La Paz total en construcción. Corriendo el velo

La iniciativa presidencial de la paz total nos ha tomado por sorpresa, y sin la existencia de un texto que la explique. Abordar algunas de sus características, retos, riesgos, así como precisión de conceptos, como sugerencias para evitar yerros, alimentan este artículo, soportado en elementos teóricos y de constatación empírica.

Por: Carlos Arturo Velandia Jagua*

La Paz total ha irrumpido de manera contundente e inesperada en la sociedad colombiana. Las reacciones son múltiples, aunque poco se la comprende. Pero no podía ser de otra manera porque el concepto y la “idea” está en construcción, de modo que pretender decir la última palabra sobre ella, además de un atrevimiento, es una necedad.

Es por ello que para contribuir a la discusión de este asunto conviene acudir al rigor de los términos y los conceptos que se utilizan al momento de explicarla; máxime cuando no existe un texto comprensible sobre la misma, salvo las tesis de la Paz perpetua (1) publicadas por Immanuel Kant en 1975 con las que algunos desapercibidos pretenden confundir, lo que existe es un proyecto legislativo (2) para reformar leyes existentes e introducir algunos nuevos elementos, que en el texto la hacen lucir como compleja y farragosa.

Por ello, con el fin de contribuir a su esclarecimiento, es conveniente dilucidar algunos conceptos relativos ala Paz total que hoy generan confusión y no pocas polémicas que pueden ser inútiles, porque emborronan aún más lo poco que hay escrito y opacan la comprensión; conceptos aplicados sin ningún rigor a los actores intervinientes en la Paz total, es el caso de disidentes con el cual se nombra a todos los aún en armas, actores que utilizan el nombre de Farc con la pretensión de legitimación y reconocimiento. (Ver recuadro Definiciones para la caracterización…)

Pues bien, para caracterizar a los actores del conflicto armado interno conviene ir un poco más allá de la definición establecida por el Derecho Internacional Humanitario, que considera como “partes del conflicto armado no internacional” (3) a las fuerzas irregulares no estatales, organizadas bajo un mando responsable, con capacidad de desarrollar operaciones militares concertadas y sostenidas y con una presencia territorial ostensible; para mirar cual ha sido la participación de cada actor en el conflicto armado y desde allí determinar el lugar y tratamiento que merece recibir por parte del Estado legítimo y legal.

No son solo los hechos bélicos, “lo que hace”, lo que define a un actor; también su génesis, sus reclamos, sus postulados y su comportamiento en la historia. De este modo tendremos mayores argumentos y herramientas que las ofrecidas por el DIH al momento de calificar a un actor.

 Con igual propósito, pero en este caso con datos más fotográficos ver recuadro Paz total, actores por considerar.

 El siguiente cuadro ilustra sobre las dimensiones de los distintos actores del conflicto armado interno y de generación de violencia, y sus incidencias en el territorio nacional (4).

Caracterización de los actores

La insurgencia: Reconocer o caracterizar al Eln como una organización insurgente, resulta incuestionable. Esta organización guerrillera surgió como un alzamiento de ciudadanos declarados en rebeldía contra el Estado y sus autoridades, con la pretensión de ser germen de un ejército popular capaz de derrotar a las Fuerzas Armadas del Estado y con el fin de derrocar al gobierno, tomar el poder y construir una nueva sociedad; caracterización no solo referida a los momentos fundacionales de este movimiento político armado, ya que su naturaleza política se ha podido constatar a lo largo de toda su historia, tanto en sus actuaciones militares como en su discurso político e ideológico, realidad constatada por los gobiernos de César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, con quienes sostuvo procesos de diálogo para la búsqueda de la paz mediante un acuerdo político.

No obstante, en conflictos armados prolongados ocurren fenómenos de degradación del mismo por las prácticas que las partes terminan utilizando, como ha ocurrido en Colombia produciendo hondas desgarraduras principalmente a los civiles no intervinientes en la confrontación. Así, las partes terminan por desdibujar sus postulados políticos e ideológicos, credibilidad e importantes niveles de legitimidad, mostrando otros perfiles que es conveniente examinar a la hora de caracterizar las partes.

El Eln históricamente ha mantenido un “deslinde categórico con el narcotráfico, asumido en esos términos desde 1989 en su primer Congreso Nacional. Al respecto, recientemente en condición de su primer comandante, Nicolás Rodríguez Bautista dijo: “La política de deslinde categórico la mantenemos porque es parte de la esencia revolucionaria del ELN, referida a nuestros principios ideológicos políticos y morales, esa política no va a cambiarse sino a fortalecerse” (5), incluso ha invitado a la Comunidad Internacional a constituir un mecanismo creíble de verificación (6), para establecer la veracidad o no de sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, pese a su férrea defensa del principio de no involucramiento con el negocio del narcotráfico, las autoridades judiciales han abierto procesos a personas del entorno de esta guerrilla, asimismo autoridades civiles en los territorios donde coincide su presencia con cultivos de coca, aseguran que el Eln si tiene vínculos con esa actividad, informaciones también suministradas por activistas de movimientos sociales territoriales.

Por estudios periodísticos independientes y de académicos reconocidos, disstintas instituciones han concluido que algunas estructuras guerrilleras del Eln, además de cobrar un impuesto al gramaje, como se llama la tributación que deben hacer los productores de pasta básica de cocaína, cobran importantes sumas por otro tipo de servicios como los de brindar seguridad de pistas de aterrizaje, por dejar pasar los insumos para el procesamiento de cocaína, por dar seguridad a laboratorios en medio de las selvas; lo cual no los hace narcotraficantes aunque sí los involucra con otros eslabones de la larga cadena de la actividad del narcotráfico; situación que en el marco del proceso de paz que se inicia deberá esclarecerse.

La propuesta insurgente de pedir que su conducta al respecto sea examinada por un mecanismo verificador, es un primer paso en la dirección correcta, toda vez que muy seguramente se requerirá que esta situación sea dilucidada en una submesa, toda vez que no admitirán que las sindicaciones sean tratadas en la agenda común acordada con el gobierno nacional.

Es evidente que el Eln, en cuanto parte del conflicto, es un actor con un estatus político reconocido, con quien se deberá resolver el levantamiento en armas mediante un acuerdo político, lo cual no obsta para que se abra también un diálogo jurídico frente a su presunto involucramiento con actividades del narcotráfico.

La disidencia: El 10 de junio de 2016 Gentil Duarte, comandante del Frente I de las Farc, informó al país mediante comunicado público, que se apartaba de las decisiones de la Comandancia de Farc y del proceso de diálogo y negociación que se estaba ultimando en la ciudad de La Habana; argumentando que el proceso era lesivo para los intereses del país y frente a los objetivos de la lucha histórica del movimiento fariano, decisión solo puede ser considerada como un acto de rebelión al interior del movimiento insurgente, organización guerrillera que de por si ya era rebelde, lo que constituye un fenómeno de “rebeldía dentro de la rebeldía”.

La organización insurgente Farc y su dirigencia nacional investida de la autoridad y legitimidad que le otorgaban los estatutos y reglamentos internos, adelantó los diálogos y las negociaciones de paz con el gobierno nacional, de cara al país y a su misma organización, toda vez que la totalidad de las estructuras del farianismo estuvieron representadas en la Mesa de negociaciones, entre la que se encontraba el Frente I con la presencia directa del mismo Gentil Duarte haciendo parte del cuerpo de miembros representantes en las negociaciones, reconocidos como tales por el mismo movimiento insurgente, el gobierno nacional que debió expedir las órdenes de suspensión de captura y los salvoconductos para que pudiese estar en la mesa en la ciudad de La Habana y, por supuesto, también por la Comunidad Internacional.

El proceso de diálogos y negociaciones de paz no se adelantó de espaldas a ninguna estructura, todas tuvieron conocimiento y pudieron integrar las discusiones de la mesa mediante procesos de consulta democrática (7), la que adquirió la mayor expresión con la convocatoria y realización de la X Conferencia Guerrillera, para aprobar o improbar los acuerdos de paz construidos en La Habana.

El magno evento del movimiento fariano, aprobó y acogió los acuerdos de paz, los que implicaba poner fin definitivo a la confrontación bélica con el Estado, a la disolución de las estructuras militares guerrilleras, a la creación de un movimiento político para hacer lucha política legal y sin armas, y a un proceso de dejación de armas y de normalización en la vida civil.

Las Farc dejaron de existir política y jurídicamente en el momento que aprobaron el Acuerdo de Paz, y con la incorporación del Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 al cuerpo constitucional. Por ello no es posible pretender la existencia de unas Farc, que fueron disueltas por determinación del Acuerdo de Paz y por la decisión democrática tomada en la X Conferencia.

Sin embargo, no es posible dejar de considerar la naturaleza política del acto de esa minoría rebelde al constituirse en disidencia, lo que no la legitima para resucitar una organización histórica ya disuelta y usar su nombre como si no hubiese pasado nada. Tampoco es posible ignorar que un número apreciable de quienes han retornado a las armas, lo han hecho frente al incumplimiento del Acuerdo, o a la lentitud en la implementación del mismo, y frente al temor de ser asesinados como ha venido ocurriendo.

Como ya fue anotado, caracterizar una organización no solo implica revisar su historia, qué dice, su conducta, sino también qué hace, lo que nos lleva a tomar en cuestión que la mayoría de las estructuras que hoy se cobijan con la bandera de la disidencia dirigida hoy por alias Iván Mordisco, están dedicadas a actividades de narcotráfico y de otras economías ilegales, que distan de ser actividades altruistas y revolucionarias.

Por otra parte, el Comunicado 1 suscrito por el Alto Comisionado para la Paz y por la delegación del EMC de las Farc (8), solo da cuenta del acto de la reunión exploratoria del Gobierno con quien se autodenomina de ese modo, unicamente en la línea de texto donde dice que “[…] los delegados de la insurgencia expusieron sus propuestas iniciales”, por lo que puede inferirse que podrá haber una caracterización de actor político; que como ya fue acotado en ningún caso podrá significar que se revive a la organización guerrillera ya disuelta, o que se reabre la discusión del Acuerdo Final.

A todas luces, buscar el cierre del conflicto armado, obliga a superar los fenómenos de persistencia de las violencias, los retornos, los rearmes; mediante mecanismos que ya están en la ley o que habrá que crearlos para ese propósito. Conviene, entonces, recomendar que a estas agrupaciones denominadas disidencias les den un tratamiento político-jurídico, que corresponda a la doble connotación de su historia y su realidad actual.

No obstante, también conviene decir que cualquiera que sea el tipo de “arreglo” con esta disidencia, deberá el Estado volcarse a los territorios en los que actúan y tiene influencia social para ocupar el territorio con presencia eficaz, y con restitución de derechos y programas de choque que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

La resurgencia: Es un término aplicado en la hidrología y que se define como la aparición repentina de un cauce de agua que se ha secado de manera natural (9), que también se aplica a fenómenos sociales como el acontecido en Colombia con el regreso a las armas por parte de un grupo de exinsurgentes que hicieron las paces, disolvieron sus estructuras guerrilleras y dejaron las armas.

Mal pueden ser llamados insurgentes, porque ya lo fueron y se reconciliaron con el Estado; o disidentes, porque no disienten de una organización inexistente. Llamarlos resurgentes es lo que mejor los define. El término ya se utilizó en América Central en los años ochenta y noventa para caracterizar a las estructuras de excombatientes que se formaron luego de dejar las armas y retornar a ellas; coloquialmente les llamaba “recontras”, “recompas”; dependiendo de la procedencia originaria, o también les denominaba “los rearmados” (10).

Este fenómeno de retornados a la violencia tuvo una duración de 8 años, tiempo durante el cual los gobiernos del Frente Sandinista para la Liberación Nacional dirigido por Daniel Ortega y después el del partido Conservador presidido por Violeta Barrios de Chamorro, combinaron el garrote y la zanahoria hasta desmontar las resurgencias.

Las negociaciones implicaron reconocimientos políticos y el otorgamiento de favorabilidades judiciales y de participación política, así como también la implementación de planes de choque de favorecimiento social en comunidades donde estos resurgentes se apoyaban.

La historia nos recuerda el involucramiento de los Estados Unidos en el rearme resurgente, por intermedio de un agente del Departamento de Defensa, el Coronel Oliver North (11), quien con recursos de narcotráfico hiciera compras de armas a Irán para armar a la Contra nicaragüense, episodio conocido como Irán-Gate.

El caso colombiano aludimos al fenómeno liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich y una veintena de excomandantes que encararon las negociaciones de paz en la ciudad de La Habana, y que tiene unas connotaciones de carácter político que explican y ayudan a definir la naturaleza política de este actor, que se ha autodenominado la Segunda Marquetalia, habida cuenta que fueron empujados al rearmamiento por el incumplimiento del Gobierno y el entrampamiento judicial que protagonizó un órgano del Estado como la Fiscalía General de la Nación en complicidad con un órgano de Estado de los Estados Unidos, la DEA.

En este episodio, al igual que en el de Nicaragua, los Estados Unidos terminaron involucrados como proveedores de dinero y drogas; para la adquisición de armas en Nicaragua, para reventar la paz en el caso colombiano.

Esta manera de “empujar” hacia la violencia a quienes acogieron la paz, no exonera totalmente de responsabilidades a los rearmados, pero sí les confiere un carácter político como consecuencia que fue la reacción frente a la trampa, y los delitos de felonía y perfidia protagonizados por el Estado colombiano.

Salta a la vista que, sin perjuicio que exista un diálogo jurídico del Estado con ellos, dado su involucramiento con el narcotráfico, se debe dar un tratamiento político a su rearmamiento, para buscar el retorno a la legalidad en la que ya estuvieron.

La criminalidad organizada: Involucrael fenómeno expandido y extendido deusufruto de economías ilegales por parte de grupos organizados para la comisión de delitos (12), en lo fundamental en zonas apartadas del país en las que el Estado es débil o insuficiente para contener la criminalidad y la violencia, tales como los territorios de frontera, así como regiones otrora bajo control fariano y ahora en disputa entre distintas organizaciones ilegales y de la cual se expande la percepción cierta de generalización y extensión en casi todo el territorio nacional de la criminalidad organizada.

La formulación de la Paz total incluye a estas organizaciones criminales como actores de violencia, y como sujetos de paz toda vez que se pretende que acaten y respeten la ley, que quienes las integran retornen a la legalidad y al seno de sus familias y comunidades, mediante la oferta de acatamiento de la ley a cambio de favorabilidades jurídicas y mecanismos para la normalización de sus vidas, la de sus familias y de las comunidades que las sufren o que eventualmente las apoyan.

La iniciativa de respeto a la Ley y acatamiento a la justicia, que ha de desarrollarse mediante un diálogo eminentemente jurídico liderado por el Gobierno, pero desarrollado por las autoridades de justicia; tiene además un componente social, toda vez que las organizaciones criminales han desarrollado territorialidad, han logrado cooptar o penetrar la débil institucionalidad local mediante la intimidación, el constreñimiento y la corrupción; circunstancias que derivan en formas de legitimidad, reconocimiento y apoyo de comunidades a estas organizaciones.

Este componente social, para ser eficaz, debe ser robusto y permanente, con el fin de cambiar estructuralmente las condiciones de vida de las gentes, al punto que la oferta de la delincuencia y la criminalidad sea superada por la del bienestar que genera la presencia y actuación del Estado social y de derecho y del desarrollo material y humano para todos.

Tendrá que hacer el Gobierno, aplicarse en la caracterización e identificación de estas organizaciones criminales, mediante el establecimiento de unos parámetros mínimos, distinguiendo entre organizaciones rurales y urbanas.

Cualquiera sea la circunstancia, las organizaciones criminales en el proceso de acatamiento a la ley, deberán cumplir con una ruta de siete pasos fundamentales (13):

1.  Reconocimiento y acatamiento al imperio de la ley .

2.  Desmonte total de las estructuras ilegales.

3.  Reconocimiento de delitos.

4.  Entrega de armas y logística utilizada en las actividades criminales.

5   Desvelamiento y entrega de rutas de tráfico ilegal.

6.  Entrega y legalización de bienes y capitales habidos ilegalmente.

7.  Reparación a víctimas.

El Estado podrá ofertar, además de las favorabilidades judiciales, las que solo operarán por una vez, la no extradición y pago de las penas privativas de la libertad en suelo colombiano. ã

1. https://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art77/dic_art77.pdf

2. https://cnwebsite.blob.core.windows.net/files/2022/08/PROYECTO-PAZ-PETRO.pdf

3. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf

4. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/13612/12615

5.  https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/08/%E2%80%9CEl-deslinde-catego%CC%81rico-con-el-narcotra%CC%81fico-es-parte-de-nuestra-esencia%E2%80%9D-Gabino.pdf

6. https://www.rcnradio.com/judicial/eln-nego-que-el-extraditable-jose-alvarez-haga-parte-de-ese-grupo-guerrillero

7. http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/wp-content/uploads/2016/09/X-CONFERENCIA.pdf

8. https://www.reporterosasociados.com.co/2022/09/comisionado-de-paz-se-reunio-con-disidencias-de-farc/

9. https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/resurgencia

10. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-65312017000101640

11. https://www.britannica.com/biography/Oliver-North

12. Destacan entre ellas el procesamiento y tráfico de cocaína y otras sustancias psicoactivas, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando de mercaderías, el contrabando y robo de combustibles, el expolio de recursos naturales, el secuestro y la extorción, entre muchas otras conductas delincuenciales.

13. https://abcpaz.com/wp-content/uploads/2022/09/PAZ-COMPLETA-Y-PAZ-TOTAL-PONENCIA.pdf

Fuentes

 Todos los libros son “Libros libres”, descargables gratuitamente en: https://abcpaz.com/?page_id=526

* Promotor de Paz

  • Una contribución a la paz

    Una contribución a la paz

    En la prolongada y cruenta guerra colombiana, ante el poder del perpetrador y la indefensión de la víctima, los espectadores acabaron justificando el daño y atribuyendo cierta autoridad moral al perpetrador. Las víctimas tuvieron que soportar una segunda afrenta: la de poner en entredicho su honra y su buen nombre, el ser juzgadas y culpabilizadas…


  • “Lo condenaron bajo la Ley de Seguridad del Estado, una ley que castiga toda libertad de expresión, que en democracia no debería ser utilizada”

    “Lo condenaron bajo la Ley de Seguridad del Estado, una ley que castiga toda libertad de expresión, que en democracia no debería ser utilizada”

    A una semana del inicio de la huelga de hambre por parte del werkén y líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco-CAM, Héctor Llaitul, la vocera de la huelga, Aliwen Lepin, explica las razones de la medida de presión del fundador de la organización autonomista mapuche que busca como primera medida la nulidad del juicio…


  • El resentimiento social, combustible del macronismo

    El resentimiento social, combustible del macronismo

    En un presente signado por el aumento de las desigualdades, el declive económico de las clases medias y populares y el avance de otras formas de resentimiento ligadas al pasado colonial, el gobierno de Macron consolida una agenda de extrema derecha que se expresa en un Estado policial y un lenguaje identitario y xenófobo. Suscríbase…


Información adicional

Autor/a:
País:
Región:
Fuente:
El Diplo We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications