reserva Thomas Van der Hammen.
Se espera, así mismo, que esta COP16, posibilite una real participación social de las comunidades desde los territorios afectados por el extractivismo minero energético y por la agroindustria; igualmente se requiere analizar a profundidad la lógica de mercantilización verde con los cuestionados proyectos de soluciones por naturaleza, canje por deuda, proyectos Redd, bonos de carbono, bonos azules, es decir a la instalación del capitalismo verde en estas Convenciones de las Partes. No más COP lobby de negocios de las grandes ONG y del empresariado extractivista con su sector financiero responsable de la crisis climática respaldado por burocracia gubernamental cómplice de la depredación de la naturaleza.
1 Lander, E. (2010). “Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria. América Latina en movimiento”, 452(34), 1-3. América Latina en movimiento, 452(34), 1-3.
2 Lander, E., & Aragona Rodriguez, S. (2019). Crisis civilizatoria: Experiencia de gobiernos progresistas y debates en la izquierdas latinoamericana (Primera Edición). CALAS- Universidad Guadalajara.
3 Lander E., “Estamos viviendo…”, op cit.
4 Barreda, A., & Veraza, J. (2007). Los peligros del comer en el capitalismo. Editorial Itaca Piraña. 968-7943-80-7
5 Organismo de las Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático.Fuente: Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), 2019. Accesado en: https://www.ipcc.ch/
6 Lander, E., & Aragona, op. cit.
7 Breilh Paz y Miño, J. (2023). Epidemiologia Crítica y Salud de los Pueblos (Primera Edición, Vol. 1). Universidad Andina Simón Bolívar.
8 National Geographic. (2010, septiembre 5). Deforestación. National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion
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