Las organizaciones ciudadanas enfrentan circunstancias cada vez más apremiantes. Se deterioran las salvaguardas de los derechos, se profundiza el desencanto con la política, y la violencia se disemina. A pesar de todo, una y otra vez resisten, y nos ofrecen nuevas opciones de cambio.
Tal vez pudiera pensarse que es una extravagancia reflexionar sobre los avatares de la sociedad civil latinoamericana. Podría pensarse que las prioridades son otras ya que el mundo sufre por distintas guerras o cuando la extrema derecha avanza en distintos países. Pero es justamente por esas razones que es de la mayor importancia reflexionar sobre los contextos en los que actúa y organiza la sociedad civil. No puede pasar desapercibido que los grupos ciudadanos organizados, no solamente logran sobrevivir bajo las actuales apremiantes circunstancias, sino que también continúan siendo promotores de cambio. Seguidamente abordamos esa temática, sin pretender agotar todos los asuntos, sino que examinamos algunos de los que consideramos destacados, aprovechando que cada uno de nosotros observa estas situaciones desde diferentes países y con distintas experiencias.
El cataclismo global
El orden internacional que se comprometía con la resolución pacífica de las controversias, la salvaguarda de los derechos humanos, y una institucionalidad multilateral, se derrumbó. Es cierto que las organizaciones ciudadanas latinoamericanas escucharon esa prédica por años, especialmente desde los países ricos de Norte, señalando las hipocresías en su cumplimiento, ya que se imponían todo tipo de trampas y presiones para sacar ventajas. Pero lo que ocurre ahora es mucho más grave, y en especial por los discursos y acciones de la administración Trump en Estados Unidos que abiertamente llama a reinstalar un imperialismo, y además enfocado en América Latina.
Ese componente y otros determinan una reconfiguración geopolítica, que debilitaron o volvieron inoperantes los mecanismos institucionales internacionales. Como consecuencia, América Latina sigue siendo un espacio de disputa por sus recursos naturales, de un lado bajo las prácticas coercitivas y neocoloniales de Washington, y del otro lado, por los intensos lazos en comercio, inversiones e infraestructura con China.
Las presiones por los recursos naturales latinoamericanos se multiplicaron. Es conocido el caso de la apetencia por ciertos minerales para programas de reconversión energética o para usos militares, como el litio, lo que provocó una regresión en derechos humanos y políticas ambientales en Chile, Argentina y Bolivia. Simultáneamente, la inestabilidad financiera y las incertezas comerciales que se originan desde Washington, dispararon la minería de oro y plata, lo que a su vez provocó denuncias y protestas ciudadanas ante la diseminación de un extractivismo ilegal, cada vez más violento, y con altos impactos en contaminación por mercurio y deforestación en las regiones andino-amazónicas. La complejidad de los escenarios en el comercio exterior, es aprovechada por distintos actores en atacar a las organizaciones ciudadanas, repitiendo el conocido argumento de que ponen en riesgo los negocios de exportación.
Inmersos en una política que se deshilacha
Las condiciones globalesse dan la mano con las nuevas circunstancias que se viven dentro de los países, reforzándose entre ellas. Desde una mirada ciudadana se observan repetidas crisis en la gobernanza, debilitamiento del Estado, y una erosión de los fundamentos y el funcionamiento de la política como actividad colectiva por el bien común.
Padecemos una regresión hacia posturas político-partidarias muy conservadoras, como en Bolivia, o las extremas derechas en los gobiernos de Argentina, Chile y Ecuador. No puede olvidarse que fueron votadas por significativas proporciones de la ciudadanía, como ocurrió antes con Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador. Esas condiciones alimentan un deterioro político generalizado, y tal vez la situación en Perú sea su expresión más evidente.
En efecto, en ese país se sucedieron ocho presidencias entre 2016 y 2026, con una muy alta rotación en las jerarquías estatales, y un rechazo generalizado a los actores político-partidarios. Es como si se disolvieran las instituciones a la vez que se derrumba la confianza en los espacios políticos, mientras el país sigue funcionando, con cierta estabilidad económica.
A medida que se deshilacha la política formal, prevalecen las redes de corrupción, las puertas giratorias entre empresas y gobierno, y la captura corporativa de las capacidades de regulación y gestión estatal. En esa dinámica, los líderes y las organizaciones ciudadanas quedan cada vez más desamparadas. Las salvaguardas de los derechos, los canales de información y participación, e incluso la seguridad, son debilitados, recortados o flagrantemente incumplidos. La cobertura de los sistemas de justicia es limitada, falla o es cooptada. Se flexibilizan controles y exigencias, o se desmontan derechos en salud, trabajo o ambiente, como acaba de ocurrir en Argentina con la reforma laboral de Javier Milei. Los efectos negativos, tales como la precarización del empleo, dificultades en acceder a la vivienda, o pésimos sistemas de salud y educación pública, se apilan sobre la sociedad civil.
Esas mismas condiciones, así como los autoritarismos, provocaron oleadas migratorias en el continente, los que en muchos casos son culpabilizados de los problemas nacionales, reforzándose narrativas que los criminalizan (1). Infelizmente, algunos sectores ciudadanos participan y alimentan esas actitudes,
En estas circunstancias se expanden redes ilegales de todo tipo. Su análisis va más allá del propósito del presente artículo, pero la cuestión que no puede esquivarse es que esa proliferación también involucra actores ciudadanos. Se conforman organizaciones criminales, pongamos por caso en un barrio marginal de una ciudad o entre mineros ilegales del oro, los que de distintos modos presionan contra asociaciones vecinales o comunidades campesinas o indígenas. Estallan conflictos en el seno de la sociedad civil, bajo la inefectividad estatal, y se desemboca en más corrupción y violencia.
Esos y otros asuntos no siempre son atendidos con propiedad. Amplios sectores ciudadanos están bombardeados por mensajes e imágenes desde las redes sociales, generados por algoritmos que terminan siendo más efectivos en desinformar, y el papel de la deliberación colectiva es reemplazado por los mensajes y videos en los celulares. Se construyen nuevos “sentidos comunes” que en unos casos validan políticas conservadoras, incluso antidemocráticas, y en otros festejan la violencia, e incluso celebran la muerte.
Diversidad temática y fragmentación organizativa
Como es sabido, en el seno de la sociedad civil se han diferenciado entre viejos y nuevos movimientos sociales, donde cada uno, a su vez, contiene una gran diversidad. Entre las expresiones clásicas, un ejemplo conocido son los sindicatos. Es muy positivo que lograran mantener su representatividad y fortaleza, como ocurre en algunos países del Cono Sur o México, pero de todos modos se enfrentan desafíos. Uno es que su cobertura y presencia no ganaran fortaleza en otros países, como en la región Andina, a pesar de las repetidas crisis vividas allí. Otro ejemplo radica en que la confluencia entre gobiernos progresistas y organizaciones sindicales, en varios casos, desembocó en planes funcionales a esos gobiernos, lo que debilitó a todo el movimiento.
Entre los que se llamaban “nuevos” movimientos sociales, se cuentan, por ejemplo, los colectivos sobre género, ambiente, derechos humanos, economía solidaria, etc. Son organizaciones que se articulan a partir de intereses compartidos, por afinidades ideológicas o por proximidad geográfica. Aquí también debe celebrarse esa diversidad, pero se deben reconocen algunas dificultades. Entre ellas se cuentan los problemas en asegurar coordinaciones sustantivas, lo que reduce la efectividad en sus reclamos. Persisten las distancias entre muchos de esos “nuevos” movimientos con “viejas” organizaciones, como los sindicatos. Incluso sigue sin ser sencillo que se asuman demandas de otros colectivos, como los de género, ya que pareciera existir una división implícita de tareas, esperándose que los grupos de mujeres se encarguen del feminismo como si eso excluyera o exonerara a los restantes movimientos..
Este breve repaso muestra que persiste la rebeldía en el seno de la sociedad civil, lo que lleva a que distintos colectivos se organicen para encarar los problemas que consideran más graves. Pero al mismo tiempo, prevalecen reclamos puntuales o agendas sectoriales, ya que no son sencillas las articulaciones de gran amplitud. Las reflexiones, más allá de los intereses propios, involucrando a varios movimientos, no siempre fructifican.
En una mirada más amplia, esa problemática a su vez está inmersa en la reducción del espacio cívico y estigmatización de la sociedad civil organizada. En los últimos años observamos en varios países un proceso sostenido de restricción del accionar de organizaciones sociales, tanto mediante reformas normativas como a través de campañas de deslegitimación llevadas adelante por gobiernos, empresas y medios de comunicación. Las nuevas derechas han sido particularmente insistentes en esos ataques. Al mismo tiempo, se aplican reformas normativas que limitan la independencia de las organizaciones ciudadanas sujetándolas al control gubernamental. Un claro ejemplo ocurrió en Perú con una ley que amplió la supervisión y control de las organizaciones ciudadanas obligándolas a informar y solicitar permisos previos a cualquier acción financiada por la cooperación internacional (2). Dando un paso más, se observa la criminalización de la protesta, el uso instrumental del sistema penal contra defensores y defensoras de derechos humanos, y las narrativas que presentan a la sociedad civil como obstáculo al “desarrollo”. Los convenios internacionales que salvaguardan los derechos humanos, e incluso algunos más recientes como el Acuerdo de Escazú, se incumplen en muchos casos y en otros no se ratifican.
Se desemboca de ese modo en un estado de indefensión de aquellas personas que lideran acciones ciudadanas de denuncia, protesta u oposición. El Estado, en lugar de defenderlos, los hostiga; el sistema de justicia, en lugar de protegerlos, alimenta la impunidad, y todo ello desemboca en más violencia. Eso explica que América Latina siga liderando los rankings mundiales de asesinatos de militantes sociales y ambientales (3). El activismo ciudadano tiene costos potenciales enormes, que van desde lidiar con juicios eternos que drenan el tiempo y el dinero de personas que pueden ser simples vecinos de un barrio o dirigente de una comunidad, hasta llegar a los extremos de ser espiados, raptados, golpeados o, incluso, asesinados.
Encuentros y desencuentros entre sociedad civil y sociedad política
Las que tradicionalmente se delimitan como diferentes, la sociedad política y la sociedad civil, en realidad mantienen superposiciones y múltiples relaciones, que no dejaron de complejizarse. Por un lado, es muy clara la hostilidad de muchos agrupamientos político partidarios ante las organizaciones ciudadanas, especialmente aquellos que se enfocan en los derechos o la justicia. Un reciente ejemplo fue la persecución del gobierno Noboa en Ecuador contra líderes y grupos indígenas y ambientalistas investigándoles por terrorismo para así desmontar sus denuncias sobre la minería y los incumplimientos presidenciales de terminar con la explotación petrolera en la Amazonia.
Por otro lado, están las implicaciones de los activistas ciudadanos que deciden priorizar la militancia partidaria o se suman a un gobierno. Esto fue muy evidente en la primera ola de gobiernos progresistas, al incorporar a muchos actores que provenían de la sociedad civil. El balance de aquellas experiencias podría decirse que fue negativo en la mirada de muchos en la sociedad civil. Las experiencias más recientes, por ejemplo, con las administraciones progresistas en México, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil, revelan problemas similares. Sin dejar de reconocer las dificultades que debieron enfrentar estos progresismos, cuando ocurren disociaciones o contradicciones entre los discursos y las acciones concretas, las tensiones entre sociedad política y sociedad civil reaparecieron.
Los virajes políticos también afectaron a la sociedad civil. El caso chileno es ilustrativo, ya que el gobierno de Gabriel Boric se instala tras el estallido social de 2019 que reclamaba cambios sustanciales y una nueva constitución. Eso se desplomó, y en buena medida fue responsabilidad del progresismo gobernante, el que además sumó otras medidas para controlar la protesta social, proteger a las fuerzas policiales, o favorecer los extractivismos.
Queda en evidencia, por esas u otras circunstancias, la importancia de asegurar que los colectivos ciudadanos se mantengan independientes, sea de los poderes afincados en gobiernos o partidos, como aquellos de empresas o medios. Sin duda, es una cuestión compleja, en tanto es imposible pretender que no existan superposiciones con esos otros ámbitos, ni se pretende cuestionar que un activista, por ejemplo, en un grupo barrial, decida militar en un partido político. En cambio, lo que aquí se subraya es la necesaria posición de independencia de los colectivos organizados frente a esos otros poderes.
Por cierto que la sociedad civil, en sus prácticas, hace política, aunque de otros modos y con distintos compromisos. Las metas no están en asegurar reclutar votantes, devolver promesas de campaña, o servir como canal para negociados. En cambio, pretenden reforzar intereses colectivos, y eso la convierte en uno de los pocos antídotos que siguen operando en contra del descrédito y la desatención con la política en nuestros países. Esto es evidente allí donde muchas organizaciones reciben cada vez más demandas de ayuda o asistencia, multiplicadas por las fallas e ineficiencias de los partidos políticos y el Estado.
Resiliencia e innovación
Como puede verse, la sociedad civil enfrenta un contexto cada vez más severo. El Estado pierde capacidad para supervisar y hacer cumplir las normas que salvaguardan derechos, el sistema de justicia se debilita aún más, y las decisiones se vuelven más discrecionales. La política, en su amplio sentido, se deteriora: muchos están hartos de los partidos, se resignan a la corrupción y la ineficiencia, y se encierran en sus vidas privadas. Otros, en cambio, se organizan en colectivos que denuncian ese estado de cosas, pero al mismo tiempo tienen menos espacios para evitar distintos impactos o para reformar la gestión. No solo eso, sino que son perseguidos e incluso son asesinados.
Al desmontarse las políticas públicas, también se disemina un sentido común que se desentiende de la acción colectiva, y eso es posiblemente el proceso más grave que está en marcha. De alguna manera se vive una nueva ola de individualismos, típicos de subjetividades neoliberales, teñidos por el egoísmo, como ocurría en la década de 1990.
Eso facilita que se expandan y refuercen otro tipo de vinculaciones, como las redes ilegales y organizaciones criminales, con institucionalidades paralelas, controlando amplios territorios, hasta llegar a los que algunos describen como gobernanza híbrida (4). Las expresiones más conocidas remiten al narcotráfico, y ahora a la minería ilegal. Se escudan en la violencia y eso se refleja en la altísima tasa de homicidios en América Latina. Estos grupos también se enfrentan a la sociedad civil organizada. En unos sitios torpedean, pongamos por caso, los trabajos barriales de solidaridad y asistencia, en otros cooptan a campesinos para que les sirvan como mano de obra, y así sucesivamente, y cuando lo consideran necesario, los someten a la violencia.
Esto hace que las organizaciones ciudadanas estén bajo presiones muy duras, tanto por la incapacidad o persecución estatal, como por ese hostigamiento desde agrupamientos criminales. Todo esto embebido en la violencia, y que el Estado, y en particular los políticos de derecha, aprovechan para legitimar agendas todavía más autoritarias.
Son problemas tan enormes que generan por momentos una atmósfera sofocante para los militantes ciudadanos. Podría concluirse que es casi un milagro que sigan existiendo organizaciones locales, redes o cualquier otro tipo de manifestación social independiente que continúe batallando por la justicia. Pero ellas siguen presentes, desde colectivos enfocados en la agroecología hasta cooperativas de ayuda mutua, desde grupos en defensa de los derechos humanos a las federaciones de pueblos indígenas, y así sucesivamente. Son grupos que se movilizan, marchan en caminos o difunden sus reclamos en los medios, exhiben con orgullo sus éxitos y cargan con sus derrotas.
A pesar de todo, los colectivos ciudadanos siguen presentes. Hay una terquedad que los anima a resistir, renovándose una y otra vez, apoyados en las tradiciones latinoamericanas de solidaridad. Son resilientes y a la vez siguen siendo las mayores proveedoras de innovaciones, mucho más que los partidos políticos o la academia. En unas circunstancias donde se vira hacia posiciones cada vez más conservadoras, que no tienen vergüenza en renegar de la justicia, son las organizaciones ciudadanas las que aseguran los espacios de resistencia y denuncia, las que asisten en momentos de emergencia, y las que alumbran caminos alternativos.
1. Perú: Cidh manifiesta su grave preocupación por los artículos de la ley que modifica la agencia de cooperación internacional, OEA, 12 mayo 2025, https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/098.asp
2. At least 146 land and environmental defenders killed or disappeared globally in 2024, Global Witness, 17 setiembre 2025, Londres, https://globalwitness.org/en/press-releases/at-least-146-land-and-environmental-defenders-killed-or-disappeared-globally-in-2024/
3. Violent nonstate actors and the emergence of hybrid governance in South America, R. Duarte Villa y colab., Latin American Research Review 56 (1), 2021.
*Respectivamente: A. Canales, Cfr. “Migración y clase en tiempos del precariado en América Latina”, Revista Latinoamericana de Población, 19, e202531, 2025; A. Romero Cano es coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE); P. Viera-Bravo es investigadora y docente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile; Eduardo Gudynas, Uruguay, integra el Observatorio Latino Americano de la Globalización.
