El país se encuentra de nuevo en etapa electoral. Y los programas de los candidatos, presentados como el recetario para transformar la nación en una copia del paraíso, ignoran o esquivan el hecho de que Colombia afronta una base estructural de su economía que no sólo es volátil sino difícilmente sustentable en el mediano y largo plazo. La campaña se convierte así en un espejismo y en la garantía de la prolongación de nuestro estancamiento secular.
Llegan a sus final ocho años del grisáceo mandato de Juan Manuel Santos, un anodino burócrata que desde los años noventa del siglo pasado hizo parte de todos los gobiernos, sin importar su signo político, y que en ocasiones fungió como funcionario internacional con el mismo tono opaco característico de su quehacer público. Su presidencia continuó, en el orden estructural, la ‘estrategia’ adoptada por las administraciones nacionales desde 1990: carecer de política e intentar acomodarse de forma reactiva a los vaivenes de la acumulación internacional del capital, y proactiva respecto de los dictados de los poderes multilaterales.
El rito continúa. Por su obligada sucesión, entramos en ese breve interregno en el que los medios masivos de comunicación exacerban nuestro sentido ‘democrático’ y nos invitan a sufragar con entusiasmo para que los “colombianos decidamos” sobre el cambio de gobierno y quizá de suerte. Las ilusiones despiertan y la parafernalia que alimenta esperanzas y ensoñaciones es puesta a la orden del día, con tal fuerza, que pese a las continuas frustraciones, el mecanismo sigue repitiéndose periódicamente cada cuatro años, sin que dudemos mayoritariamente de él.
Pero, ¿de qué cambio o continuidad hablamos? Miremos, primero, algunas generalidades de nuestra realidad macroeconómica, para luego preguntarnos sobre las posibilidades de vías alternativas en un país, que como el nuestro, ha entrado en una fase de estancamiento, cuando no de regresión, disimulados ya sea mirando la situación de otras naciones, o con los sofismas de siempre que van desde la distracción de los escándalos hasta el uso de anacronismos como que nuestro progreso es innegable puesto que hoy usamos televisión e internet y hace ochenta años carecíamos de esos servicios.
Comencemos observando que la tasa de variación del PIB ha estado angostándose desde el 6,6 por ciento de 2011, el mayor valor alcanzado en las últimas décadas, hasta el magro 1,8 por ciento del año pasado (ver figura Nº 1), en una caída permanente que logró ser velada con la polvareda mediática del proceso de negociación con las Farc. En 2017, pese a que el PIB total no alcanzó valores negativos, la explotación de minas y canteras (-3,6%), la industria manufacturera (-1,0%) y el transporte (-0,7) quedaron en números rojos, en una clara señal, dada su importancia, de una debilidad económica que los medios convencionales han minimizado. La rebaja de “BBB-” desde una nota previa de “BBB” a la deuda colombiana, que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s oficializó en la primera quincena de diciembre pasado, y que el ministro de hacienda Mauricio Cárdenasm subestimó diciendo que debía verse tan sólo como una advertencia, fue reforzada éste febrero por la agencia de calificación Moody’s que disminuyó de ‘Estable’ a ‘Negativa’ la perspectiva del país, si bien manteniendo su calificación en Baa2, en un claro mentís a las autoridades económicas nacionales y a los analistas convencionales, que clamaban regocijados que las bases para un repunte estaban dadas.
Doble descalificación que, en últimas indica que al capital internacional le preocupa el incremento de la deuda colombiana, que de representar el 35% del PIB en 2012 alcanzó, finalizando el 2017, el 47 por ciento. El mensaje es claro, y está destinado al próximo gobierno: el cumplimiento de los pagos al sistema financiero internacional está por encima de cualquier cosa, por lo que ajustar los ingresos del gobierno, con una reforma fiscal que invoque austeridad, es un requisito para contar con la anuencia de los poderes multilaterales. Y en esa materia, recitar el mantra del aumento del IVA, regresivo fiscalmente sin duda alguna, y rebajar impuestos a las empresas es lo único escuchado.
¿Dónde reside la incertidumbre?
El país desde los noventa del siglo pasado, cuando fue disuelto el llamado ‘Pacto del café’ que regulaba el mercado internacional del grano, principal renglón de exportación de nuestro país en ese momento –y que llevaba casi una centuria como el principal generador de divisas–, entró en una fase de reconversión desde un modelo agro-exportador a un modelo minero-exportador. El carbón, el ferroníquel y el petróleo asumen, entonces, el peso principal para el ingreso de divisas, y el país asume el papel de un abastecedor más de esas materias primas en la división internacional del trabajo, luego que el llamado proceso de globalización fuera convertido en la estrategia central del capital. Colombia inaugura así una etapa de su economía en la que la volatilidad será la marca de su desempeño.
Que dentro de los materiales del subsuelo el petróleo haya sido el remplazo del café como primer producto de exportación, coloca al país en una situación bastante vulnerable como quiera que nuestras reservas, tanto probadas como potenciales, son un porcentaje muy bajo del recurso en el panorama internacional (una cifra cercana al 0,1%) y, pese a ello, las ventas externas del crudo, entre 2012 y 2015, sumaron más de la mitad del valor exportado, reduciéndose en la actualidad hasta el 34 por ciento. El decremento de las reservas de petróleo, desde un máximo en la última década de 2.445 millones de barriles en 2013, a 1.665 millones al finalizar 2016 (ver figura Nº 2), muestran de bulto la problemática de la incertidumbre que encierra jugar a ser petroleros sin ninguna perspectiva real de llegar a serlo. Como no podía ser de otra manera, la producción promedio diaria descendió de un máximo de 1.009.691 barriles a 852.660 que fue la producción del año inmediatamente anterior (ver figura Nº 3).
Dado el peso del petróleo en el sector externo, el comportamiento de las ventas totales al exterior ha terminado dependiendo de las del crudo, hasta el punto que la caída experimentada por las exportaciones durante el último quinquenio lo explican plenamente las contracciones experimentadas por las ventas del llamado oro negro, como es observable en la figura Nº 4. La correlación entre los recorridos de las variables es evidente, y nada permite pensar que el país tenga forma de generar ventas externas que compensen la inestabilidad propia del mercado de los hidrocarburos. El 20 por ciento de los ingresos fiscales depende de las exportaciones de esa materia prima, por lo que una caída de las ventas del recurso necesariamente contrae el gasto y obliga a transferir ingresos, de otros agentes económicos al Estado, con las inevitables consecuencias sobre la demanda agregada. La baja en las calificaciones de riesgo de la economía colombiana, visto lo anterior, no son más que la formalización del diagnóstico realizado por los “mercados” –como les gusta decir a los creyentes en el automatismo social– de un serio deterioro de la economía colombiana.
¿Qué prometen?
Las propuestas de los candidatos del establecimiento –la llamada derecha– están enmarcadas en insistir en la inserción internacional a través de recursos del subsuelo, ignorando las limitaciones en su disponibilidad. Y cuando dicha limitación es reconocida por algunos, como en el caso del petróleo, al aceptar la realidad de una geología poco propicia, las propuestas apuntan a superar la situación aumentando las tasas de recuperación en los yacimientos existentes, o recurriendo a fuentes no convencionales como los hidrocarburos de esquisto, desconociendo que en la ronda de 2014 la participación en las concesiones ofrecidas para ese tipo de fuentes de recursos fue muy baja.
Quienes desde ese horizonte ideológico aspiran a la magistratura ven un obstáculo en las consultas populares que, de acuerdo con la sentencia C-123 de 2014, son un proceso que obliga a las autoridades del orden nacional a concertar con las autoridades del orden territorial y las comunidades la planeación minero-energética. Limitar los efectos vinculantes de los resultados de dichas consultas es una promesa que en nombre del ‘desarrollo’ ofrecen los candidatos de ese espectro político. La expedición de la Sentencia de Tutela T-445 de 2016 por parte de la Corte Constitucional, confirmando el derecho que asiste a las autoridades del orden territorial de consultar a sus poblaciones si la explotación del subsuelo amenaza su bienestar, y el reconocimiento de “que no existe una investigación científica y sociológica elaborada por el Estado que permita determinar los efectos de la minería sobre los recursos naturales, el ecosistema y las poblaciones aledañas a los lugares donde se realizan actividades mineras”, así como la orden “al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, que conformen una mesa de trabajo con el objetivo de construir dichos estudios en un término improrrogable de dos (2) años”, son una muestra más de que sostener el statu quo no obedece a cosa distinta de la impericia, la ignorancia y la incapacidad de pensar el largo plazo tan propio de la élites del país. Lo que entre líneas sostiene la Corte Constitucional es que las decisiones sobre explotación minera han sido tomadas sin estudios rigurosos y, por tanto, sin tener en cuenta los principios más elementales de la planeación.
Desde los grupos más conscientes, inscritos en las visiones de un mundo diferente, la aceptación de que debemos salir del ‘extractivismo’ es manifiesta, sin embargo los lineamientos de un proyecto alternativo al respecto son muy vagos, hecho que no es exclusivo de nuestros políticos y ambientalistas, sino que es común a los anti-extractivistas del continente. Renunciar a los recursos del subsuelo como la forma de participación en los intercambios internacionales significa una alteración radical de las actuales formas de vida de estos países, pues pasa por cuestionar muchos aspectos del consumo importado que, por razones tecnológicas, en algunos casos, o de economías de escala, en otros, no sería posible o conveniente producir de manera local.
Realidad interna-externa que abre interrogantes como, ¿cuál debe ser nuestro grado de soberanía productiva?, ¿cuál es posible en las condiciones actuales? ¿cuán autónomos podemos ser para elegir nuestros bienes comercializables? Estos interrogantes, que hasta hace poco eran imposibles de hacer dejan, curiosamente, de ser absolutas herejías o simplezas, luego que los Estados Unidos, la más grande potencia capitalista, abogara por un cierre de su economía. El fracaso de los tratados de libre comercio firmados por nuestros gobiernos, que en el caso del suscrito con los Estados Unidos no ha sido evaluado de forma crítica, pues lejos de traducirse en una ampliación de las ventas a ese país ha sucedido todo lo contrario, como quiera que en 2012 –el año de su puesta en marcha–, las exportaciones a esa nación fueron el 36,3 por ciento del total de las exportaciones colombianas, mientras en el 2017 la cifra quedó reducida al 27,8 por ciento (en valores absolutos, de 21.833 millones de dólares en 2102, las exportaciones en 2017 quedaron disminuidas tan sólo a 10.541 millones); resultado que obliga a reformular las formas de interacción del país con el resto del mundo.
¿Neo-sustitución de importaciones?
El período de la segunda postguerra que va desde 1945 hasta finales de la década de los setenta, estuvo signado en los países periféricos por las fórmulas que nos debían conducir al ‘desarrollo’, y cuya estrategia central fue la sustitución de importaciones. La Cepal fue la institución encargada de dar las directrices cardinales y de estimular las políticas para tal fin, centrando en la industrialización el mecanismo de copia del transitar histórico de los países del centro capitalista. La revocatoria de ese modelo, impulsada por la búsqueda de la concentración y centralización del capital, iniciada desde los ochenta del siglo XX, para aprovechar las economías de escala en grandes unidades productivas, que no otra cosa fue el llamado proceso de neo-liberalización de la economía, recompuso la división internacional del trabajo y desindustrializó la mayoría de naciones de la periferia, desandando el camino iniciado por la política de sustitución de importaciones. La reprimarización de estas economías fue el resultado final de dicho proceso, que hoy ante el abatimiento del precio de las materias primas tiene a los países marginales en una encrucijada.
Revertir esa primarización y salir de su forma más perversa, el extractivismo, empieza a convertirse en una meta urgente para dar salida a la actual situación errática que enfrentan nuestras naciones, Pero, ¿por dónde empezar? Quizá resulte paradójico, o incluso parezca contradictorio señalar, que el comienzo de la autonomía puede residir en lo que algunos grupos alternativos han denominado soberanía alimentaria, y es paradójico porque la propuesta consiste, precisamente, en la retoma de ciertas producciones del sector primario que a estas sociedades les han sido arrebatadas: la obtención de sus propios alimentos.
En el caso colombiano, quizá el ejemplo icónico es el del maíz, cuyas importaciones de alrededor de 4 millones de toneladas al año cuadruplica la producción nacional. En este caso, buena parte del estímulo a las importaciones proviene del hecho que en el TLC firmado con los Estados Unidos fue negociado un contingente de cero aranceles para dos millones 640 mil toneladas, que entran al país sin pagar un solo peso y que están jalonando el precio mayorista a la baja, desestimulando a los productores nacionales. Recuperar el sector, sin embargo, obligaría a denunciar el TLC con ese país, asunto que ninguno de los candidatos ha señalado.
Sobre los productos de la industria, el asunto es más complicado, en razón del abismo tecnológico. La desindustrialización sufrida a partir de los ochenta del siglo pasado no fue producto del llamado tránsito hacía una economía de servicios, característica del post-industrialismo, y motivada por los procesos de automatización del sector manufacturero, sino del desmonte absoluto auspiciado por los poderes del gran capital en la mayoría de nuestras sociedades, de la producción de ese sector. Los grupos más reaccionarios, cuando tocan el tema, apuntan a que el país dispute los procesos de maquila que los países industrializados exteriorizan con las deslocalizaciones de algunos procesos de ensamblaje. Los pensadores y políticos progresistas han señalado la necesidad de la re-industrialización de ‘sectores estratégicos’, pero sin especificar cuáles. La idea no es precisada, y no es claro si debemos retomar allí un proceso sustitutivo de importaciones, que vaya en contravía de la actual división internacional del trabajo, o procurar fabricar productos demandados en los mercados mundiales, para sustituir nuestros bienes exportables.
Sea como sea, lo cierto es que la campaña electoral ha quedado dividida entre los que, digan lo que digan, lo único que ofrecen es profundizar la situación actual a pesar de los inmensos riesgos que conlleva y de los desastrosos efectos que ha tenido en la distribución del ingreso, y aquellos que ven la necesidad de superar la situación pero tan sólo pueden balbucear algunas generalidades, cuyos intentos de plasmar en la práctica, si existiera la oportunidad, seguramente conduciría a frustraciones mayores que más adelante generen escepticismo entre quienes desean un mundo distinto.
A pesar de lo anterior, no debe quedar la sensación de que cualquier resultado en las próximos comicios conduce a lo mismo. Es claro, por ejemplo, que los amigos de la conservación del actual estado de cosas buscarán torpedear la reinserción de las Farc en el concierto político de la legalidad, mientras que los llamados candidatos del centro y de la izquierda intentarán proteger el proceso, lo que seguramente no es poca cosa, pero, ¿no es igual de urgente plantear salidas a la incertidumbre que representa el actual estado estructural de la economía colombiana?, ¿debemos seguir navegando sin una política de Estado que garantice un futuro digno para todos los pobladores de nuestro territorio?
Estamos, entonces, ante una realidad compleja que resalta en este tipo de momentos políticos. La ausencia casi total de pensamiento crítico y el nulo papel de la academia en la identificación de las amenazas hacía adelante que enfrenta el país, plantean la necesidad de una reflexión sobre nuestro quehacer que vaya más allá de las coyunturas electorales y que marque metas verdaderamente garantistas sobre el mañana.
