El saliente gobierno de Gabriel Boric deja una estela de incumplimientos y, con ello, un extendido desaliento y desilusión social. Una realidad que será aprovechada por José Antonio Kast para imponer sus medidas que darán más espacio al capital privado e intentarán recortar derechos sociales. ¿Alcanzarán los movimientos sociales a sobreponerse a esta realidad y extender diques ante lo anunciado por la nueva administración?
América Latina vive una oleada de presión por manos transnacionales y locales que nos empuja a revisar nuestra Historia reciente como un ejercicio diario, pero también de agendas políticas que se inclinan por hacer retroceder las victorias de los movimientos y organizaciones sociales, o por subyugarse a los límites de una democracia tutelada.
Este contexto ha estado cruzado por la precarización y transgresión contra las amplias mayorías, buscando llevar agua para su molino y favoreciéndose de crisis estructurales de los sistemas políticos que nos han llevado a una deriva. Así las cosas, el devenir de América Latina está en suspenso, mientras el podio político lo comparte un progresismo que se ha dormido en los laureles y una derecha cavernaria que nos lleva a lo más profundo del conservadurismo: ambos, con una amistad irrestricta con el empresariado en una dinámica que nos ha delimitado a una lógica de maldesarrollo y que sofoca los procesos organizativos y de resistencias que se viven en vastos territorios.
En este escenario, el caso de Chile cobra una relevancia vital, donde la interpretación clásica de los “ciclos políticos” –con término y fin fijo– ya es una perspectiva que, si bien es válida como herramienta de análisis, es insuficiente para los desafíos que enfrentamos.
Con este desafío encima, busco entregar algunas ideas que nos permitan comprender está situación que vivimos en el Sur del Sur.
El gatopardismo que allanó el camino
El gobierno saliente de Gabriel Boric llegó al poder institucional entre aplausos, consignas y promesas. Autoproclamándose como progresista, ecologista, feminista y cuanto adjetivo más pudiera recoger, colocó la vara alta a las expectativas de las amplias mayorías, quienes vivían la resonancia de las protestas más grandes desde la dictadura civil-militar –que se ha catalogado como Estallido o Revuelta Social– y de los profundos impactos de la pandemia de la covid-19. Pero también, recogía las consignas de décadas de indignación acumulada y masticada por la mayoría del país, haciendo eco de que vendría a colocar un alto a tanta vulneración e impunidad.
Pero nada más alejado de la realidad. Durante estos años, si bien han existido avances puntuales en diversas materias, la tónica es la continuidad: ha ganado el gatopardismo hecho y derecho, con un progresismo profundamente neoliberalizado y con prácticas calcadas de las administraciones anteriores.
Una dinámica similar la planteba el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El Gatopardo, publicada a fines de la década de los cincuenta y que es reconocida por la icónica frase: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Pues en Chile, el gatopardismo pegó duro, y para quedarse.
Mientras el programa de gobierno apuntaba a problemas estructurales, como poner término a la entrega de pensiones de miseria, el Ejecutivo liderado por Gabriel Boric blindó el sistema de capitalización individual heredado por la dictadura y su orientación profundamente neoliberal y no avanzó en establecer un sistema de reparto, solidario y con aportes tripartitos pese a existir una propuesta desde mediados de la década del 2010 levantada al alero del Movimiento No + AFP.
Pero casos así hay muchos bajo la administración saliente. Mientras quienes ocuparon importantes cargos en la administración y gestión del Estado levantaron las banderas del movimiento estudiantil que luchaba contra la mercantilización de este derecho social, la educación pública aceleró su desfondo a través de una crisis estructural que hoy cruza a miles de comunidades educativas en términos de infraestructura, calidad, salud mental, accesibilidad y seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Mientras, en la educación superior la promesa de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), que tiene a más de un millón de personas endeudadas por estudiar, se vació casi al instante. Hoy, la anhelada condonación no existió, y se ofrece un nuevo mecanismo que replica las mismas lógicas de mercantilización sobre este derecho social. Nada nuevo bajo el sol.
En vivienda, el Gobierno hizo carne la Ley Anti-Tomas mientras prometía que no promovería los desalojos de poblaciones y legítimas ocupaciones ante una crisis habitacional que tiene a miles de familias en la precarización. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y este gobierno ocupó todo el poder del Estado en avanzar en los desalojos de pobladoras y pobladores sin dar soluciones a plazo para el problema de las viviendas en el país.
En seguridad, la militarización cumplió un rol sustancial. Mientras prometía desmilitarizar Wallmapu –territorio mapuche–, extendió en reiteradas ocasiones el estado de excepción constitucional, comenzando en mayo de 2022 hasta la actualidad: sin precedentes, bajo esta democracia titulada, el territorio había tenido tal estándar de presencia militar como en la actualidad. Asimismo, mientras la impunidad prevalecía en Carabineros de Chile –una de las policías chilenas–, el Gobierno prometió refundar la institución; pero lejos de aquello, la administración de Gabriel Boric validó y respaldó sin dudar a la institución policial, cuestión que lo llevó a recibir recientemente la distinción “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”, un máximo honor institucional que da reconocimiento al rol del Presidente que prometió cimentar nuevas bases sobre la policía chilena, y que hoy son palabras vacías.
Pero también, en áreas de seguridad, su gobierno facilitó el camino a la impunidad impulsando una Ley Gatillo Fácil, a la cual han recurrido funcionarios policiales acusados de cometer delitos en el marco de protestas y detenciones contra la población. Hoy, la Ley ampara el actuar policial y da rienda suelta a su impunidad. Todo esto, mientras el narco duerme plácidamente en las poblaciones del país violentando a miles de familias, haciéndose con los sueños de las infancias, y mientras la corrupción del sistema político y judicial se ancla aún más en el ADN del país.
La dinámica se repite en las más diversas esferas de la administración pública. Mientras se decretaba como un gobierno feminista, un alto cargo de su gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue imputado por delitos sexuales. Mientras se proclamaba como el gobierno de las y los trabajadores, se promovió la flexibilidad laboral y ha aumentado la precarización e informalidad de los puestos de trabajo.
Asimismo, mientras se autoproclamó como ecologista, el extractivismo ha crecido sin parar en Chile. Los lineamientos políticos en esta materia se han conjugado con los intereses empresariales que aprovechan la crisis climática como una opción de promover el aceleramiento de cuestionados proyectos haciéndose con un discurso de sumar urgencia en el cual terminó flexibilizando las tramitaciones ambientales y construyendo estrategias nacionales que amplían la capacidad extractiva en distintos territorios del país, mientras comunidades y organizaciones sociales se han posicionado en defensa de sus derechos y de la Naturaleza.
Así, mientras en tantas otras esferas se repite esta lógica, el camino se ha allanado para que el gobierno de (ultra)derecha encabezado por José Antonio Kast se instale con todas las de tener en el poder institucionalizado. Una de las claves estará en que el gobierno saliente entrega un país indignado, precarizado y con una pésima gestión del progresismo, el cual prometió tanto e hizo tan poco; y lo que más hizo no fue dar respuestas a las crisis que se mantienen vigentes en Chile, sino intentar sobrevivir como proyecto político. Un egoísmo que allanó un camino donde buscan arrasarnos.
El regreso del pinochetismo a La Moneda
“La tercera es la vencida”, reza el dicho popular. En el caso del (ultra)derechista José Antonio Kast esto se hizo verdad. En su tercer intento por hacerse con el sillón presidencial, el exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fundador del Partido Republicano (PR) y férreo defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, logró hacerse con el descontento de la población que lo escogió como su Presidente.
Kast forma parte de la camada de derecha retrógrada y conservadora que recorre América Latina y el mundo completo. Mezclando religiosidad, violencia, machismo, defensa de sus dictaduras y promesas propias del modelo neoliberal, enfrentó la gestión del presidente Gabriel Boric como parte de su campaña presidencial.
Así, Kast planteó que Chile vive una serie de emergencias y, como tal, necesita un “gobierno de emergencia” que lo gestione, para lo cual recurre a los clásicos postulados que buscan desplazar al Estado –y el gasto fiscal– para darle paso a una promoción del sector privado como el motor de la sociedad, sumado a un discurso de volver a los “valores tradicionales” apelando a la tan manoseada “batalla cultural” a la que apela su sector político.
En este sentido, el pinochetismo ha recibido una bocanada de oxígeno que se representará en una serie de medidas anunciadas por Kast, desde el mismo momento de su elección, a través de su Oficina del Presidente Electo (OPE), un espacio que le sirvió como centro neurálgico de la operación comunicacional que le presentaba, desde antes de su posesión, como autoridad en ejercicio.
Desde ahí difundió los anuncios de la gestión que asumió, de manera oficial, el 11 de marzo de 2026, pero que también están llenas de alertas que son necesarias de tener en consideración que, en este escrito, planteamos como tres áreas: desregulación, cooptación y regresión.
Desregulación. En este ámbito el proyecto político-económico que se busca implementar en Chile plantea eliminar y simplificar restricciones, normas y reglamentaciones en diversos ámbitos de la sociedad. En un país en que se ha luchado durante décadas por regular materias como el financiamiento de actividades, la fiscalización de instituciones y la tramitación de proyectos de inversión, la intención de Kast es retrotraer aquellos limitados avances para darle un poder gigantesco al empresariado nacional y transnacional.
Un ejemplo clave lo entrega Jorge Quiroz, ministro de Hacienda del nuevo gobierno, y quien carga con la sombra proyectada por el importante rol que asumió a favor de empresas sancionadas por coludirse*. Los planteamientos de Quiroz buscan, entre otras cosas, resolver rápidamente las reclamaciones interpuestas sobre cuestionados proyectos de inversión que han estado en el centro de la conflictividad socioambiental, pudiendo hacerse, también, con las reformas implementadas e impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric que dieron respuesta a los golpes de mesas que el empresariado dio por la supuesta “permisología” en la tramitación ambiental.
En términos de cooptación, la agenda de Kast no es novedosa, repitiendo lineamientos de la oleada conservadora que azota a la región latinoamericana y a escala mundial. Un discurso que empuja a la renuncia de los derechos sociales como necesidad para implementar un respaldo al modelo neoliberal, donde el individualismo viene a ser una piedra angular de la cual aprovecharse.
En este sentido, Kast ha logrado cooptar la indignación de la población, el descontento generalizado contra un sistema que no ha dado respuestas a las constantes y también variables exigencias y necesidades de la población; un cúmulo de molestia arrastrado por décadas y en cuyo espiral Chile no ha salido adelante. En esta dinámica, la cooptación de Kast ha permitido avanzar en un fenómeno generalizado en América Latina: priorizar los derechos individuales por sobre el sentido colectivo.
Esta lógica fuertemente individualista se vuelve en un aliado cultural –y evidentemente político– de la (ultra)derecha, donde han retomado aquella lucha por el campo de las ideas, las percepciones y los símbolos. Mientras la izquierda institucional se atrincheró en las consignas, la (ultra)derecha cuestionó el vacío político de aquellos planteamientos, pudiendo hacerse con el respaldo de importantes capas de la población. De ahí que la lógica conservadora, racista y machista tiene un repunte, en un Chile que sigue sobreviviendo desde la deuda, el descontento y la precarización.
Así llegamos a la regresión. Chile, como cuna del neoliberalismo, conoce de cerca sus fisuras, que han estado acompañadas de fuertes oleadas de protestas e incluso generación de propuestas por parte de los movimientos sociales. Sin embargo, incluso bajo un gobierno con tintes progresistas, se vivió una regresión en las más diversas áreas de la vida.
Lo vemos en la política, con un enriquecimiento de la clase política institucional que se ha apernado en sus puestos desde cargos inmovibles hasta asesorías fantasmas; lo vemos en lo represivo, con una lógica de militarización que se ha extendido con el gobierno saliente y una proliferación del crimen organizado y el narco como un lamentable camino por el que optan cientos de niños, niñas y adolescentes; lo vemos en lo cultural, con la vuelta conservadora sobre los derechos sociales, el rechazo al inmigrante pobre –porque el rico se aplaude–, y la mirada de propiedad extendida sobre los cuerpos de las mujeres; lo vemos en lo ambiental, con leyes que facilitan y aceleran una inversión gigantesca con proyectos extractivos en territorios históricamente asediados por empresas nacionales y transnacionales cuya vocación productiva se discute en la alta alcurnia y no en el barrio; lo vemos en nuestros derechos sociales, cuyo financiamiento quieren recortarlo a más no poder para mostrar datos manipulados de crecimiento.
Esta lógica, cosechada por el gobierno saliente, podría profundizarse bajo el mandato que entró en vigencia el 11 de marzo. Una regresión acelerada, que podría avanzar por un camino que ya fue allanado por el gobierno que prometió cambiarlo todo.
“Un pueblo al sur de Estados Unidos”, y otros tantos
La Historia de Chile está cruzada por los intereses del capital foráneo y cómo esta presiona al país para ir en el sentido que le favorezca al mejor postor.
Así, durante las últimas décadas, en el Sur del Sur seguimos siendo un país fuertemente dependiente del mercado exterior viviendo los impactos ambientales de estas inversiones, la precarización de los puestos laborales, una acelerada desindustrialización –sobre la que hoy se promueve un supuesto “enverdecimiento”– y una matriz productiva dedicada a la explotación de bienes comunes naturales a disposición del mercado internacional.
De ahí que las clásicas potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea se cruzan en el tablero geopolítico, viendo a Chile como una oportunidad para abastecer sus cadenas de suministro en un contexto cada vez más belicoso, pero también como un terreno en el cual estas mismas potencias se enfrentan para demostrar su poder.
Durante las últimas semanas del gobierno saliente de Gabriel Boric, y el traspaso hacia la administración de Kast, esto ha tenido un gran punto de inflexión: un cable submarino de fibra óptica, negociado entre Chile-China, contó con el contundente rechazo de Washington, generando una presión directa hacia el país y dando término a dicho interés.
Pero lejos de ver una oportunidad de ejercicio legítimo de soberanía, el país declinó en impulsar una decisión estatal y optó por subyugarse al interés norteamericano, pese a sostener una mayor cantidad de comercio con China. Y ojo, no es que haya que respaldar toda inversión del país asiático –el cual ha sido protagonista de fuertes conflictos socioambientales como el caso de la Central Rucalhue en el Biobío–, sino que acá hacemos referencia a que, nuevamente, y como si la colonia nunca hubiese dejado de existir, Chile se coloca a disposición de la presión internacional en vez de consolidar sus decisiones políticas internacionales.
Tampoco podemos pecar de ilusos. La clase político-empresarial chilena ha sabido estrujar las relaciones internacionales en beneficio propio desde hace años. Sus alianzas también apuntan al enriquecimiento personal y de grupos económicos transnacionales por sobre lo que podría ser mejor para la población, pero no deja de ser interesante observar cómo es que, nuevamente, dejamos pasar una oportunidad de ejercer nuestra soberanía.
Ahora bien, un punto a tener en cuenta: ¿Cómo será la relación con los países de la región latinoamericana? La verdad es que durante estos años no se vivió una mayor interrelación, con un despliegue de relevancia a escala latinoamericana. La hermandad de los países y los proyectos no se han materializado en oportunidades ni políticas públicas conjuntas de gran envergadura, pero la nueva administración de Kast, posiblemente, optará por ese camino.
Ahí hay un foco de peligro: cómo los gobiernos de (ultra)derecha de la región, en un contexto de regresión total y desenfrenado conservadurismo, buscarán articular sus proyectos políticos no solamente a escala interna de los países, sino que también para con las potencias.
Todo pareciera presagiar que, pese al supuesto nacionalismo que impulsan, optarán por la misma piedra: ser un pueblo al sur de Estados Unidos, China, Unión Europea y cuánto financista venga a soltar unos billetes a cambio de la soberanía de los pueblos.
La indignación en alerta
La población estará expectante respecto al cambio de gobierno. Se cobrará la palabra rápidamente a las promesas de Kast, tal cual ha ocurrido con las administraciones anteriores, razón por la cual la (ultra)derecha ya ha anunciado que los primeros meses buscan avanzar en reformas inmediatas.
Pero la clave está en el peso de aquellas supuestas transformaciones. Y es que estas arrastrarán un grave impacto en las vidas de las personas, de aquellas amplias mayorías que, con profunda molestia y desencanto, veremos la prolongación estructural del Estado subsidiario, pero con políticas mucho más retrógradas y cavernarias que las anteriores.
Y es que el planteamiento del sector político que apenas inicia su gestión no guarda disfraz. Ya no se oculta. No tiene el temor de decir disparates: como estar a favor de dejar libres a criminales de lesa humanidad, o desfinanciar políticas públicas que facilitan el acceso a derechos sociales mínimos, ni tampoco guardan resquemor con caricaturizar o criminalizar las legítimas luchas de la población que busca una vida mejor.
Como dice el grupo rockero Las Manos de Filippi, “la mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos”, y acá estamos en ese tránsito, de una mano que ya nos apaleó y miró en menos, pasando a otra que nos busca abofetear la cara hasta más no poder.
Sería iluso pensar en la clásica fórmula de que “gobierno de derecha + indignación= auge de protestas”; las ciencias sociales necesitan hacer un ejercicio mucho más profundo en la situación actual, con una población que ha vivido un proceso de profundo desencanto con la política, con lo comunitario y con todo aquello que signifique movilización.
Pero tampoco se debe pensar que no ocurrirá nada. Organizaciones y comunidades se siguen articulando desde hace años, traspasando gobiernos y militancias, y será la propia indignación –aquella que reventó en octubre de 2019, pero también en tantos otros episodios de la Historia reciente– la que será el termómetro de tolerancia que nos puede empujar y recordar, como dijo Viglietti, una proyección trascendental: “perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada”.
* Para mayor información sobre este punto, recomiendo revisar: https://www.ciperchile.cl/2026/02/10/los-15-registros-que-describen-el-rol-del-futuro-ministro-de-hacienda-jorge-quiroz-a-favor-de-empresas-sancionadas-por-colusion/
* Profesor de Historia y Geografía. Integrante del equipo editorial
del medio www.resumen.cl y del equipo de trabajo del Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA | Región del Biobío, Chile.
