Por Miguel Lawner
Este 12 de diciembre de 2022, se consumó la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno. Durante 92 días, encerrados en el viejo Congreso, de espaldas al pueblo, diputados y senadores de gobierno y oposición, terminaron por parir un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando, en los hechos, el modelo económico social neoliberal, concebido por Jaime Guzmán y un puñado de “expertos”, como se les llama ahora.
Es curioso. El resultado del Plebiscito del pasado 4 de septiembre, respaldó abrumadoramente la opción RECHAZO. Quienes la apoyaron no debieran temer a la soberanía popular. Sin embargo, su legendario terror a cualquier expresión verdaderamente democrática, es superior a un razonamiento lógico y los induce a promover sofisticadas fórmulas destinadas a evitar algún cambio de verdad.
El documento presentado ayer por algunos artífices de la traición, como Álvaro Elizalde, presidente del Senado y Raúl Soto, ex presidente de la Cámara de Diputados, es un modelo de encadenamiento de la voluntad popular.
Se plantea la elección de un “Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida”.
Pero ojo. Aquí está la firme: Este Consejo no elaborará ninguna propuesta de nueva Constitución. Solo podrá aceptar o rechazar la propuesta elaborada por una “Comisión de Expertos, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.”
“Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo”.
En resumen. Que quede claro. El Consejo Constitucional, integrado por 50 personas, no elabora nada…. Nada!!! Repito: su único objetivo es discutir y aprobar una propuesta de texto que le presentan la ilustre Comisión de Expertos.
¿Quiénes son estos expertos? ¿Estos sabios dotados de una sabiduría infalible, solo comparable al Oráculo de Delfos?
Dios !!!. Más respeto. Se trata nada menos que de la “Comisión Expertos conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras”
¿Quién puede ser un experto? ¿Experto en qué? ¿En Derecho constitucional? ¿En Salud, Educación, Vivienda, Economía?
Por ejemplo: yo puedo considerarme un experto en materias de políticas de Vivienda y Ciudad. Pero otros dirán con igual mérito, que Iván Poduje también es un experto en dichas materias. ¿Hay dudas de como procederíamos él y yo en formular el derecho a una vivienda digna y adecuada? Uno preocupado de promover la vivienda como un bien común y el otro en mantener y/o perfeccionar la vivienda como un producto de mercado.
No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile ni en ninguna parte.
Por último, a fin de evitar cualquier posibilidad de que pudiera escaparse alguna propuesta verdaderamente democrática, el Acuerdo aprobado ayer formula la existencia de un “Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales”.
Debemos reconocer el talento de quienes idearon este engendro, de concebir un mecanismo blindado en tal forma, que evite cualquier posibilidad de modificar el modelo económico y social vigente.
Ejercí por primera vez el derecho a voto en la elección presidencial que tuvo lugar el año 1952. Desde entonces hasta ahora, nunca dejé de votar, incluso durante los nefastos años regidos por la Ley Maldita dictada por el traidor González Videla.
Confieso que por primera vez en mi vida no me prestaré a validar un procedimiento tan perversamente antidemocrático. Lo lamento por los compañeros junto a quienes he librado tantas batallas en mi vida y que, de buena fe, han suscrito semejante engendro.
No puedo. Tendrían que hacerme de nuevo.
No importa. Es un hecho que yo no alcanzaré a verlo, pero no tengo duda alguna en los valores de un pueblo que fue capaz de construir los inolvidable mil días del gobierno de Allende y que abrá recuperar, no sé si más temprano que tarde, la capacidad de construir su futuro.
Un nuevo acuerdo constitucional por la democracia de Chile.
Por Andrés Kogan Valderrama
El acuerdo constitucional por Chile firmado este 12 de diciembre por las distintas fuerzas políticas del congreso, a excepción de la nueva derecha negacionista, liderada por José Antonio Kast, no solo es una buena noticia para quienes creemos que solo con un cambio constitucional democrático se podrán generar las bases para un nuevo pacto social en el país, sino que también hacerse cargo de manera responsable de un momento histórico, que no podemos dejar pasar y postergar para el futuro.
De ahí que se conformará un nuevo consejo constitucional de carácter paritario y con escaños de pueblos originarios, el cual tendrá 50 constituyentes elegidos democráticamente, bajo las mismas reglas del senado, y que será acompañado tanto por una comisión de 24 expertos designados por el congreso, que elaborarán un anteproyecto, como también por un comité técnico compuesto por 14 personas, que velarán por el cumplimiento de 12 bases constitucionales (1).
Dicho lo anterior, si bien este nuevo proceso podrá ser más limitado en términos democráticos que el anterior, dado el excesivo rol que tendrán esos expertos designados y el comité técnico, no firmar el acuerdo, como algunos sectores estaban pidiendo, era negarle a Chile la posibilidad de darle por segunda vez una salida institucional al enorme malestar que aún existe en el país.
No debe sorprender entonces, que al igual como pasó con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, varios sectores de izquierda y provenientes de movimientos sociales, no tardaron en cuestionar este nuevo acuerdo, señalando que fue el resultado de la misma cocina política al interior del congreso, de espaldas a la ciudadanía, por lo que se mantendrán al margen de este nuevo proceso constituyente, tildándolo de traición al pueblo.
No obstante, verlo así nuevamente, es no darle ningún peso a la enorme derrota que sufrimos justamente por el pueblo de Chile el 4 de septiembre, el cual de manera contundente rechazó no solo un texto y no solo fracasó por la campaña del terror financiada por los grandes grupos económicos, sino también por los errores de una Convención Constitucional que se cerró en sí misma y que perdió cada vez más su conexión con la sociedad chilena.
Con esto no digo en ningún momento que el proceso constituyente anterior debiera ser tirado a la basura, como los sectores más conservadores han instalado mediáticamente y puesto a la Convención Constitucional como un chivo expiatorio, al tildarlo como mamarracho y como una mera pérdida de recursos y de tiempo para el país.
Muy por el contrario, de lo que se trata es ver y rescatar todo lo positivo que hubo en él, en muchos de los contenidos y horizontes propuestos en el texto, así como lo histórico que fue, al ser el primer órgano constitucional democrático de Chile, pero también aprendiendo de sus propios límites.
No verlo así, es seguir obstinado desde una trinchera ideológica, que podrá ser muy crítica y coherente internamente, pero incapaz de situarse en el contexto actual y construir puentes para una salida institucional a un país que no resiste seguir teniendo la constitución ilegítima actual, la cual debe ser superada sí o sí, sobre todo considerando que el próximo año 2023 se cumplirán 50 años del golpe de Estado en Chile.
En consecuencia, la necesidad histórica de que se apruebe una nueva constitución, que seguramente no tendrá muchos de los contenidos vanguardistas de la anterior escrita por la Convención Constitucional, debe ofrecer esta vez un nuevo texto que se conecte mucho más con lo que la gran mayoría de las y los chilenos quieren para sus vidas.
Por lo mismo, lo que se trata es que esta nueva constitución represente a la gran mayoría del país para que voten masivamente por ella en el plebiscito de salida, por lo que el nuevo órgano debe mostrar mucha más capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, sin caer en descalificaciones y soberbia, como pasó en muchas ocasiones en la Convención Constitucional anterior, en donde no fuimos capaces de poner freno a ciertas formas que no correspondían y que dañaron finalmente el resultado final.
En definitiva, este 12 de diciembre del 2022 tiene que ser visto como una nueva oportunidad que tenemos como chilenos y chilenas para retomar una discusión constitucional, que a pesar de todas sus limitaciones, igual será histórico para el país, en el caso de aprobarse una nueva carta magna democráticamente, la cual se nos ha negado siempre.
1: https://www.senado.cl/noticias/proceso-constituyente/acuerdo-por-chile-definen-consejo-constitucional-comite-de-expertos-e
14 de diciembre de 2022
