Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*

¿Cuáles son algunos de los cambios, rupturas y tendencias que se registran en el siglo XXI respecto a la relación entre democracia, cultura política y participación ciudadana en Colombia? Una transformación sociopolítica fundamental de comprender en el contexto de la coyuntura electoral que registra en la actualidad el país.

Diversidad de cambios toman cuerpo en el tejido social colombiano, entre ellos los que reflejan el ambiente y la cultura política. La quiebra de un monopolio informativo unipresente y sesgado por décadas, de los principales referentes culturales que manipulan y adoctrinan a amplios segmentos sociales, así como de la política tal y como se vivió a lo largo de los siglos XIX y XX, ha llevado a que porcentajes no despreciables de la sociedad se interesen por la manera cómo se concreta el poder gubernamental, los sectores sociales que se benefician de ello, a la par que dejan a un lado tradiciones y creencias. Todo ello se deduce de la Encuesta de cultura política (ECP), la cual retomamos acá desde la primera realizada por el Dane en 2007 –a partir de 2011 es bianual– hasta la más reciente aplicada en 2021, cuyos resultados fueron publicados en abril de 2022.

Diversidad de cambios toman cuerpo en el tejido social colombiano, entre ellos los que reflejan el ambiente y la cultura política. La quiebra de un monopolio informativo unipresente y sesgado por décadas, de los principales referentes culturales que manipulan y adoctrinan a amplios segmentos sociales, así como de la política tal y como se vivió a lo largo de los siglos XIX y XX, ha llevado a que porcentajes no despreciables de la sociedad se interesen por la manera cómo se concreta el poder gubernamental, los sectores sociales que se benefician de ello, a la par que dejan a un lado tradiciones y creencias. Todo ello se deduce de la Encuesta de cultura política (ECP), la cual retomamos acá desde la primera realizada por el Dane en 2007 –a partir de 2011 es bianual– hasta la más reciente aplicada en 2021, cuyos resultados fueron publicados en abril de 2022.

Son cambios notables, producto de los cuales la ciudadanía en su conjunto gana consciencia y se torna crítica de la corrupción desbordante, del mal funcionamiento del sistema político y de la violación de los derechos humanos como estrategia de control social por parte de las clases dominantes. La inconformidad se expresa en la apatía respecto al fenómeno electoral, la desvalorización del voto como mecanismo clave del consenso en un régimen democrático y en la radicalización ideológica.

En resumen, democracia sí, pero no así. La alternativa política conduce a nuevos métodos y estrategias de lucha, formas de organización inéditas y a modelos no estructurados de participación democrática que trascienden los canales institucionales formales.

Democracia, cultura y factores que determinan la participación política

La ECP tiene como propósito generar información estadística estratégica con base en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social. La población objetivo son las personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana y residencia habitual en el país.

La democracia es el sistema político que defiende el poder soberano del pueblo y su derecho a participar, decidir, elegir y controlar a sus gobernantes. De acuerdo con esta doctrina, si se implica a los ciudadanos en la vida pública y en los asuntos de la comunidad y del Estado, esta participación favorece la convivencia y la estabilidad del sistema político.

En cuanto a participación, cuatro factores la determinan: i) internos al individuo (psicológicos y cognitivos); ii) aquellos que determinan el status o fuerzas condicionantes del individuo (clase social, estrato socio-económico, sexo, edad, nivel educativo, religión, lugar de residencia y profesión u oficio); iii) los referidos al ambiente político (oportunidades u obstáculos que éste ofrece); iv) los concernientes con la cultura política del país (los modelos axiológicos y las creencias políticas en lo tocante al sistema, a los procesos y a los objetivos políticos).

El concepto de cultura se define como la forma de organización social y de tradiciones, usos y costumbres de una sociedad, considerado como un sistema estructurado orgánicamente. La política está relacionada con las actividades que rigen los asuntos públicos y con la participación y decisión ciudadana a través de su opinión, su voto o de cualquier otro modo, formal e informal.

Preferencia por la democracia, valoración del sistema y participación

Con base en los resultados de las ECP de los años 2007 a 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que dispensan de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno, se observan las siguientes tendencias: i) tres de cada cuatro personas valoran el sistema democrático como muy importante; no obstante, entre 2019-2021 cae la apreciación positiva de 80,6 a 76,6 por ciento; ii) el nivel de indiferencia frente al régimen político aumenta de 7,9 por ciento expresado en 2008 a 14,5 en 2021; iii) quienes consideran que la democracia no es importante disminuyen de 12,1 por ciento en 2007 a 4,1 en 2019 y en 2021 aumentan a 6,1 (gráfico 1).

En 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que consideran debe existir para que un país sea democrático, coincide en dar prioridad (más del 70% de los encuestados) al derecho a elegir y ser elegido (81%), autoridades elegidas por voto popular (75,3%), representación igualitaria entre hombres y mujeres (75,2%), elecciones periódicas (73,8%) y mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (73,1%). En menor medida, los ciudadanos sopesan la importancia del sistema judicial (69,7%), el equilibrio de poderes (69,4%), la existencia de partidos políticos o movimientos sociales (59,5%), el Congreso (58,1%) y la centralización del poder (44,2%).

La prioridad o valorización de este conjunto de factores registra una caída en el año 2021 respecto a la ECP de 2019 entre un mínimo de 7,1 puntos porcentuales (el derecho a elegir y ser elegido) y un máximo de 13,1 referente a la importancia del Congreso para la democracia (gráfico 2).

El porcentaje de personas de 18 años y más que están de acuerdo con algunas afirmaciones relacionadas con el respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en el país expresan mayoritariamente su insatisfacción respecto a la naturaleza, funcionamiento y actuación del sistema político. Más de la mitad de la población de 18 y más años considera que en Colombia no se respetan los derechos ni las garantías ciudadanas (gráfico 3).

En los asuntos de participación política, control social a la gestión del Estado, garantías para manifestarse públicamente, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión sobre lo que hace el gobierno y el acceso a la información pública es dónde la población estima que el estado viola los derechos ciudadanos: entre el 70 y el 80 por ciento de las personas encuestadas coinciden en señalar este grado de falencia en la manera de operar el sistema político. En los temas de libertad de expresión, libertad de organización política, garantía del derecho a la participación y el respeto al derecho de elegir y ser elegido hay más consenso sobre la existencia de garantías, pero no mayor al 45 por ciento de los consultados. Por edades, en la población comprendida entre 18 y 40 años es más alto el porcentaje de quienes afirman que en el país no hay respeto por los derechos y las garantías ciudadanas.

Asimismo, en las publicaciones históricas realizadas por el Dane de la ECP, 2007-2021, se observa una tendencia creciente de las personas a considerar que el nuestro no es un país democrático: 11,4 por ciento en 2007 y 19,1 en 2021 (gráfico 4). La mayoría de los consultados afirma que el país es medianamente democrático, aunque también en aumento: 52,9 por ciento en 2007 y 55,6 en 2021. Quienes consideran que Colombia es una sociedad democrática pierden relevancia en 10,4 puntos porcentuales entre 2007 (35,7%) y 2021 (25,3%).

En consecuencia, es evidente la significativa y creciente insatisfacción con la forma en que la democracia funciona en el país. Quienes expresan una alta insatisfacción aumentan de 34,1 por ciento en 2007 a 53,2 en 2021. En contraste, los satisfechos con el sistema político son una minoría en descenso: 17,7 por ciento en 2007 y 13,4 en 2021 (gráfico 5).

En la ECP de 2007, cuatro de cada cinco personas no confiaban en el sistema democrático electoral del país, total o parcialmente. En los quince años estudiados, aumentó el número de ciudadanos críticos de los procesos electivos tanto a nivel municipal como regional y nacional (gráfico 6). En el nivel municipal, en 2007 la mitad de la ciudadanía consideraba que el proceso de conteo de votos era fraudulento o no transparente; en 2015 el porcentaje escaló a 73,5 por ciento, después cae a 67 en 2019 y en 2021 aumenta a 70,7. Al considerar el país como un todo, el escepticismo sobre la verdad, confiabilidad y transparencia del sistema electoral es más alto: en 2007 el 75,6 de los ciudadanos consideraba que el proceso de conteo de votos no era transparente; en 2015 la visión negativa alcanzó el 87,1 y después baja a 78 por ciento en 2019 para volver a aumentar a 79,1 en 2021.

El escepticismo, anomía o crítica que genera el mal funcionamiento del sistema electoral y el señalamiento sobre las prácticas fraudulentas que caracterizan a la democracia colombiana conduce a la abstención a un significativo número de potenciales votantes. El promedio de abstención durante el período 1914-2022 es de 52 por ciento (gráfico 7). A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que por lo general vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal. En consecuencia, la decisión efectiva sobre los candidatos finalmente elegidos se reduce a tan sólo el 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas, en relación con el potencial electoral total.

A las personas que manifestaron no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2019, la ECP del Dane de 2021 les preguntó sobre las razones por las cuales no sufragaron. Para el total nacional, el 37,2 por ciento de la población de 18 años y más afirmó que no votó en las elecciones locales por desinterés (gráfico 8). Otras de las razones de mayor prevalencia para ello fue “los políticos son corruptos” (32,9%), “falta de credibilidad en el proceso electoral” (27,2%), “le faltó inscribir la cédula” (26,7%), “los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos” (25,9%). Las razones expuestas presentan los porcentajes más altos en la región central (41,7%), seguido de la pacífica (41,5%) y Bogotá (40,6%).

En la ECP de 2021, entre el 50 y el 64,5 por ciento de la población de 18 años y más considera muy importante la elección de Presidente de la república (64,5%), las elecciones a la alcaldía y el Distrito (63,2%), gobernación (52,4%), concejo municipal (54,1%), juntas de acción comunal (53,6%) y Senado de la República (50,4%). No obstante, comparando con los resultados de la ECP de 2019, se registra una pérdida en la importancia que otorgan los ciudadanos a las diferentes elecciones, principalmente en lo referido a la Presidencia: -7,7 por ciento, Alcaldía municipal/Distrital: -6,4, Senado: -6,4 y Cámara de Representantes: -6 (gráfico 9).

En las democracias representativas se observa la transición de Estados liberales a un Estado de los partidos o movimientos políticos, como mediadores de la participación popular en el poder y como demiurgos de la voluntad del pueblo. Tendencia que ha dado lugar a la siguiente contradicción: por un lado, una ideología difusa sobre la participación popular en la vida del sistema político; por otro, unos procedimientos cada vez más oligárquicos en los vértices de las instituciones políticas y de poder (En Colombia una oligarquía lumpen ha venido controlando cada vez más las instancias estatales, en lo corrido del siglo XXI).

Las razones por las que las personas de 18 años y más, por sexo, se identifican con algún partido o movimiento político, son (gráfico 10): “comparte la ideología del partido o movimiento político” (hombres 76,9% y mujeres 74,4%), “confianza en sus dirigentes” (hombres 50,7% y mujeres 51,3%), “prestigio del partido o movimiento político” (hombres 42,6% y mujeres 42,8%), “la imagen que proyecta” (hombres 42,2% y mujeres 43,2%), “tradición familiar” (hombres 41,0% y mujeres 42,4%), “honestidad del partido o movimiento político” (hombres 37,7% y mujeres 36,2%) y “recibe algún beneficio a cambio” (hombres 6,2% y mujeres 7,4%).

En contraste, el porcentaje de personas de 18 años y más, que no se identifican con algún partido o movimiento político, por sexo, según razones, son (gráfico 11): “falta de credibilidad” (hombres 70,3% y mujeres 69,6%), “desinterés” (hombres 59,6% y mujeres 61,1%), “escándalos de corrupción” (hombres 56,3% y mujeres 56,3%), “promesas incumplidas” (hombres 55,3% y mujeres 56,0%), “persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad” (hombres 49,9% y mujeres 49,6%), “la política se puede hacer por otras vías o mecanismos” (hombres 37,7% y mujeres 36,9%).

Corrupción y derechos humanos

La corrupción impone amenazas a la democracia, al crecimiento económico, la justicia y al estado de derecho. La percepción de corrupción resulta más significativa al momento de evaluar la satisfacción con la democracia y la confianza institucional; sin embargo no afecta la importancia que la ciudadanía en general dispensa de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno. La corrupción sistémica que caracteriza al régimen político colombiano destruye el vínculo de confianza entre ciudadanos y Estado, el fundamento psicológico y cultural en que se basa la legitimidad de la democracia.

En Colombia, para el total nacional en 2021, un 73,2 por ciento de las personas de 18 años y más percibió que el nivel de corrupción ha aumentado, para el 2019 este porcentaje se encontraba en un 64,9, con un incremento de 8,3 p.p. En 2021, un 22,8 por ciento de la población afirma que el nivel de corrupción ha permanecido igual y para el 1,4 que ha disminuido; para el 2019 estos porcentajes se encontraban en 28,4 y 3,7, respectivamente. En 2021, la percepción de corrupción por parte de la ciudadana es más alta en lo que corresponde al Congreso de la República (75,6%) y el gobierno nacional (71,0%); sin embargo, también califican como muy corruptos, en un rango de 53,6 a 66,2 por ciento, los siguientes grupos o actores: gobiernos departamental y municipal, rama judicial, órganos de control, gremios, empresas u organizaciones privadas (gráfico 12).

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales en la valoración de los colombianos sobre el sistema democrático. Al unísono consideran que la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. En efecto, estos derechos aseguran la aplicación de las decisiones tomadas democráticamente y hacen, por lo tanto, que el régimen democrático tenga efectividad. Paradójicamente, durante el período 2007-2021, siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los derechos humanos. Entre los años 2007 y 2015, el juicio crítico sobre la no garantía de los mismos descendió de 70,9 por ciento a 47,0; a partir de 2017 el dictamen negativo aumenta año a año volviendo a escalar a 69,5 por ciento en 2021 (gráfico 13).

En consecuencia, para el total nacional, menos de la mitad de las personas de 18 años y más piensa que en Colombia se protegen y garantizan los derechos humanos (gráfico 14). Por categorías, en 2021 los derechos a la recreación y la cultura son los que se juzga que cuentan con mayor garantía (43,2%), si bien registran un retroceso de 5,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la valoración de 2019 (48,9%). La más baja consideración en la protección y garantía hace referencia a los derechos de las mujeres (26% en 2021 con una caída de 4,5 p.p. respecto a la medición de 2019), los derechos de las minorías étnicas y sociales (23,8% y disminución de 4 p.p.) y los derechos del campesinado (21,6% con una caída de 4 p.p.).

En el intermedio de esta valoración se ubican el otro conjunto de derechos, con porcentajes en 2021 entre 29 por ciento y 31,6 además de registrar caídas respecto a la ECP de 2019 entre 3,2 y 5,1 p.p., estos son: “la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda”, “la vida, la libertad, la integridad y la seguridad”, “la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información”. La desprotección y falta de garantías en el disfrute de los derechos es más crítica en las cabeceras municipales en comparación con la percepción que se tiene en los centros poblados y rural disperso.

Información, identidades y fuerzas políticas

Con relación a la posición ideológica de la población de 18 años y más, la ECP aplica la siguiente pregunta: “Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? (gráfico 15). En 2021, el 44,9 por ciento de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 42,2 de la población de centros poblados y rural disperso, se ubicaron en la posición ideológica de centro. En la posición ideológica de derecha se ubicó el 18,0 por ciento de las personas de las cabeceras municipales y el 17,3 de la población de centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de izquierda fue elegida por el 14,7% y 11,2% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

Durante el período 2008-2021 se registran cuatro momentos disruptivos en la posición ideológica de la ciudadanía colombiana: i) hasta 2013, cuatro de cada cinco personas no se identificaba con ninguna ideología o no tenía preferencias políticas; entre 2015-2021 esta posición cae a sólo una de cada cinco personas, esto es, la ciudadanía expresa una mayor educación, interés e identidad política; ii) las preferencia centristas representaban entre 5,5 y 8,2 por ciento hasta 2013, en los años siguientes concentran entre 38 y 45 por ciento de quienes sostienen a los partidos políticos de centro; no obstante, quienes profesan esta ideología política son, paradójicamente, los más pasivos y ajenos al proceso político; iii) durante los años 2008-2019 la preferencia por la ideología de derecha fue creciente hasta alcanzar el máximo de una de cada cuatro personas de 18 años y más; en 2021 registra un quiebre en la tendencia al registrarse la caída en las posiciones ideológicas de derecha en 7,6 p.p., esto es, concentran solo el 18 por ciento de las preferencias; iv) en 2008, la izquierda concentraba el 8,2 por ciento de las preferencias políticas, después el favoritismo cae a 4,2 en 2013; de 2015 a 2021 las posiciones ideológicas de izquierda vienen ganando partidarios hasta concentrar el 14,8 por ciento de las preferencias políticas. En la elección presidencial de 2018, segunda vuelta, después de alianzas y coaliciones, el candidato de izquierda obtuvo el 44 por ciento de los votos válidos, en blanco votó el 4 y el candidato de la derecha obtuvo el triunfo con el 52 (gráfico 7).

La conveniencia por enterarse de los temas políticos ha escalado en los valores, intereses y necesidades de la ciudadanía colombiana. Sin duda, el proceso de urbanización y los mayores niveles educativos alcanzados por el país durante las últimas tres décadas (la Constitución Política de 1991 marca un punto de divergencia positivo) explican este proceso de maduración política y las diferencias en la cualificación de la participación; las personas con un nivel educativo y cultural más elevado: i) son más conscientes de la influencia que las decisiones públicas tienen en sus intereses, ii) están más informadas políticamente, iii) tienen opiniones sobre más problemas políticos, iv) discuten más de política y con una serie más diversificada e informada de personas, v) se consideran capaces de influir en las decisiones de quien ocupa el poder, vi) tienen más desarrollado el sentido de los derechos y deberes constitucionales.

En el año 2019, de acuerdo con los resultados de la ECP del Dane, cerca de dos terceras partes de la población se informaban regularmente sobre la actualidad política del país; en 2021 el porcentaje desciende a 59,2. El interés por la política es más alto en los hombres respecto a las mujeres y el descenso registrado en la población que se informa entre 2019-2021 fue más pronunciado en las mujeres (gráfico 16).

Según el medio por el cual se informan de la actualidad política del país, entre las diferentes fuentes, la televisión, la radio y la conversación con otras personas desempeñan un papel preponderante; sin embargo el rol de las redes sociales (Facebook, twitter e Instagram) ocupa el segundo lugar y escala en preferencias de la ciudadanía. Entre 2019-2021, la influencia de la televisión cae de 92,5 por ciento a 89,6 y la radio de 60,2 a 53,5; en paralelo, las redes sociales aumentan el predominio informativo de 50,1 por ciento a 55,0 (gráfico 17).

Violencia, democracia y cultura política

Desde el siglo XX la guerra y la paz se mezclan, se confunden, afirma el filósofo francés Henri Lefebvre (“La violencia y el fin de la historia”, Ediciones Siglo XXI, 1973). En la historia colombiana, la violencia y la democracia se explican entre sí debido al sempiterno conflicto armado, la rígida y jerárquica estructura de desigualdad socio-económica, la exclusión de las mayorías populares, el uso de métodos de acumulación por desposesión, las prácticas de terrorismo de Estado y la represión de las manifestaciones ciudadanas como mecanismos de dominación y control social. La violencia transforma la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas y democráticas a los elevados niveles de inseguridad, conflicto y violencia, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política, aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, crecen las preferencias antidemocráticas y las opciones por caudillos autoritarios.

El destacado psicólogo canadiense Steven Pinker afirma que la cantidad de violencia en una sociedad se halla más estrechamente relacionada con la desigualdad social que con su pobreza (“Como funciona la mente”, Ediciones Destino, 2008). Colombia registra un problema estructural de concentración del ingreso y la riqueza; la medida de la desigualdad a través del coeficiente de concentración Gini es uno de los más altos a nivel mundial: 0,523 en 2021 (de acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales). Además, las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza en los gobiernos, cada vez más influenciados por las clases adineradas.

El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad. En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”. La victoria, por un escaso margen, fue el No.

En la ECP de 2021 el Dane indagó a las personas de 18 años y más, según su satisfacción con el contenido del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016; el 43,2 por ciento de las personas expresaron que no se encuentran satisfechas, el 25,3 no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas, el 19,0 afirmaron estar muy satisfechas y el 12,5 no saben o no responden.

Cinco años después de firmado el acuerdo de Paz entre el gobierno y la insurgencia de las Farc, la ECP realizó la pregunta sobre el grado de satisfacción con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz. El 57,6 por ciento de las personas de 18 años y más manifestaron que para “Nada” se encuentran satisfechas; el 21,3 por ciento de los encuestados dicen no estar ni satisfechos ni insatisfechos con el proceso seguido; tan solo el 8,3 está muy satisfecho con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz; y, el 12,8 no saben o no responden. El nivel más alto de insatisfacción corresponde a la ciudadanía de Bogotá con 68,4 por ciento; y el nivel más alto de satisfacción corresponde a la región Caribe con 13, 5 por ciento (gráfico 18).

A la luz de los resultados arrojados en las elecciones al Congreso celebradas en marzo de 2022, parece que las tendencias de cambio de centro a izquierda, con un estancamiento o decaimiento de la derecha, se mantienen. Queda abierto el interrogante si ese resultado es una constante o no. El 29 de mayo la sociedad lo certificará.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.