Hace pocos meses, en octubre de 2025, Bolivia cambió de gobierno después de casi 19 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales. Un gobierno surgido de movimientos sociales, que impulsó múltiples cambios políticos y económicos y jugó un papel relevante en el ámbito de la izquierda internacional; pero también un gobierno que no transformó la estructura económica heredada y terminó profundizando los extractivismos y el poder de los sectores económicos asociados a ellos.
Rodrigo Paz, es el presidente que recibe Bolivia Pos MAS. Catalogado como de centro-derecha, sorprendió al ganar, el 17 de agosto de 2025, la primera vuelta con más del 33% y la segunda, el 19 de octubre, con 54%, cuando en las encuestas iniciales ni siquiera figuraba entre los tres primeros. Estos hechos hacen complejo comprender desde fuera de Bolivia –e incluso dentro– qué está sucediendo en el país, cómo deciden los bolivianos y bolivianas y qué puede pasar en el futuro cercano. Intentaremos brindar elementos para entenderlo.
La crisis económica y el gobierno de Rodrigo Paz
Un hecho fundamental para comprender qué ha ocurrido y los factores que pueden guiar las acciones futuras tanto del gobierno como de la población boliviana, es la crisis económica. Entre 2007 y 2014, el país vivió un crecimiento económico a raíz de la consolidación de exportaciones de gas a Brasil y Argentina en un contexto de altos precios internacionales y renegociación de regalías. De igual manera, la extracción y exportación de minerales (zinc y oro), además de la soya, aportaron a ese auge económico. Sin embargo, como paradoja, la consolidación de estos extractivismos y las transformaciones en el Estado y en toda la superestructura de la sociedad boliviana profundizaron la dependencia de dichas actividades. Luego del 2014 llega la onda contraria, la crisis, resultado de la coincidencia entre bajos precios internacionales de ciertas materias primas, disminución de reservas de hidrocarburos y minerales y la imposibilidad de reducir esa dependencia de los ingresos que esos extractivismos generaron para el Estado.
Manifestaciones de esa dependencia fueron el crecimiento desmedido del aparato estatal, el debilitamiento de algunos sectores económicos no tradicionales y la erosión de estándares de protección ambiental y derechos humanos. Los síntomas más preocupantes de la crisis fueron: escasez de divisas y restricciones bancarias para la circulación de dólares; escasez de combustible por la dificultad de sostener los más de 2.000 millones de dólares anuales de subvención; escasez de ciertos productos e inflación de precios de varios artículos de la canasta básica. Entre enero y noviembre de 2025, la inflación alcanzó el 19,69% y las reservas internacionales se desplomaron a 3.277 millones de dólares (apenas 75 millones en divisas líquidas).
Fueron algunos de estos rasgos de crisis económica los que marcaron en un primer momento la victoria del MAS en las elecciones de 2020, por el temor de la población a perder estabilidad económica. Pero la exacerbación de esos síntomas, a su vez, llevó al electorado boliviano en el 2025 a escoger un candidato que se diferenciaba del MAS; es decir, que planteaba un cambio, manteniendo un discurso de empatía con los sectores populares, y sin representar a gobiernos anteriores que implementaron medidas neoliberales (1). A esta crisis económica se sumó una crisis institucional, ambiental, social y política: politización y funcionalización del sistema judicial, corrupción, judicialización de la protesta, flexibilización de protección ambiental y social, y desestructuración y cooptación de los mecanismos de representación y organización social.
El gobierno de Paz y los primeros 100 días
Si bien, de alguna manera, las expectativas de la población al elegir a Paz eran alejarse de una derecha más marcada, sus decisiones desde un inicio fueron generar alianzas no formales con esos partidos y esos sectores. Concretamente, los principales megaministerios son ocupados por representantes de la agroindustria cruceña: José Fernando Romero Pinto, Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo); y Oscar Mario Justiniano Pinto, Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El sector cooperativista minero también tiene espacios: Fidel Piza del Villar, Viceministro de Minerales Tecnológicos, exvicepresidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman); Pánfilo Marca, Viceministro de Cooperativas Mineras, expresidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin LP); y Efraín Silva, Viceministro de Trabajo, también expresidente de Fecoman. Dos ministerios clave fueron ocupados por personas de confianza del partido de Samuel Doria Medina, tercero en las elecciones presidenciales: José Luis Lupo Flores, Ministro de la Presidencia, fue candidato a vicepresidente de Unidad Nacional; y José Gabriel Espinoza Yáñez, Ministro de Economía, presidió el equipo técnico del mismo partido.
Las medidas económicas y normativas también evidencian esta alianza: liberalización de exportaciones agropecuarias; creación de un régimen especial que declara a la agroindustria y la producción de alimentos como sector prioritario; incentivos tributarios aduaneros como depreciación acelerada de activos y arancel 0% para maquinaria e insumos (DS 5503, mantenido en el DS 5516); autorización de variedades de soya transgénica HB4.
Junto con estas medidas, se han implementado otras que agravan los impactos socioambientales. La eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la distribución de sus competencias es una clara señal de que las preocupaciones ambientales no son prioritarias –a pesar de que los discursos del presidente Paz y de sus ministros aún lo mantienen como relevante–. La apuesta por mercados de carbono para captar recursos, e incluso la posibilidad de que sean estos fondos los que permitan un rol más activo de las fuerzas armadas en el apoyo a la protección ambiental, es otra señal relevante. El “fast track” que pretendía facilitar inversiones extranjeras estratégicas, en la práctica eliminaba un adecuado proceso de consulta y de licenciamiento ambiental; esta medida, sin embargo, fue derogada. Adicionalmente, acciones como un segundo proceso penal a activistas comunales de Tariquia que se oponen a la extracción de hidrocarburos en esta área protegida muestran que la presión sobre defensores se mantendrá.
Todas estas medidas fueron presentadas como componentes de la estrategia para hacer frente a la crisis. Una sección importante de ellas formó parte del Decreto Supremo 5503, que incluía disposiciones para enfrentar la escasez de combustible incrementado el precio de los hidrocarburos para aliviar el peso de la subvención pública y permitiendo regularizar la provisión y, de alguna manera, estabilizar la inflación. Estos hechos le permitieron a Paz una alta aceptación de la población y en cierto sentido un margen de tolerancia social (2).
El mencionado decreto también incluyó disposiciones para atraer inversiones extranjeras, algunas de ellas muy similares al Rigi (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) de Milei, medidas que fueron rechazadas por sectores sociales que se movilizaron y lograron derogar algunas de ellas mediante el DS 5516. Las medidas retiradas quedaron para ser planteadas mediante leyes en la Asamblea Legislativa.
Esta es otra de las características centrales del nuevo gobierno boliviano: la urgencia de financiamiento internacional e inversiones extranjeras. En ese sentido, la gestión de Paz se acercó a organismos internacionales con señales de estabilidad y apertura a inversiones extranjeras. Esto ya le permitió asegurar compromisos de financiamiento por 3.100 millones de dólares de la CAF y 4.500 millones de dólares del BID.
La nueva cara de Bolivia frente al escenario internacional
Más allá de su posición político-discursiva, es esta situación interna y las alianzas económicas las que inciden sobre las posiciones internacionales. Si bien la CAF y el BID no exigen explícitamente un paquete de medidas como el FMI, la condición de estabilización macroeconómica es implícita. Algunas medidas ya se han asumido: levantamiento progresivo de la subvención a los hidrocarburos, preparación de la liberalización cambiaria, reducción del aparato estatal para disminuir déficit fiscal. Y se prevén otras medidas: cierre de empresas públicas y liquidación del patrimonio estatal; recortes de beneficios sociales; y flexibilización de protecciones laborales y ambientales para incentivar inversiones.
Pero además de estas medidas de ajuste y de apertura a la inversión extranjera, lograr la aprobación de países como Estados Unidos es visto como clave para acceder a más fondos multilaterales.
En el contexto geopolítico actual, en el que la administración de Trump impone posiciones y condiciones a todos los países por sobre acuerdos comerciales, tratados internacionales y principios internacionales, demostrar cercanía y aprobación a esta potencia ha sido una acción central de la gestión de Rodrigo Paz, incluso antes de tomar posesión. El primer viaje como presidente electo, pero aún no posesionado, fue a Washington, donde se reunió con el subsecretario de Estado, y con representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim), el FMI y la CAF. Ya como presidente posesionado, retomó relaciones diplomáticas con Estado Unidos (rotas desde 2008), eliminó requerimiento de visa para ciudadanos estadounidenses e israelíes, viabilizó Starlink, retomó relaciones diplomáticas con Israel, se retiró del “grupo de La Haya” propalestino, votó contra la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la obligación de Israel de permitir y facilitar el trabajo de la ONU en territorios palestinos ocupados, entre otras tantas decisiones que buscan, entre otros propósitos, demostrar cercanía a la administración de Trump. Pero dos hechos que destacan: la reacción de apoyo de Bolivia a una “transición democrática” en Venezuela frente a la intervención estadounidense, y la participación de Rodrigo Paz en el encuentro del “Escudo de las Américas”. Estos hechos consolidan y constituyen evidencia innegable de conformar el bloque de gobiernos afines a Trump.
Bolivia participó también en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por Marco Rubio, que busca la conformación de un bloque de socios comerciales para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos frente a China. Esta reunión es parte de una serie de acciones desde Washington para debilitar el avance de acuerdos o proyectos de China en América Latina. En el caso de Bolivia, durante este nuevo gobierno ya se canceló el contrato con el consorcio chino Enfi-Crig, que se había adjudicado la construcción de una planta de refinación de zinc en Oruro por 350 millones de dólares, y está a punto de romperse la relación con la empresa Sinosteel, que construyó el complejo siderúrgico para procesar el hierro del Mutún. Si bien hay aspectos críticos que observar en ambos proyectos, la coincidencia con los hechos ya mencionados llama mucho la atención.
Estos hechos muestran que Bolivia, de tener un rol en diversos procesos internacionales impulsados por diferentes actores que se conciben parte de una izquierda a nivel global –a pesar de que las acciones del MAS en el ámbito nacional no condicen con esas motivaciones–, claramente ha pasado a ser parte del bloque que apoya la administración de Trump. Si bien aún se declara como un gobierno que da apertura a socios clave (como India o China), la vorágine de la dinámica geopolítica y el pragmatismo que caracteriza su gestión lo empujan al bando trumpista.
En el ámbito regional, ha primado el pragmatismo de su posición de apertura. Ha participado en la posesión de Kast en Chile, planteando a Bolivia como un aliado para acercar a Chile al océano Atlántico, a pesar de que una de las primeras medidas que impulsa su equivalente chileno es cerrar la frontera y limitar la migración boliviana a Chile. Ha impulsado con Brasil acuerdos relacionados con hidrocarburos, energía, turismo y seguridad.
Los desafíos inmediatos para la sociedad civil boliviana
Estas posiciones en el escenario internacional claramente no gozan del apoyo del grueso de la sociedad civil boliviana, pero tampoco de su rechazo. Un factor igualmente importante para comprender lo que ocurre en Bolivia, además de la crisis económica, es la crisis de las organizaciones y movimientos sociales. Casi dos décadas de funcionalización, cooptación y amedrentamiento de estas por parte del MAS en el gobierno han debilitado significativamente sus estructuras de representación y organización. Esto ocasiona que, si bien pueden existir descontentos profundos respecto al gobierno o a sus decisiones en el ámbito nacional o internacional, estos no se canalizan fácilmente en rechazos, protestas o movilizaciones.
Esta dificultad para encontrar canales se intensifica con la multiplicidad de partidos políticos y liderazgos que han surgido con motivo de las elecciones subnacionales (de alcaldes en los municipios y de gobernadores en los departamentos) que se desarrollan en marzo de 2026.
Sin embargo, es clave reconocer que los impactos de la crisis han sido absorbidos por la población. La atención de bolivianos y bolivianas está aún muy centrada en superar esas dificultades y buscar algún signo de estabilidad económica. El interés en lo que ocurre fuera de Bolivia es menor y la posibilidad de comprender las transformaciones que operan con tanta rapidez es limitada.
A pesar de ello, las medidas nacionales que se proyecta asumir tendrán aún más impactos sobre el grueso de la sociedad boliviana, incrementando la pobreza, ampliando las brechas de desigualdad, repercutiendo en salud, educación y trabajo, y pauperizando las condiciones de vida. Esa presión podría incrementar los descontentos y encontrar en cualquier factor el elemento detonante de movilizaciones. Esa es la característica central de la historia boliviana.
1. La división interna del MAS es sin lugar a dudas también un factor de peso para explicar el desgaste político y la decisión electoral de la población boliviana; sin embargo, el peso de este factor, en el marco del análisis que realizamos, es menor.
2. La polémica tensión entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara es un factor igualmente relevante tanto para explicar la victoria en las elecciones como para explicar múltiples decisiones de la actual gestión de gobierno. Sin embargo, para el análisis que se realiza en el presente artículo, este aspecto de la dinámica política del gobierno actual tiene menor relevancia.
*Director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
