Escrito por Héctor-León Moncayo S.*

José Alonso Zapata, A mil, a mil, jugosas, deliciosas (Cortesía del autor)

“A mí me toca trabajar en la calle. Si no salgo no tengo con qué darle de comer a mis hijos [… ] Pues que me lleven presa si les da la gana”. Es la respuesta airada que se escuchaba a menudo, en todas las encuestas y sondeos de los noticieros radiales y audiovisuales del país, antes de que se pusiera en marcha, por primera vez, la medida de confinamiento obligatorio. En términos parecidos, aunque menos angustiosos, se expresaban dueños de tiendas, restaurantes, talleres y muchos otros pequeños negociantes.


Ha pasado más de un año, con tres “picos” de la pandemia y otras tantas medidas de confinamiento nacional, a más de las locales y parciales, y si bien es cierto que no ha habido todavía un grave problema de “orden público”, es evidente que el descontento social (diferente de la individual desobediencia de los acomodados) ha sido amplio y creciente. Desde el principio se pudo observar cómo los barrios populares más pobres se llenaban de banderas rojas con las que, en cada lugar de residencia, se denunciaba la situación de desprotección, próxima a la física hambre. Las diversas protestas han venido aumentando, desde los famosos “cacerolazos” que ya se habían utilizado durante las movilizaciones de finales del 2019, hasta, recientemente, plantones y demostraciones callejeras. Emergen allí, precisamente, los negociantes de los que antes se hablaba. Su airada respuesta no era una decidida amenaza pero, sin duda, una seria advertencia. Entre las muchas cosas que ha puesto al desnudo la pandemia se encuentra esta realidad social del trabajo que es a la vez demográfica y económica. Y, poco a poco, políticamente determinante.

Y nos llaman “los informales”

Es curioso que una denominación proveniente de la jerga tecnocrática o de las manías de la burocracia haya llegado a ser tan popular. Quizá porque “informales” resulta menos chocante y comprometedor que la designación francamente policiva de “ilegales”. Permite, en una actitud de condescendencia típicamente neoliberal (el espíritu empresarial siempre será digno de encomio), eludir una posible confusión con muchos tipos de empresas criminales, como las del narcotráfico, que, por supuesto, también carecen de registros institucionales y así mismo incumplen con sus obligaciones tributarias, entre otras que marca la ley.

Se refiere, en principio, a “empresas” de tamaño reducido las cuales pueden denominarse, según el uso popular, “negocios”, o, en una forma más laxa, “actividades”, o, en el lenguaje hoy de mejor recibo, “emprendimientos”. Se caracterizan por operar por fuera del marco institucional, jurídico o reglamentario. Esta definición, en apariencia simple, nos plantea de inmediato un problema: ¿Cuántos y cuáles son los requisitos que incumplen? ¿Todos o algunos? ¿Algunos casos son más graves que otros? Obviamente se está describiendo una realidad sumamente heterogénea. Lo mejor que se puede decir es que se trata de un fenómeno multidimensional y dinámico. Se observan varias omisiones, desde los simples registros de existencia empresarial, hasta las obligaciones relativas al pago de impuestos, pasando por el cumplimiento de las leyes laborales en la contratación o de las normas de producción (sanitarias, por ejemplo) y comercialización.

Pero también puede referirse, directamente, a los trabajadores en el caso de que se encuentren en condiciones laborales de “informalidad” lo cual podría ser innecesario ya que las empresas informales suelen tener precisamente como una de sus características el incumplimiento de las normas laborales y sobre todo las de seguridad social. Es más, la actividad desarrollada por un trabajador por cuenta propia puede denominarse “empresa unipersonal”. Sin embargo, esta aplicación del adjetivo a los trabajadores parece no gustar mucho, en los medios empresariales y tecnocráticos, ya que nos lleva fácilmente a un conjunto, no pequeño por cierto, de trabajadores y empleados que son contratados en precarias condiciones por grandes y formales empresas, incluidas transnacionales, o por las mismas instituciones estatales, aprovechando los subterfugios que existen en las leyes laborales.

La magnitud del fenómeno, es desde luego incuestionable. De acuerdo con los resultados de su más reciente Encuesta de Hogares, el Dane nos informa que el porcentaje de ocupados en condiciones de informalidad (trimestre diciembre 2020-febrero 2021) en las 13 principales ciudades habría llegado a 48.1 por ciento y en 23 ciudades, 49.2 por ciento; mayores, en ambos casos, en aproximadamente dos puntos porcentuales, a lo registrado en el trimestre correspondiente un año antes (gráfico 1).