Queda pendiente una Constitución que “nos una”

Varios son los aspectos más significativos de la campaña del plebiscito del 17 de diciembre; uno de ellos es la ausencia de dirigentes políticos en la propaganda y piezas comunicacionales de las opciones en pugna. Los argumentos de las partes se asientan en la crisis de representación que viven los partidos políticos, así como en la baja adhesión que tienen las autoridades del Congreso.

Tal como en la publicidad comercial, los mensajes intentan impactar en las emociones, que para el caso es generar cercanía con las aspiraciones, temores e ideas de los votantes. En la franja televisiva, el más visible de los formatos de campaña, se aprecian mensajes que poco tienen que ver con los contenidos de la propuesta constitucional en juego y, más bien, están centrados en temáticas cotidianas como la seguridad pública, las pensiones y la administración y propiedad de estas, o en la capacidad de gestión gubernamental.

La opción “a favor” de las derechas ha buscado –de nuevo– transformar la votación en un plebiscito sobre el gobierno y apostó a bajar de intensidad los mensajes sobre los contenidos propios de propuesta. En el otro campo, la opción “en contra” ha buscado desarmar el mensaje opositor descalificando la calidad de la Constitución propuesta, la que considera “mal hecha”.

Tales factores explicarían las modestas cifras de audiencia que tienen los segmentos de publicidad televisiva, el moderado interés en conocer con mayor profundidad los contenidos propuestos, el evidente desconocimiento y confusión sobre lo que está en la competencia por conseguir votos. Un resultado palpable es la persistente despolitización del debate público que ya se ha expresado en las votaciones anteriores, que han dado contundentes cifras de apoyo a opciones en oposición.

La votación del 17 de diciembre se produce en un contexto complejo a nivel político y de las percepciones de la ciudadanía, con factores de difícil predicción sobre los impactos en las tendencias y resultados. La crisis en la seguridad pública generada por la ejecución de delitos de alta connotación, los problemas derivados de la migración irregular, los casos de corrupción que se han tomado la agenda –como las transferencias irregulares a fundaciones o los pagos de sobornos a funcionarios públicos revelados en las grabaciones al abogado Luis Hermosilla–, las presiones de la
derecha hacia el gobierno a través de amenazas de acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, o la solicitud
de renuncia del director de migraciones y la demanda por instalar el estado de excepción en la Región Metropolitana, han terminado por generar un escenario bastante tóxico para el ejercicio democrático de una votación nacional.

El ambiente generado por hechos reales, pero convenientemente amplificados por la derecha y sus medios de prensa, se ha transformado en una vía expedita para colocar al gobierno en un incómodo lugar. Sea el resultado que sea el que arrojen las urnas, el proceso constitucional se cierra ahora, ha dicho el presidente y su gobierno, tomando en cuenta además que el mandato de poco más de dos años que restan estarán cruzados por dos nuevas elecciones, la municipal y de gobernadores en el 2024, y enseguida las parlamentarias y presidenciales el 2025. El debate constitucional tomará otros rumbos de acuerdo a la votación que emerja el próximo 17 de diciembre, que a su vez dependerá de los giros y fuerzas que sean capaces de poner en movimiento los cambios que quedarán pendientes, entre ellos que el país se dote de una Constitución que de verdad “una a los chilenos”.