Las EPS no le han pagado a la red hospitalaria pública por los servicios prestados. La deuda acumulada con los hospitales del Distrito Capital ronda los 637 mil millones de pesos (1). Hay un profundo deterioro de la atención al poner como modelo la Ley 100, cuya principal atención está en la curación de las enfermedades, veta del negocio (2). Es alto el porcentaje de opinión desfavorable que deslegitima el sistema.
Las acciones de tutela en salud entabladas por ciudadanos con perjuicios o afectaciones se incrementaron de 21.301 en 1999 a 94.502 en 2010, como único mecanismo para proteger su derecho a la salud del abuso de las EPS, mientras el 60 por ciento de las causas de las tutelas corresponden a los aspectos contenidos en el POS que se les paga y deben dar obligatoriamente las EPS (3).
Diversas investigaciones académicas evidencian la reemergencia de enfermedades que hasta 1993 tenían un nivel de control importante en Colombia, como en los casos de la tuberculosis, la fiebre amarilla, el dengue y la rabia humana; o el hecho de la pérdida de las coberturas útiles de vacunación para el control de enfermedades inmunoprevenibles o el desmonte de los programas verticales de salud pública, que llevaron, por ejemplo, a terminar con el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM), que enfrentaba el paludismo (4).
Aun con el enorme desfalco que les propician las EPS a las finanzas públicas, en Colombia seguimos con un modelo de salud neoliberal indemne, inmodificable, que instauró la Ley 100 en 1993, una Ley que concibió la salud como bien privado de consumo y la incorporó en el mercado del aseguramiento para el cuantioso usufructo, además, de una intermediación financiera de las aseguradoras de salud que se lucran a expensas de la salud y la vida de la gente. Es más, como se puede deducir del artículo de Lazare en esta edición sobre la situación de Estados Unidos (ver pág. 6), el esquema de subsidio para el aseguramiento se replica allá como el gran logro para avanzar en la universalidad de la atención en salud, desconociendo el conjunto de exclusiones e inequidades que generan acá, donde el mercado mantiene las desigualdades.
Daños éticos, contra la salud y la vida de los pacientes, ¿no son suficientes?
La Superintendencia de Industria y Comercio halló en 2011 que entre las EPS asociadas en Acemi unificaron su proceder, para así negar sistemáticamente a los usuarios del régimen contributivo un conjunto de servicios que hacen parte del POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga. Es decir, cobraban dos veces por un mismo servicio de salud. Igualmente, la Superintendencia encontró que las EPS recobran el pago de medicamentos básicos que hacen parte del POS, negados en principio por las EPS y después recobrados al Fosyga, a precios desmesurados. Con este tipo de robos, tal organismo estimó una pérdida cercana a los 4,5 billones de pesos (5).
Desde el ángulo de las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales del sector salud, hay un deterioro que resulta del establecimiento de formas de contratación flexibles, inestables desde el punto de vista del Derecho laboral, con altos ritmos laborales, reconocimiento salariales bajos y con imposiciones administrativas que han alterado las relaciones entre los usuarios de los servicios de salud y los profesionales de la salud, con grave deterioro de la calidad. Esta situación lleva a que los gremios médicos de tradición conservadora demanden otro sistema de salud (6).
Otro efecto perjudicial del modelo de salud es la liquidación de varios hospitales públicos. Una ausencia que, además de traer consecuencias en la disminución del acceso a los servicios de salud para la población de los territorios así desfavorecidos, genera menoscabo en la calificación y la idoneidad de los procesos de formación académica salud, al perderse importantes centros de formación, como el caso del Hospital San Juan de Dios de Bogotá o el Hospital Universitario de Pereira y el de Cartagena.
Cerrar el gran paréntesis no humano neoliberal
Además de la inconformidad, el tema de la crisis de salud es hoy cotidiano en los medios de comunicación: periodistas de renombre denuncian y escriben sobre esa situación y sus consecuencias (7). Entonces, surge una pregunta: ¿Por qué insistir en el mantenimiento del actual modelo neoliberal de salud cuando hay un enorme cúmulo de evidencias de sus problemas, deslegitimización social y clamor generalizado para que acaben las EPS? Al respecto –tal como expresan los médicos en el artículo, refiriéndose al caso de la política sanitaria en Francia (ver pág. 7)–, no hay otra respuesta que cerrar este tiempo neoliberal en nuestro sistema de salud.
Asimismo, se impone recuperar el control estatal del sistema de salud y reafirmar el deber del Estado como garante de este derecho de la población y no como institución al servicio de los mercaderes de la salud. Hay evidencias suficientes y propuestas de elaboración colectiva, con experiencia y fundamento para construir un nuevo sistema acorde con nuestra realidad, y las necesidades sociales y sanitarias que superen su mercantilización.
1 Hernández M., Crisis hospitalaria en Bogotá: razones de fondo. Razónpública.com. Edición 21 de mayo de 2012.
2 Redacción Salud. Sólo el 8 por ciento de colombianos cree que el sistema de salud es bueno. Diario El Tiempo edición 3 de abril de 2012.
3 Defensoría del Pueblo. Programa de Salud. La tutela y el derecho a la salud 2011. Bogotá.
4 Torres-Tovar M., “Dengue epidemia a la vista. ¿Y de la salud de la gente, qué?”, periódico desde abajo, edición Nº 155, marzo de 2010.
5 Torres-Tovar M., El cartel de la salud. La Ley 100 es un negocio, no un sistema de garantía del derecho a la salud. periódico desde abajo, edición Nº 169, 21 de mayo de 2011.
6 Redacción Salud. 50 mil médicos piden a Santos pensar en otro modelo de salud. Diario El Tiempo edición 14 de mayo de 2012.
7 Gossaín Juan, Así se robaron el sistema de salud de los colombianos. Diario El Tiempo edición 23 de marzo de 2012.
* M.D. Salubrista; miembro del Movimiento de Salud de los Pueblos y del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
Recuadro
La Corte Constitucional falló una Sentencia que declaró la salud como derecho humano fundamental y que le exigió al Gobierno reorganizar el sistema de salud (1), producto del enorme cúmulo de acciones de tutela en salud que el ente ha tenido que tramitar. Como parte del seguimiento a las órdenes de la Sentencia, la Corte ha realizado Audiencias Públicas que llevan a la conclusión de que todo continúa igual y con tendencia a deteriorarse; sólo hay leves mejoras que no inciden en el goce efectivo del derecho (2). En la última Audiencia, la Corte concluyó que entre las principales causas de la crisis del sistema de salud están las relacionadas con un alto grado de corrupción, debilidad de control estatal e ineficiencia administrativa (3), razón del llamado que se hizo al control de los comerciantes de la salud y asimismo a rediseñar la estructura del sistema de salud.
Por su parte, la Contraloría General de la República denunció que al menos 59 EPS estarían involucradas en una red que manipula los costos de los medicamentos, asunto denunciado de tiempo atrás por el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana (http://www.observamed.org/) (4). Las EPS compran al por mayor y terminan recobrándole al Fosyga como si comprasen al detal, casos del acetaminofén, que al por mayor lo cobran por tableta a 17 pesos, terminan cobrándolo a 90.000 o el Isodine con valor de $255 y recobrado a $2 millones (5), situación que ha llevado a un desfalco de las finanzas públicas de salud de 32 mil millones de pesos. Igualmente, el ente de control denunció que, como producto de las investigaciones adelantadas, hallaron que las EPS Saludcoop y Famisanar se apoderaron indebidamente de dos billones de pesos de los recursos destinados al POS (6).
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008.
2 Redacción El Tiempo.com. “Corte exige al Gobierno control sobre “mercaderes de la salud””. Diario El Tiempo edición 10 de mayo de 2012.
3 Franco S., El colapso del sistema de salud y las alternativas en cierne. Razónpública.com. Edición mayo de 2012.
4 Torres-Tovar M., “El cartel de la salud. La Ley 100…”, op. cit.
5 Cantillo D., “Desfalco a la salud. Algunas EPS cobraban drogas como Isodine de $255 a $2millones”. Elespectador.com, edición del 24 mayo 2012.
6 Redacción Salud. “Saludcoop y Famisanar se apoderaron indebidamente de $2 billones”. El Tiempo edición del 23 de mayo de 2012.