El arribo del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, un país que en los diferentes rankings sigue figurando como uno de los más desiguales del mundo y de América Latina, ha traído enormes tensiones en sus relaciones con los medios de comunicación. Presentamos un repaso a algunos de los debates más notorios durante el cuatrienio de la Presidencia de Gustavo Petro en el manejo de su comunicación gubernamental y de sus relaciones con la prensa.
La portada de la revista Semana con la frase “Petro,¡ basta ya!”, que lo responsabilizaba de atizar las protestas durante el estallido social en el año 2021, ya anunciaba el talante de lo que sería la relación de su gobierno con gran parte de los medios de comunicación masivos en Colombia. También lo fue aquella portada publicada adportas de la segunda vuelta presidencial, cuyo texto aludía a las elecciones “más inciertas, agresivas y tensas en la historia reciente del país”, en las que elegiría entre un presidente exguerrillero y un ingeniero.
Claramente el caso de Semana –cuya directora regresó tras su fallida experiencia como precandidata presidencial–, es una de las posturas más extremas del sesgo informativo de los medios de comunicación en Colombia frente al primer mandatario de izquierda en la historia nacional. Una postura que, bajo el fantasma del “castrochavismo” también alentó los miedos ante un eventual cierre de medios, control de contenidos y reformas estructurales a su propiedad, tal y como sucedió en otros gobiernos de izquierda en América Latina con la aprobación de leyes de medios –denominadas por muchos sectores como “leyes mordazas”– .
Ese fantasma no se materializó con la magnitud que tuvo en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina. A pocos meses de la finalización de su gobierno, no se ha aprobado ninguna ley general de medios que modifique de manera sustancial la distribución del espectro electromagnético ni que afecte la propiedad privada de los medios de comunicación. Sin embargo, ha sido un periodo caracterizado por un progresivo deterioro en las relaciones entre el Gobierno y un conjunto amplio de periodistas, actores políticos, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios de comunicación. Una hostilidad tan marcada y multivariable que tiende a poner en un segundo plano el contraste entre el avance de Colombia en el 2025 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa –de la posición 145 en 2022 pasó a la 119 en 2025– y, a su vez, el incremento de agresiones contra periodistas en diferentes regiones del país: desde 2022 hasta lo corrido del 2026 los periodistas asesinados suman ocho– el último de ellos el joven Mateo Pérez, en Briceño (Antioquia), contándose 387 agresiones por parte de grupos armados, según registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
De otra parte, estas tensiones se presentan en un periodo en el que la crisis de sostenibilidad ha llevado a reestructuraciones internas en los medios pertenecientes a grandes conglomerados, buscando con ello paliar millonarias pérdidas (Ver, Fusiones y mucho mas).
En medio de este panorama, cabe destacar la poca visibilidad dada a los avances y logros del gobierno a lo largo de estos cuatro años. En cambio, se han exacerbado los escándalos en torno a la vida personal y familiar del presidente, los cuestionamientos al manejo de las comunicaciones personales a través de redes sociales, la respuesta dada a denuncias sobre corrupción en entidades de su gobierno y el manejo de medios gubernamentales, particularmente Rtvc. Este escenario puede sintetizarse con la expresión “la comunicación fallida”, alusiva a las dificultades en la comunicación entre el gobierno con los medios corporativos y otros agentes claves del ecosistema de medios en nuestro país, como líderes políticos, organismos defensores de la libertad de expresión y otros sectores ciudadanos.
El desencuentro entre medios y Gobierno
El papel vigilante y fiscalizador del periodismo y de los medios de comunicación frente a las acciones de los gobiernos es parte constitutiva de su misión de informar, pues ellos son centrales en el ejercicio de control social de la gestión pública. De ahí que las tensiones entre ambos puedan entenderse como inevitables e incluso necesarias. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, varias coyunturas generaron fuertes tensiones en su cubrimiento mediático: el caso de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) por el desvío de 46.800 millones de pesos; la bola de nieve en torno al papel jugado por Laura Sarabia, las imputaciones de la Fiscalía al exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la imputación por falsedad de documentos a Juliana Guerrero y el escándalo en torno a la existencia de un “cartel de los diplomas falsos” que ha beneficiado a funcionarios y contratistas del gobierno.
Mención aparte merecen los casos en que procesos judiciales se mezclan con aspectos personales y familiares. Como el seguimiento al proceso judicial contra su hijo Nicolás. O las controversias por el papel de la primera dama Verónica Alcocer. Otros asuntos personales también han sido expuestos con redoblado ahínco, nunca padecido por otro presidente en la historia de Colombia, destacando allí sus hipotéticas adicciones, sus inasistencias a actos oficiales y conjeturas sobre su orientación sexual y su vida sentimental. Todo ello convertido en un disperso y confuso cruce de discursos en el que los principios constitutivos de un periodismo responsable se diluyen en medio de rumores, viralizaciones de videos y notas basadas en una sola fuente.
Vale la pena preguntarse entonces por el lugar que le corresponde al derecho fundamental de la libertad de expresión y de información, un derecho que no solamente cobija a quienes producen y emiten mensajes sino a quienes lo reciben: no es fácil acudir a una información veraz e imparcial frente a un barullo mediático que dificulta enormemente al ciudadano común y corriente informarse con pluralidad de fuentes y puntos de vista. En vez de aportar insumos para armar el rompecabezas de nuestra vida social y política y propiciar un debate público más vigoroso, el tratamiento de estos temas en los medios ha contribuido a incrementar la polarización y a imponer una agenda informativa que prioriza las filtraciones, el escándalo, los calificativos y la espectacularización en detrimento de cuestiones de fondo.
La confrontación entre medios y gobiernos en la reciente historia nacional no es nada nuevo, sí lo es el desequilibrio en torno al tratamiento recibido por este gobierno, el primero de izquierda, por parte de un sector importante de los grandes medios de comunicación, quienes en periodos anteriores han sido mucho más cautos en los cuestionamientos a presidentes y expresidentes del país. Basta con recordar la portada de la revista Semana en el balance del primer año del gobierno de Iván Duque, que a propósito de sus desaciertos e inexperiencia tituló amablemente: “Un año de aprendizajes”, mientras que en el caso de Gustavo Petro, aun sin cumplir su primer año de mandato, tituló: “Colombia va mal”. Así mismo, mientras colocan en el caldero público la vida privada del Presidente, muchos medios de comunicación omiten o tratan discretamente el basto conjunto de documentos que relacionan al expresidente Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein y Guislaine Maxwell, condenados ambos por sostener durante años una red organizada de tráfico y explotación sexual de menores. De otra parte, en el encuadre noticioso predominante durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, predominaban posiciones editoriales favorables y se reforzaba su imagen como un presidente con altos índices de popularidad, lo que propició que varios estudios se refirieran al “unanimismo informativo” y al “unifuentismo” durante su periodo; mientras tanto, de modo simultáneo, adelantaba procesos judiciales y de desprestigio contra un grupo minoritario de medios de comunicación y periodistas que investigaron y cuestionaron acciones realizadas durante sus gobiernos –como procesos judiciales contra funcionarios (recordemos la Yidispolítica), la implementación de la Política de Seguridad Democrática y los negocios de sus hijos (Tomás y Jerónimo Uribe)– entre ellos Daniel Coronel y el noticiero Noticias Uno, Holman Morris, como director del programa Contravía, Daniel Samper Ospina, a quien calificó de “violador de niños”, Gonzalo Guillén, y medios como Telesur y Canal Capital; además del entramado de espionaje a periodistas y opositores conocido como las “Chuzadas del Das”.
Ahora bien, el tono de las respuestas dadas por el presidente Gustavo Petro a través de trinos y discursos públicos a los diferentes cuestionamientos a su gobierno también ha sido fuerte, en diversos casos extremos, como la descalificación en el 2024 de mujeres periodistas al denominarlas como “muñecas de la mafia”, lo cual condujo a una sentencia de la Corte Constitucional (SU-432 de 2025) que exige al Presidente retractarse y ofrecer disculpas públicas, lo cual hizo en el Consejo de Ministros del pasado 19 de mayo: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana”.
Este tipo de señalamiento a periodistas y medios de comunicación también ocasionó discusiones públicas con la Defensoría del Pueblo y con organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como la Fundación para la Liberta de Prensa Flip y El Veinte. Sin embargo, debe destacarse que estas tensiones fueron dialogadas con intermediación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Cidh, lo cual llevó a la firma de la Directiva Presidencial 07 de septiembre de 2024, sobre los “deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa”, cuyo propósito ha sido el de prevenir agresiones, estigmatizaciones y la obstaculización al trabajo periodístico por parte de funcionarios públicos. Ahora bien, la firma de esta medida no incidió de manera contundente en su cumplimiento y, por el contrario, un año después se contabilizaron 193 agresiones de funcionarios públicos a periodistas y medios de comunicación, más aún en la recta final de este gobierno y el desarrollo de una campaña presidencial polarizada.
Un modelo cuestionado de comunicación gubernamental
Parte de las presiones de algunos medios de comunicación contra el gobierno de Gustavo Petro pueden explicarse por el giro dado a la adjudicación de la pauta publicitaria estatal, con la cual gobiernos anteriores favorecieron mayoritariamente a los grandes medios. Si bien muchas dependencias y entidades descentralizadas tienen autonomía en la asignación de la pauta publicitaria –y de hecho la han otorgado a medios privados– desde la Presidencia no se adjudicó un solo peso por este rubro a los medios privados, sino que favoreció la inversión en los medios estatales. Según un informe periodístico de La Silla Vacía, “el giro fue radical. Con Duque el 69% de la pauta se fue a medios de comunicación privados, mientras que con Petro esa cifra fue del 0% en 14 ministerios. Y mientras el contrato con Rtvc representó el 18% del gasto de Duque, con Petro llegó al 84%”.
Un viraje que puso en el debate público la polémica sobre la utilización de los medios estatales – en este caso la programadora Rtcv- para favorecer la agenda gubernamental versus su papel para privilegiar actores y agendas con escasa visibilidad en los medios de comunicación tradicionales. Debe destacarse que la parrilla del canal institucional Señal Colombia ha profundizado en programas mucho más incluyentes en cuanto al lugar que ocupan producciones desde las regiones, a una perspectiva más plural de lo cultural y lo educativo, y a un lugar protagónico de las víctimas y diversas organizaciones sociales que poco acceso tienen a la agenda de medios tradicionales; de igual manera, el nuevo lugar dado a los formatos de opinión que prácticamente han desaparecido de los medios privados.
En este mismo proceder, vale la pena destacar el papel cumplido por el noticiero institucional Rtcv Noticias, emitido diariamente a través de Señal Colombia y ganador del Premio India Catalina al Noticiero Favorito del Público durante dos años consecutivos (2025 y 2026). Con un formato semejante al de cualquier otro noticiero comercial –presentadores, secciones, corresponsalías regionales e internacionales, etc.–, se diferencia considerablemente de los medios privados por la perspectiva desde la cual se informa, con énfasis en fuentes que –claro está – favorecen no solo la agenda gubernamental sino la de sectores sociales, culturales y políticos que permiten una mayor cobertura de temas de orden social.
El otro viraje de este gobierno en el manejo de la pauta publicitaria se focalizó en favorecer proyectos de comunicación y de periodismo alternativo con bases sociales comunitarias y alternativas. De hecho, el 12 y 13 de septiembre de 2024 organizó en Armenia el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, que congregó a un promedio de 1.500 periodistas y representantes de medios comunitarios. En este evento, el presidente Gustavo Petro anunció el apoyo a los medios de comunicación alternativa a través de la pauta publicitaria: en noviembre de 2024 firmó la Directiva 011 para el “fortalecimiento de la divulgación de información pública a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitaria y de televisión comunitaria” que, entre otras cosas, propuso “promover la pluralidad informativa, la libertad de opinión, la transparencia en la información, así como la garantía de la diversidad de opiniones y fuentes”. Así mismo, cursa en la Comisión Sexta del Senado el proyecto de Ley 128 de 2025 que propone lo que Gustavo Petro ha llamado “la ley de los tercios”, que busca distribuir el 33.3% de la pauta publicitaria oficial en medios de comunicación comunitarios y alternativos, otro 33.3% a medios privados y el restando 33.3% a medios estatales.
Trátese de medios privados o alternativos, la dependencia a la pauta publicitaria oficial o a otro tipo de vínculo económico o editorial, plantea riesgos frente a una posible subordinación editorial a la agenda del gobierno de turno y la credibilidad de producciones periodísticas realizadas en este contexto. El caso reciente del programa Señal Investigativa, realizado en convenio entre Rtvc y la revista independiente Raya ha generado una fuerte polémica en torno a los alcances de algunas de las investigaciones periodísticas publicadas, particularmente la que presenta al “Proyecto Jupiter” como una campaña que bajo la fachada de talleres sobre democracia en entornos empresariales favorece a la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, y que señala al medio digital La Silla Vacía como aliada del proyecto. Con argumentos de un lado y de otro, con cartas abiertas de apoyo también de un lado y de otro. Este caso aporta lecciones importantes sobre cómo afectan a la credibilidad de los medios de comunicación las alianzas con entidades tanto públicas como privadas.
Fuertes vientos
Otros temas relativos a la comunicación gubernamental también han sido muy debatidos. Como las transmisiones en directo y sin límite de tiempo de los Consejos de Ministros en todos los canales de televisión, incluidos los privados, lo que finalmente logró ser regulado y transmitido exclusivamente por los canales institucionales. También lo han sido las protestas de organizaciones feministas y la solicitud de la bancada de mujeres del Pacto Histórico para que Holman Morris, gerente de Rtvc, dimitiera de su puesto mientras se adelantaban las investigaciones que reabrió la Fiscalía sobre una denuncia por acoso sexual y laboral. El uso de los tuits presidenciales también ha sido un tema de muchos debates que, sin embargo, debe entenderse como una tendencia de las nuevas formas de comunicación gubernamental a través de las redes sociales.
Para concluir, después de décadas en que un sector muy importante de los medios de comunicación privados ha mantenido relaciones estables y armónicas con las élites y con los gobiernos de turno, eran de esperarse las tensiones y bajas expectativas frente a un gobierno con una agenda social y política basada en combatir las inequidades estructurales del país. Hoy en día, en plena campaña electoral, los ánimos se intensifican frente a la posibilidad de una continuidad del Pacto Histórico en el gobierno con la candidatura de Iván Cepeda: guerra de encuestas, informaciones de Semana comprobadamente falsas sobre la financiación de su campaña, menciones confusas de su nombre en los computadores del jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes hacen parte de la narrativa que se impone. Todo ello en medio de acusaciones a sus rivales políticos, su negativa a participar en debates con los demás candidatos presidenciales (la usual estrategia de los punteros) y su escasa exposición en medios privados. El cierre del gobierno de Gustavo Petro está, pues, en medio de una intensa confrontación mediática y el futuro de un ecosistema comunicativo más plural y respetuoso de los otros augura fuertes vientos.
1. Tales leyes, si bien generaron críticas y denuncias por vulneraciones a la libertad de expresión, tenían como fundamento la necesidad de democratizar la información, controlar los monopolios y dar voz a sectores marginados del circuito mediático y del debate público.
2. Ulloa, A. (2025) La Comunicación fallida: La lucha por la hegemonía política y la hegemonía mediática, durante “el gobierno del cambio”. Revista Redipe. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/2207/2202.
3. López, F. (2005). Aprendizajes y encrucijadas del periodismo. Entre la paz de Pastrana y la seguridad democrática de Uribe. Revista Palabra Clave: https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1459
4. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/petro-les-corta-la-publicidad-a-los-medios-y-la-gasta-en-el/
* Profesora Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. Doctora en Estudios Políticos y relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia
