“Dejemos perderse a los perdidos, tenemos mejor cosa en que ocupar nuestro tiempo que tentar una regeneración imposible y además inútil, odiosa y dañina. En tanto no hayamos llegado a suprimir ninguna de las causas de la desesperación humana no tendremos el derecho de intentar suprimir los medios por los cuales el hombre trata de desencostrarse de la desesperación. Pues ante todo se tendría que llegar a suprimir ese impulso natural y escondido, esa pendiente especiosa del hombre que lo inclina a encontrar un medio, que le da la idea de buscar un medio de salir de sus males”.
(Antonin Artaud, “La liquidación del opio”, enero 1925)
“La verdad como la cocaína, nunca es pura”
(Canción Rap, película Adagio, 2023).
En el marco de las motivaciones, estímulos o pretensiones de la decisión individual por consumir psicoactivos, existe una gama muy amplia de escenarios en donde generalmente se sitúan los individuos de cara a una experiencia frente a una sustancia que se sabe modifica el sistema nervioso central, crea estados de ánimo, modifica las percepciones e incluso el comportamiento. Históricamente las motivaciones de las cuales hay noticia, pueden ir desde experiencias con las que se desafían los procesos de conocimiento, como en los casos de Walter Benjamin y Alan Block en relación con el haschisch, o los experimentos de Sigmund Freud con la cocaína.
También son conocidas prácticas relacionadas con una exploración de conexiones desafiantes con mundos nuevos, en escenarios inhóspitos como las experiencias de grandes escritores que, en el marco de los procesos de colonización europeos como en Asia, tienen conexiones disímiles con el opio, como William Somerset Maugham, Joseph Conrad, Rudyard Kipling u Orwell y su experiencia en Birmania.
Hoy en día también proliferan escenarios de recreación asociados al placer, la euforia, la fiesta, con una oferta muy vasta de psicoactivos ofrecidos en discotecas y clubes nocturnos; fiestas privadas y after-parties; eventos juveniles y ambientes de fiesta de estudiantes con oferta muy amplia de sustancias como anfetaminas y metanfetaminas, Mdma (éxtasis), alcohol, GHB, combinaciones de estimulantes como la ketamina, cafeína, tramadol, LSD, Poppers (nitritos de amilo), o modas controvertidas como el 2C-B o tusi.
Independientemente de eventuales efectos en la salud pública, en todas estas situaciones prevalece un relacionamiento de decisiones o acercamientos individuales con el psicoactivo que se experimenta.
Pero dentro de la amplia variedad de procesos que ambientan o estimulan el uso de psicoactivos, aparece también una dimensión socioeconómica y cultural poco reconocida y pobremente estudiada, pero que tiene la característica de obedecer a momentos de crisis que se derivan principalmente de los procesos de configuración de las dinámicas de modernidad y modelos socioeconómicos en los que se organizan las economías de mercado.
En su visión clásica, en la narrativa de la modernidad se ofrece la promesa de un mundo mejor y de progreso, el cual contrasta con la presencia simultánea de realidades que muestran un “detritus social” que se deriva de los procesos de exclusión, marginalidad y que conjugan adicionalmente problemas y uso de la violencia, que se desprenden de la discriminación asociada a la pobreza extrema o exclusiones por segregación étnico cultural o la condición de migrantes, todo en escenarios muy variados.
En esos procesos donde aparece una demanda de psicoactivos se puede observar, en primer lugar, la búsqueda de compensaciones a estados de ansiedad, desolación, angustia y abandono, principalmente en contextos urbanos arraigada, por ejemplo, en habitantes en situación de calle donde es notorio el consumo de crack en países del norte o del basuco o pitillo en escenarios del Sur.
En segundo lugar, la búsqueda de superación de estados de ansiedad, depresión, angustia con consumos de psicoactivos que produzcan otros estados distintos como el alcohol (incluido el etílico o alcoholes elaborados clandestinamente), o prácticas como el suicidio y, finalmente, acceso a calmantes, ansiolíticos como los opiáceos sintéticos en contextos de marginalidad y psicosis, por estados inmanejables de desesperación.
Estos contextos representan momentos y escenarios de marginalidad típicos de las paradojas de los procesos donde se expresa el contraste con las promesas de bienestar, éxito, libertad y realización personal de la modernidad capitalista. Es el mundo de los disfuncionales y excluidos.
Pero los contextos socioculturales de consumo de psicoactivos también se manifiesta en escenarios funcionales de quienes de alguna manera están integrados o pretenden mantenerse insertos en un mundo con las mismas promesas de la modernidad, pero con exigencias cada vez más demandantes y que afectan la estabilidad mental.
Se trata de la búsqueda de una integración funcional en contextos de extrema diferenciación entre el mundo que se ofrece y las posibilidades de alcanzarlo. Los desarrollos tecnológicos, la transformación de la temporalidad y su incidencia psicológica que crea condiciones para la demanda de psicoactivos como la cocaína y otros estimulantes que son atendidos por una oferta que abarca la cafeína, el speed, la ritalina, la taurina, entre otros.
Los procesos de relacionamiento con las drogas en los que existe un peso específico de escenarios socioeconómicos y culturales, exigen para poder abordarlos en su complejidad, unos supuestos metodológicos indispensables:
1. Deben ser asumidos como procesos relevantes y que generalmente tienen distintas denominaciones como epidemias asociadas a psicoactivos específicos, coyunturas de alta significación de malestar cultural en los procesos históricos del consumo de algunas sustancias.
2. Se necesita inscribirlos en la configuración de la modernidad capitalista en cuya lectura pueden expresarse enfoques disímiles en donde el abordaje sistémico con pretensiones totalizantes presenta dificultades metodológicas (procesos sistémicos y sus disfunciones) o se trata a nivel de los contextos socioculturales de la demanda, también en el marco de los procesos de modernidad, pero asumiendo metodológicamente sus expresiones fragmentarias.
Esta condición fragmentaria se fundamenta en:
Si partimos de la noción de modernidad de Baudelaire como lo fugaz, lo transitorio y lo arbitrario, no puede haber objeto de estudio fijo, seguro, en el sentido aceptado. De modo que el objeto de estudio viene determinado no sólo por un modo particular de observar la vida moderna, sino también por un nuevo modo de experimentar una realidad social nueva, a su vez. En el caso de (George) Simmel, por ejemplo, el punto de partida de su análisis de la modernidad no es la totalidad social. Antes bien, parte de «los fragmentos fortuitos de la realidad». En otras palabras, la clave para el análisis contemporáneo de la modernidad no hay que buscarla en una investigación del sistema social ni de sus instituciones siquiera, sino en «los hilos invisibles» de la realidad social, en «imágenes momentáneas» o «instantáneas» (Momentbilder) de la vida social moderna que deben observarse sub specie aeternitatis (1).
Esta es la perspectiva de abordaje de la modernidad en Walter Benjamin, George Simmel y Sigfred Kracauer a quienes seguimos para los propósitos del presente texto.
Escenarios socioculturales y conversión de alta complejidad en la economía de las drogas en los denominados “contextos de uso”
Las situaciones epidémicas ofrecen un escenario de alta complejidad caracterizada por la existencia de marginalidad social, pobreza, alto desempleo y creación de imaginarios que asocian esos contextos con grupos étnicos, como en el caso de Estados Unidos sobre todo en escenarios urbanos de grandes ciudades como en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, etc.
Los escenarios de “epidemia” asociados a una sustancia, suelen caracterizarse de manera errática por el auge eventual en la disponibilidad del psicoactivo, pero en realidad el escenario es más complejo fundamentalmente por la explosión de mercados ilegales que poseen otras características y procesos con diversos elementos y protagonistas. En el caso del crack que se configuró como una economía ilegal de respuesta a las condiciones de marginalidad y se trató de un escenario abierto, es decir, sin control inicial de estructuras criminales, en donde la compra de cocaína y su conversión en base (separación de las sales mediante combustión ya que impiden su uso fumable y que abarata su adquisición) supuso ingresos nuevos, pero a la vez, sus comerciantes eran también usuarios y esto los llevó a la condición de dealers en donde se retroalimenta la disponibilidad, pero a la vez se amplía el consumo.
La proliferación de mercados de drogas en barrios marginales, generó desórdenes obligando a la configuración de controles mediante el uso de la violencia (ergo, ampliación de mercados de armas), con lo cual aparece un nuevo elemento de complejidad que dispara los homicidios y que se une al incremento de la demanda y, por tanto, a su aparición reiterada en medios de comunicación con juicios de valor, todo lo cual contribuyó a la politización del problema.
Los imaginarios y narrativas que legitiman la política antidrogas
La trascendencia mediática, sumado a los incrementos de violencia, politiza el tema de modo que los políticos oportunistas buscan capitalizarlo a través de unas narrativas de interpretación que presentan ante la opinión pública:
1. La explicación reiterada del consumo como disponibilidad de los psicoactivos.
2. Asociación directa del consumo como inherentemente violento y por tanto se relaciona su uso con homicidios.
3. Emerge una narrativa sobre seguridad que sólo lee la superficie del problema, dejando completamente a un lado la presencia de los elementos estructurales que abrieron condiciones favorables para la instalación y extensión de los mercados de drogas.
Estas condiciones están directamente relacionadas con el modelo socioeconómico vigente; la concentración de la riqueza; la desregulación y la baja intervención del Estado; el recorte de subsidios y que da lugar a una mayor profundización de elementos que favorecen las economías ilegales y los usos de la violencia como reguladora de la vida social y económica de las comunidades.
Así sucedió en este caso de la epidemia del crack en Estados Unidos de 1982/1984 y la expedición de leyes bajo el liderazgo de Ronald Reagan en 1986 (aprobada en tiempo record y que en medio de la urgencia del uso político equiparó la pena para la posesión de 5 gramos de Crack con la tenencia de 500 gramos de cocaína, recibiendo las dos situaciones un castigo similar de entre 5 a 40 años de cárcel). Luego un mayor endurecimiento en 1988 con la abolición de los mínimos de posesión. Finalmente remata Bill Clinton con una de las peores leyes en 1994.
En la epidemia del crack se pasó de 16.600 personas negras encarceladas bajo Reagan (1985) a 134.000 bajo Clinton, con un incremento de 707%. A lo que se suman los daños por la destrucción de familias, muertes, desaparecidos con la creación de Comando de Elite (los ICE de aquel momento). Clinton incrementó por 6 el presupuesto antidrogas de Reagan pasando a US 12.000 millones. Los usos políticos del tema de drogas han continuado hasta hoy, aunque, como se sabe, Trump privilegia las acciones de represión contra los migrantes, aun los que están con documentos en regla.
La economía ilegal como respuesta a las condiciones de marginalidad: el caso del Fentanilo
Estudios serios en Estados Unidos comenzaron a prender alarmas por la generación de dependencia y desvío del uso del OxiContin, un calmante opiáceo producido legalmente. Esas alarmas fueron silenciadas presumiblemente por grandes intereses en esos mercados de medicamentos. Otras investigaciones llegaron a mostrar un nivel de incidencia de la dependencia del opiáceo hasta del 50%. Pero la gota que desbordó el vaso llegó hacia mayo de 2007 cuando una filial de la farmacéutica Purdue Pharma (Purdue Frederic Company Inc.) fue considerada culpable de generar falsa información sobre la peligrosidad del medicamento frente a otros opioides.
Como resultado de las investigaciones se produjo una multa de US $634 millones de dólares (2). Pero el problema ya estaba creado: la escasa institucionalidad de control fue aplastada por el modelo de libre mercado de medicamentos y la extensión del daño fue imparable. Ya desde el 2004 OxiContin se convirtió en el opioide formulado con mayor nivel de prevalencia de abuso en todos los Estados Unidos.
El incremento de la demanda de calmantes y ansiolíticos al comienzo del siglo XXI en Estados Unidos llevó a la introducción de nuevos medicamentos opioides incluido el mencionado OxiContin, pero al lado también aparece el Actiq, Subsys, todos los cuales fueron minimizados en la información detallada de riesgo. Luego el escenario de riesgo se agravó al producirse un entrecruzamiento de opioides analgésicos y el uso de la heroína. Ese escenario se evidenció en las muertes por sobredosis que se triplican entre 2010 y 2015, con una tendencia sin cambios en 2016.
La tolerancia a los opiáceos medicados es una hipótesis de explicación a esas combinaciones letales (3). Los consumidores eran masas de población tanto rurales como urbanas, en condición de pobreza y marginalidad, pero debido a los controles que empiezan a establecerse a los usuarios de opioides formulados, pasan a consumir heroína. A su vez el control histórico de la heroína lleva a crear las condiciones para que ese mercado tan grande sea atendido por estructuras del crimen que ven una oportunidad para la oferta de un opiáceo barato: el fentanilo.
El fentanilo ha creado una catástrofe en materia de salud pública. De acuerdo con información pública difundida por la DEA, el opiáceo sintético es 50 veces más potente que la morfina y 100 veces más que la heroína. Adicionalmente en muchos mercados callejeros su precio es de lejos más barato que la heroína (4). El fentanilo encuentra entonces un mercado ya abierto de opiáceos que se agrava por muchas circunstancias: el enganche de los adictos a opiáceos formulados; los dependientes de la heroína; los iniciados recientemente en los opiáceos, pero también los policonsumidores de diferentes sustancias psicoactivas que enfrentan hoy un serio problema de salud manifiesto en el crecimiento exponencial de los casos de emergencias hospitalarias y las muertes por sobredosis
Si bien en el período 2023-2024, bajo la administración Biden, se presenta una reducción de las muertes por sobredosis, el panorama actual es preocupante e inestable por la narrativa y el manejo que la administración Trump le está dando al tema, agravado también por los recortes presupuestales a nivel estatal y local, lo que afecta a los programas de tratamiento y prevención, también al seguimiento estadístico, lo cual puede contribuir a una nueva variación de la curva, mostrando una vez más incrementos de muertes (Gráfico Nº1).
El contraste con las narrativas institucionales de las convenciones alrededor de las drogas ilegales
De acuerdo con un estudio del Transnational Institute TNI, son tres los tratados de Naciones Unidas que conforman el marco legal internacional del régimen de control mundial de las drogas. Estos son: la Convención única sobre estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971, y la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988.
El objetivo de los tratados es tipificar medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos, y prevenir su desvío hacia canales ilegales, incluyendo también disposiciones generales sobre tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.
Las convenciones de 1961 y 1971 clasifican las sustancias controladas en cuatro listas, de acuerdo a su valor terapéutico percibido y riesgo potencial de abuso. La Convención de 1988 anexó dos tablas en las que se listan precursores, reactivos y disolventes que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Este último tratado, además, reforzó significativamente la obligación de los países de imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de sustancias psicoactivas (5).
Para Francisco Thoumi, las políticas de drogas han sido formuladas con criterios médicos, apoyados en la biología y la química, confiriendo gran parte de su implementación a los órganos judiciales, policiales y militares, marginando los aportes de las ciencias sociales (sociología, antropología, economía, ciencia política, psicología, entre otras) (6).
El autor intuye que existen dimensiones del problema de drogas que no pueden ser explicados a partir de indagaciones reduccionistas alrededor de las sustancias psicoactivas referidas exclusivamente a usos médicos y científicos y su llamado académico de un involucramiento inter disciplinario busca avanzar hacia otras dimensiones que pueden contribuir hacia cambios en las mismas políticas con criterios provenientes de las ciencias sociales (por ejemplo, programas de disminución de daño, como la distribución de agujas y jeringas a los heroinómanos o la elaboración de estudios de costos y beneficios para determinar si una política debe o no implementarse) (7).
Hay aspectos de mayor fondo en la estructuración de las políticas y las instancias de control pues como se puede observar, las convenciones no reconocen los contextos socioeconómicos y culturales que favorecen escenarios epidémicos. Estos contextos se contraponen a las narrativas de reducción de la oferta o, a la intención de erradicar las sustancias psicoactivas catalogadas de alta peligrosidad o, si es el caso, su manejo bajo estrictas medidas de control.
Además de los referentes epidémicos que cuestionan tanto la estrategia de reducción de la oferta y la demanda, observamos un caso interesante con efectos similares en el nivel de la producción.
La producción de psicoactivos de origen natural en el proceso de modernidad. El caso colombiano
El proceso de modernidad de Colombia ha estado fuertemente relacionado con la influencia del narcotráfico, tanto a nivel sociocultural, económico y político, sustentado en diversas dinámicas de control privado de la violencia y en consecuencia la venta de protección.
En las dinámicas de legalización de capitales de origen ilícito, su emergencia se observa en los procesos violentos de acumulación de tierras que han posibilitado el lavado de dineros de origen ilegal por parte de una gama amplia de sectores insertos en la legalidad (políticos, empresarios, terratenientes, militares) pero también de la ilegalidad y que transaron con estructuras que controlan el ejercicio privado de la violencia, generalmente financiadas por el narcotráfico.
El despojo que sufrió la población campesina, comunidades negras e indígenas condujo, entre otras, a dinámicas de desplazamiento hacia diversos y complejos territorios que fueron dedicados a la economía de los cultivos de uso ilícito o que acumulaban una historia alrededor de esa actividad, como resultado de procesos de colonización en crisis. Se afianzan así unas dinámicas que se amalgamaron con el conflicto armado, proceso reconocido por el documento del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc de 2016, al asociar esa economía con la estructuración de un modelo agrario excluyente y que instrumentalizó el uso de la violencia para afianzar la expulsión de masas campesinas hacia la frontera agrícola, y facilitar asì la concentración de la propiedad de la tierra.
En consecuencia, la dimensión y complejidad del proceso hace inadmisible la vigencia de la estrategia de reducción de la oferta de drogas y en su lugar se reconoce la necesidad de desarrollar procesos de transformación territorial que posibiliten una inserción de esos territorios a través de un modelo que integre, apoye y reconozca a los desposeídos sus derechos.
Por desfortuna, desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz frente al tema de drogas, con el mismo gobierno Santos, se introdujo el dispositivo que va en contravía al fin estratégico de incidir sobre las complejas causas socioeconómicas, al desarrollar acuerdos individuales de reducción previa de áreas de cultivos de uso ilícito y que relieva ese indicador como el referente de éxito del programa de sustitución. A través de esa vía, los poderes transnacionales lesionaron el alcance complejo e integral del propósito y el Acuerdo resultó instalado nuevamente dentro de la política de reducción de la oferta. La tarea es cómo rescatar un diagnóstico tan certero de una política que se resiste a reconocer la inviabilidad de una salida al problema de drogas desde la reducción de la oferta.
Toda política que al final resulte midiendo la sustitución con base en indicadores de reducción de áreas, resulta en un fracaso garantizado y contribuye a entronizar el error internacional en que se sustentan las convenciones sobre drogas. En el blindaje de la vigencia de esa estrategia fracasada se mantiene el poder ideológico de los informes sobre la presencia de cultivos de uso ilícito.
Las mediciones de áreas y el control de los psicoactivos de origen natural
El enfoque de reducción de la oferta es el soporte principal con que nace el programa de monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia.
Este tipo de cultivos no son tratados como un síntoma de los desequilibrios en el acceso a la tierra y, en general del modelo agrario, de la marginalidad recurrente de las zonas rurales y sobre todo aquellos donde se asientan los cultivos. Continùan siendo un factor externo amenazante, un mal que requiere su descubrimiento detallado y anticipado. Esto se plasmó en las narrativas sobre los riesgos que representan estos cultivos en los territorios, situación que se busca medir a través de un dispositivo técnicamente denominado Análisis de riesgo.
La naturalización del dispositivo “análisis de riesgo/reducción de áreas” y su traducción en los resultados que se divulgan con sus tecnologías, narrativas e imaginarios, se envuelve en una coraza de neutralidad científica, o al menos datos “técnicamente logrados”. Las partes claves de la cadena de drogas asociadas al narcotráfico permanecen siempre sin mencionar: la participación de la infraestructura legal de un país (puertos, aeropuertos, vías fronterizas), el lavado de activos, el comprometimiento de organismos de seguridad en el contrabando de drogas, la financiación de campañas políticas con esos recursos, que trasciende sobre arreglos de lavado y corrupción. Todo ese entramado que contribuye a romper los referentes donde termina la ilegalidad y emerge la legalidad.
Esa ausencia estimula las zonas grises donde se desarrollan negocios, intercambios y vigencias de sectores emergentes, que hoy alcanzan un gran poder político y una legitimidad social. La combinación legalidad/ilegalidad, de la cual la estructura metodológica y técnica de Unodc Simci es incapaz de aprehender, es el principal instrumento de vigencia de la gran economía ilegal de las drogas.
En consecuencia, los informes de monitoreo se apertrechan en un lugar aséptico relacionado con una sofisticación técnica de abordaje y que gira alrededor del cultivo de hoja de coca, su transformación en PBC, el procesamiento de cocaína, el uso de químicos para procesar, la infraestructura de laboratorios y las acciones de interdicción con datos suministrados por los organismos de seguridad estatal. Es una mirada parcial que se asume como el todo con una gran fuerza narrativa, pues se termina legitimando la idea que el problema principal del narcotráfico radica, en efecto, en los cultivos de uso ilícito.
El caso europeo: Un problema que apenas comienza sin claridad a la vista
Diversas mediciones llevan a la conclusión del auge que sigue teniendo el consumo hoy de cocaína en toda Europa. Uno de los mecanismos utilizados son los análisis de las aguas residuales que se toman en distintas ciudades que ofrecen esa posibilidad.
La línea verde en el gráfico Nº2 y los puntos también verdes son el resultado del emparejamiento de cifras tomadas de los puntos de análisis de aguas residuales de las principales ciudades europeas y que muestran con claridad una tendencia creciente de uso.
Uno de los problemas que tiene el escenario europeo es que no se sabe cuánta cocaína se consume funcional y esporádicamente y cuánta es consumida por vía parenteral o de manera fumable. Esta última está asociada a escenarios de marginalidad en donde también se da un policonsumo que incrementa riesgos o agrava problemas de salud, sobre todo cuando se combina con opiáceos.
Para la Agencia de Drogas de la Unión Europea (Euda por sus siglas en inglés), tratar a personas con problemas asociados al uso de cocaína sigue siendo un reto, tanto si se trata de personas integradas socialmente que usan cocaína en polvo, de forma esporádica, como de grupos más marginados que usan la droga por vía parenteral o que fuman crack.
Los datos actuales respaldan el uso de intervenciones psicosociales, entre las que se incluyen la terapia cognitivo-conductual y el manejo de contingencias. Sin embargo, la evidencia continúa siendo insuficiente para respaldar cualquier tratamiento farmacológico.
El tratamiento puede resultar especialmente complicado en los grupos más marginados, lo que puede requerir servicios integrados, cuando los pacientes también padecen problemas de salud mental y física, y de consumo de otras drogas, como los opioides o el alcohol, posiblemente agravados por la privación socioeconómica y la inestabilidad en el alojamiento.
Las respuestas de reducción de daños existentes contribuyen a disminuir las afectaciones específicas derivadas del uso de cocaína por vía parenteral y de crack para fumar. Sin embargo, se necesitan intervenciones más integrales, así como una mayor inversión para garantizar que los servicios se adapten a las crecientes necesidades de algunos países (8).
Las nuevas consideraciones sobre drogas enmarcadas en la abolición de los espacios multilaterales
Las políticas de reducción de la oferta, que son el soporte principal de los espacios multilaterales de Naciones Unidas sobre el control de drogas, están en franca crisis tanto por la tendencia incontrolables de crecimiento de áreas cultivadas, como en la capacidad de refinamiento de los psicoactivos de origen natural. Mercados a los que se suman alrededor de 1.400 nuevas sustancias psicoactivas de origen sintético (9). Pero en estos escenarios multilaterales, aún los espacios de apertura son limitados a pesar de que se hayan logrado algunos pasos importantes, como la necesidad de un balance de las convenciones en su implementación y propósitos y de algún modo, aceptar elementos conceptuales alrededor de la reducción de daños.
El paradigma Trump en el marco del fracaso de la guerra contra las drogas.
A este contexto de crisis propio de la especialidad temática se suma el enfoque global de la actual administración de Estados Unidos de redefiniciones frente al multilateralismo y el conjunto de organismos e instancias creadas para su concreción institucional global. Cuestionamiento que procede de una lectura crítica frente al Orden Liberal Internacional (OLI) y que replantea el tema de las amenazas para Estados Unidos asociados a los impactos económicos negativos de la globalización, incluyendo el poder de China que crece exponencialmente.
Ya en el documento de Defensa Nacional de 2018 reconoce que “nos enfrentamos a un creciente desorden global, caracterizado por el declive del orden internacional basado en reglas de larga data (y en consecuencia), la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación en la agenda de seguridad de EU” (10).
En el espacio hemisférico se busca restablecer el dominio unilateral de Washington, contexto en el cual la política de drogas representa un dispositivo clave para justificar el uso de las fuerzas armadas como instrumento de reafirmación de ese poder. Una de las conclusiones a que ha llegado esa corriente política iliberal es el reconocimiento que “un Estado poderoso no puede limitar eficazmente su capacidad de utilizar su poder/fuerza militar, cuando hay mucho en juego” (11).
Emergen en ese contexto las decisiones de Trump, enmarcadas más en la afirmación del poder militar y el dominio hemisférico, narrativa que difícilmente posee un planteamiento claro sobre política de drogas. Dentro del nuevo imaginario se consideran sustancias como el fentanilo como un arma letal dirigida contra la sociedad, mientras se recortan los programas que en el pasado alcanzaron a mostrar sus bondades frente al auge de los opiáceos sintéticos. Es una nueva versión de la banalización del mal.
La reducción de la oferta es instrumentalizada pero no asumida en su integridad en un cuerpo argumentativo o en una narrativa coherente. Se usa para doblegar gobiernos como México o Colombia (bajo el gobierno Petro) y neutralizarlos para las pretensiones de intervención. Para ello se busca legitimar la consideración de los narcotraficantes como terroristas, lo que pone las cosas en otro lugar.
En el caso colombiano, bajo el argumento que las amenazas del 2026 no son las mismas que caracterizaron el conflicto a comienzos del siglo XXI, ya que hoy existe una mayor participación de países latinoamericanos en la economía de las drogas y que la ruta de la cocaína más dinámica hoy es hacia Europa y al Este ha conllevado a una presencia de grupos de criminalidad organizada transnacionales, lo cual implica que la estrategia no puede seguir siendo bilateral, sino que debe darse un enfoque regional controlado por la Casa Blanca. Para ello, a instancias del nuevo gobierno colombiano, se afinó un acuerdo político en Washington alrededor del Escudo de las Américas, contexto en el cual se decidió sacar adelante un programa específico: el Plan Patriota 2.0, parte al mismo tiempo de esa estrategia regional, a la vez que se crea una coalición contra los carteles. Narrativa que posibilita un primer paso para legitimar intervenciones militares, a cuya sombra transitan intereses hemisféricos alrededor de recursos estratégicos (petróleo, cobre, oro, litio, hierro y níquel), amén de la reinstalación de la doctrina Monroe en materia geopolítica.
Estrategia en franca crisis
El modelo neoliberal estimula dinámicas socioeconómicas y culturales que favorecen la reproducción de unos márgenes de exclusión y marginalidad que golpean el bienestar humano, incluida la dimensión mental. Son contextos que al generar vacíos o sin sentidos en los proyectos de vida, favorecen la emergencia de dinámicas artificiosas de futuro, que copan la vacuidad subyacente girando alrededor de consumos compulsivos, incluidos los psicoativos.
El carácter restringido, limitado y pobremente argumentado de la estrategia de la reducción de la oferta que soporta las convenciones del sistema internacional de drogas, está en franca crisis. Situación que se agudiza por el desarrollo de eventos traumáticos de carácter epidémico y que contrastan seriamente su alcance y poder como dispositivo que contribuya a solucionar esas dificultades.
A ello se agrega la cruzada contra el orden internacional conforme a reglas y contra el multilateralismo que agencia Washington, situación a la que se suman las prácticas depredadoras del uso de la violencia sin control contra los derechos fundamentales de la población civil señalada de trasegar psicoactivos, la militarización bajo narrativas sin evidencia, violación de los procedimientos conforme a derecho y el desarrollo infame de ejecuciones extrajudiciales que crean desconcierto y zozobra en diferentes puntos del hemisferio americano.
En medio de esos dos dispositivos, se observa un vacío de estrategias capaces de proyectar una perspectiva que recoja las principales demandas de las comunidades en contextos problemáticos tanto de consumo como de producción. Del reconocimiento de esa escena desoladora que arrastran las dos estrategias, surgen preguntas sobre el alcance de la regulación de los psicoactivos, proceder que si bien es una demanda válida porque la prohibición agrava la escena, incluida la salud física, no es la bala de plata ni la redención que ingenuamente se repite.
Ese propósito es necesario situarlo en estos contextos de alta complejidad, en el desenvolvimiento de lo humano en escenarios donde se consolida un reconocimiento de los progresos por el dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos de la sociedad. Se trata del dominio de los rasgos tecnocráticos que exaltaron una dimensión de la modernidad y que luego se afianzaron con la emergencia del fascismo (12). Hay un condicionante ontológico y preguntas por responder en el balance del sentido y alcance tanto de la prohibición como de su alteridad política.
De ahí que dar pasos certeros y fortalecer incondicionalmente lo que se valida hoy en esa materia es fundamental: prevención de alta calidad sin un enfoque prohibicionista; test de drogas con coberturas importantes y, finalmente, reducción de daños con enfoque de derechos humanos. A partir de un balance de las apuestas en esta dirección, junto con pilotos de suministros controlados de psicoactivos y modelos de autoregulación, se podría seguir avanzando con una mejor y clara posibilidad de una mayor calidad de vida en el mundo de los paraísos y demonios, del placer y el mal, de los psicoactivos. De otro lado, en los espacios de cultivos, las transformaciones territoriales, los procesos que contribuyan participativamente a ordenar ambiental y productivamente los territorios, las apuestas por el bien vivir y no simplemente el mantenimiento de la nuda vida, son referentes para afianzar una apuesta alternativa. ν
1. Es decir, deben observarse con el reconocimiento de lo eterno que hay en ellas. Véase, David Frisby Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin. La Balsa de la Medusa, 1992, Madrid.
2. Art Van Zee, “The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy”, American Journal of Public Health, 2009 feb.;99(2) 221-227.
3. Nabarun Dasgupta, Leo Beletsky, Daniel Ciccarone, “Opioid Crisis: No Easy Fix to Its Social and Economic Determinants”, American Journal of Public Health. 2018, Feb; 108 (2): 182-186.
4. DEA September 17, 2019 “DEA proposes to control three precursor chemicals used to illicitly manufacture deadly fentanyl” https://www.dea.gov/press-releases/2019/09/17/dea-proposes-control-three-precursor-chemicals-used-illicitly-manufacture
5. TNI, “Las Convenciones de Drogas de la ONU”, Guía Básica, octubre de 2015.
6. Francisco Thoumi, “Medicina, ciencia e interpretación de las convenciones internacionales de drogas ¿Será que el emperador está desnudo?, Colombia Internacional, enero-marzo 2017.
7. Francisco Thoumi, Ibíd., p.138.
8. EUDA European Union Drugs Agency, “Cocaína: situación actual en Europa (Informe Europeo sobre Drogas 2026)”. (p. 4).
9. Se trata de cannabinoides sintéticos, catinonas, fenetilaminas, triptaminas y opioides sintéticos, formulaciones modificadas en laboratorios clandestinos cuya composición, pureza, nivel de toxicidad y por tanto de riesgo es desconocida.
10. Charles L. Glaser A Flawed Framework, Why the Liberal International Order Concept Is Misguided, International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 51–87.
11. Ibídem.
12. Walter Benjamin, Tesis de Filosofía de la historia, Discursos Interrumpidos I, Taurus, 1989.
*Sociólogo.
