¡H2O!

La vida se marchita sin agua, hasta fenecer. Así sucede con seres vegetales y animales de todas las especies. En el caso de los mamíferos, que nos engendramos en placenta, nuestro contacto con el vital líquido es desde los primeros días. Una relación tal, de formación y goce, que desde hace años llevó a que profesionales de la medicina recomienden a las parturientas dar a luz en piscinas adecuadas para ello. Y el nuevo ser, al contacto con la vida externa, no extraña el cambio pues se siente en una continuidad con el espacio en el que germinó.

Se trata de una relación vital que también deviene de nuestra composición orgánica, agua en un 70 por ciento; idéntica a la composición que tiene la Tierra, aunque en este caso el 97,5 por ciento es agua salada y solo el 2,5 es dulce.

Pese a ello, a nuestro ser biológico, violentando tan estrecha imbricación mamífero-naturaleza, las políticas de servicios públicos a las órdenes del neoliberalismo transformaron el agua en una mercancía. Su precio, pese a ser un recurso natural, lo imponen las multinacionales y grandes empresas locales de manera monopólica según la rentabilidad que esperan obtener. Es así como, el derecho negado, ahora transformado en mercancía, implica capacidad de pago: sino pagas la factura en el tiempo indicado padeces el corte del chorro.

Es aquella una decisión contra la vida, inimaginable para quienes tienen más de cinco décadas de existencia, quienes desde su más tierna infancia gozaron del agua como un abundante recurso público y de libre acceso en ríos, quebradas, cascadas, lagos, a lo largo del país, y que se compartía sin ninguna condición, como gesto de hermandad, y tal vez como satisfacción del mandato bíblico:  “Dad de beber al sediento”. Eran décadas de inexistencia de agua embotellada y preocupación pública por garantizar que llegara de manera óptima y a bajo precio a todos los hogares y, para ello, la construcción de acueductos municipales o comunitarios. El tratamiento de las aguas residuales era parte de igual gestión estatal, como también comunitaria.

Inimaginable era privatizar el agua, como lo es que lleguen a proceder de igual suerte con el aire, dos de los elementos básicos de la naturaleza, esenciales para nuestra existencia y nuestra reproducción, y que pertenecen a la totalidad de la humanidad. Son inalienables, como bienes comunes, y por lo cual deben ser no solo accesibles sino también administrados de manera responsable y colectiva, con derecho a gozarlos, sin por ello llegar a derrocharlos ni destruirlos.

Es esta una realidad, de acceso y derecho a su disfrute, aún más manifiesta en un país como Colombia, cruzado por todos sus costados por venas acuáticas que hacen parte de vertientes hidrográficas (1) y, como parte de ellas, numerosas cuencas (2), además de centros hidrográficos (3), lagunas (4) y otros cuerpos de agua. Esta abundancia del vital líquido que se extiende a un mar y un océano que bordean su frontera caribe y pacífica. No es casual, por tanto, que este país sea identificado como uno de los más beneficiados por esta bondad de la naturaleza. 

El agua (hidrósfera, en una mirada más amplia), es parte sustancial del conjunto abiótico y biótico, que se interrelaciona y depende de manera armónica de la atmósfera y sus ciclos, así como de la biosfera, pero también del cuidado que tengamos en nuestra relación con bosques y suelos, conjunto de lo cual demanda de parte de los humanos una relación no violenta con la naturaleza, es decir, ajena a deforestar de manera irresponsable y sí a recomponer los bosques, a no contaminar las aguas ni los suelos.

Pese a la bondad de la naturaleza ecuatorial, con la implementación de un modelo socioeconómico que le da la espalda –y que desconoce nuestra formación geofísica–, el deterioro y contaminación de bosques, cuencas y aguas es la norma, y el sentido de lo colectivo, de lo público que ahora debe ser común, queda sepultado bajo el peso de una concepción de la vida que ve en la naturaleza una mercancía y, por tanto, en cada una de sus partes un negocio. Se hace así falsamente indiscutible el concepto de corto plazo, que, en contra de la satisfacción de lo común y colectivo, privilegia el lucro de unos pocos, dejando en ascuas la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, asentadas en el territorio nacional.

Es esa idea y ese modelo social lo que logró plasmarse sin miramiento alguno en la Ley 142/94, para darle paso a la privatización, entre otros, de numerosas empresas públicas que tenían a su cargo las redes de acueducto y todo lo asociado con garantizar que el agua llegara, en buenas condiciones, a todos los hogares. Así, con esta puerta abierta, en poco tiempo los capitales transnacionales llegaron al país para controlar los servicios públicos domiciliarios. El incremento de tarifas, y con ello la negación del derecho humano al líquido esencial para numerosas familias que viven al límite, fue la primera de las consecuencias derivadas del giro que significó pasar de lo público a lo privado.

Tres décadas después de este giro, sin satisfacción plena de todos los beneficios anunciados que traería el mismo, incluso sin haberse resuelto en ciudades como Santa Marta y Montería –sometidas por décadas al dominio de lo privado sobre lo público–, su flujo ininterrumpido las 24 horas del día, y mucho menos potable, el virus del covid-19 desnudó las consecuencias más letales de la privatización. En efecto, en el 2021, y según la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios, “[…] más de 166.000 mil suscriptores fueron reinstalados y más de 60.000 reconectados, para un total de 232.836 suscriptores (76 por ciento de los usuarios que estaban sin el servicio en febrero de 2020). Estas reconexiones y reinstalaciones se realizaron principalmente en los estratos residenciales más bajos; así, en el estrato 1 se hicieron 29.942 reconexiones y 70.857 reinstalaciones; en el estrato 2, 21.663 reconexiones y 47.785 reinstalaciones; y en el estrato 3, 10.623 reconexiones y 29.909 reinstalaciones …”. El procedimiento se llevó a cabo atendiendo las disposiciones normativas que emitió el gobierno central con la declaratoria sanitaria producto de la pandemia por el covid-19.

Dos años después, este año, sin covid-19 y, por lo tanto, sin emergencia sanitaria, con indicadores inflacionarios que permiten calcular un crecimiento en los indicadores de pobreza en todo el país y, por tanto, con iguales o mayores indicadores de “suscriptores” sin condiciones económicas para pagar por el negado derecho fundamental al agua, con la evidencia de decenas de miles de hogares que no están satisfaciendo los llamados “tres golpes diarios”, el presidente Gustavo Petro anuncia el 27 de enero que asumirá “[…] temporalmente la responsabilidad de los organismos que prestan servicios públicos y reducir las tarifas” (5).

Esa decisión es loable pero no coge el toro por los cuernos, toda vez que no le plantea al país el origen de la problemática de las altas tarifas en los servicios públicos (privatización, prevaleciendo el negado derecho fundamental al agua como negocio para ampliar las arcas del capital transnacional, como de grandes empresas nacionales, incluso algunas de ellas de supuesto carácter público), ni lo invita a pensar con sentido de lo público, hoy común, como la vía por recorrer para alcanzar necesarios niveles de justicia social en el país y en el mundo, como un todo. Se trata de retos y necesidades inaplazables, como lo resaltó el coronavirus, al certificar una vez más que existe una serie de necesidades humanas que deben ser satisfechas por lo público, con prioridad e igualdad.

La invitación debe desnudar los diversos mecanismos de privatización y transnacionalización monopólica de los recursos naturales, vividos aquí, apropiados por empresas extractivistas, como ocurrió, por ejemplo, en La Guajira de la mano de la multinacional Intercor, en un primer momento –hoy propiedad de Glencore–, y las nefastas consecuencias generadas para el pueblo wayúu por el uso prioritario del agua para la explotación del mineral, con cientos de sus hijos muertos por desnutrición y mala calidad del aire.

Igualmente, la invitación ha de extenderse también por acaparamiento de agua de la mano de las empresas de bebidas azucaradas y productoras de comestibles ultraprocesados, demandantes unas y otras de significativas cantidades de agua, al punto que una empresa como Postobón declaró en el 2020 haber utilizado 5.208.109 metros cúbicos de agua en la producción de sus bebidas azucaradas. 3.188.239 de metros cúbicos servidos por acueductos municipales, y el resto extraído de aguas subterráneas y recogido de aguas superficiales (6).

Mientras esto ocurre con una de las empresas más tradicionales del país, fabricante de productos no esenciales para la alimentación y sí generadora de efectos secundarios sobre la salud de quienes los consumen de manera reiterada, nuevas empresas, como las dedicadas al extractivismo agrícola, por ejemplo, con el monocultivo de aguacate hass, son denunciadas por pobladores del departamento del Quindío por desecamiento de sus fuentes de agua (7).

A su vez, la industria petrolera, controlada por una empresa mixta nacional y seis transnacionales, utilizan 99 barriles de agua por cada uno de petróleo que extraen del subsuelo, agua contaminada que después vierten en ríos y lagunas adyacentes, afectando con ello todo el ecosistema del que hacen parte estos yacimientos, así como la cotidianidad y condiciones de vida de quienes habitan la región.

Es necesario el debate nacional sobre varios asuntos: modelo económico, trabajo, producción, exportaciones, divisas, cantidad de litros a que debiera tener derecho cada connacional, mínimo vital asociado a ello, y otros temas adjuntos a esta problemática, que están a la orden del día para discutir. Algo que el Presidente Petro ocultó con su decisión de entrarle al tema por las ramas.

Una deliberación abierta y pedagógica que debe preguntarse por el rol del Estado en el mundo moderno, a la manera de abrirlo cada día más a la intervención ciudadana, propiciando la efectiva concreción de una democracia directa, participativa, radical, plebiscitaria, que trascienda lo formal –limitada hoy al ejercicio electoral– y abierta a la reflexión sobre gobernanza en todas sus variables. Entre tales factores debe estar el carácter real de los derechos fundamentales, y entre ellos el estatuto del agua, de la energía, del transporte, de la vivienda, de la salud, entre otras conquistas de la humanidad que ahora son asumidas como mercancías, restringiendo su ‘derecho’ a quien puede pagarlo. ¿Es eso un derecho fundamental?

El debate que señalamos debe hablar sobre el papel de lo público y su control por parte de la sociedad como un todo, actuando así desde el entendido de que la mejor manera de garantizar la protección y un mejor funcionamiento de lo que es común es  que repose en las manos y se muestre ante los ojos y oídos de los millones que somos.

Una controversia de tal naturaleza debe comenzar a propiciar la desmercantilización de lo común, de modo que estimule la superación de la tradicional pasividad con que las mayorías asumen la llamada cosa pública. Actuar para transformar, y así proceder para experimentar la vivencia de una nueva época social en la que nos reintegramos a la naturaleza, para protegerla en todas las dimensiones que sean indispensables, de suerte que se puedan garantizar su respeto y su recuperación, y con ello se tenga la satisfacción de la vida en justicia, en dignidad, para todo ser humano, más allá de su clase, color, creencias y cualquier otra condición.

Un ejercicio cotidiano de esa índole habrá de permitir que el agua, imposible de producirse en laboratorio químico alguno –a pesar de conocerse su composición y características de todo tipo (dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; insabora, inolora, incolora, etcétera), pero sí en los ecosistemas bien cuidados, ‘fábricas’ del vital líquido– llegue a todos los hogares bien tratada, en cantidades suficientes, de manera ininterrumpida, con tarifas accesibles y controladas por los comités del agua que deberán existir por doquier.

Recorrer este camino será parte del llamado a hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, como reza el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, al tiempo que asume el liderazgo global para que el conjunto de la humanidad empiece a recorrer una senda poscapitalista que dé a luz nuevas formas de vida, gestión de los recursos naturales, así como de producción y convivencia.

1. Son cinco: del Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo.

2. Tenemos, entre las cuencas más importantes del país: Vertiente del Caribe: ríos Magdalena, Cauca, Atrato. Vertiente Pacífico: ríos Patía, San Juan, Mira, Baudó. Vertiente Orinoco: ríos Guaviare, Meta, Vichada, Arauca. Vertiente Amazonas: ríos Caquetá, Putumayo, Vaupés. Catatumbo: ríos Zulia, Sardinata, Magdalena.

3. Entre ellos destacan: el Macizo Colombiano (reserva mundial de la biosfera, y donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá; y en su amplio territorio se forman 65 grandes lagunas, además de su región albergar 15 páramos); Nudo de los Pastos (nacen allí los ríos Putumayo y Mira, además de albergar la Laguna de la Cocha –una de las más grandes del país–; Cerro de Caramanta, donde nace el río San Juan, el San Juan antioqueño y el Risaralda; Nudo de Paramillo, donde nacen los ríos Sinú, León, San Jorge y Riosucio; Páramo de Sumapaz, cuna de los ríos Cabareara y Sumapaz, además de varios afluentes de los ríos Meta, Guaviare y Magdalena; Páramo de Guachaneque, albergue del nacimiento de los ríos Bogotá, Upía, Blanco, Guatiquía, Negro y Opón; Nudo de Santurbán, en el que se origian los ríos Zulia, Lebrija y afluentes de los ríos Catatumbo y Arauca; Sierra Nevada de Santa Marta, territorio origen de los ríos Cesar, Ranchería, Aracataca, Fundación y Anguani, fuente en total de 35 cuencas hidrográficas.

4. Entre las más importantes: Tota, Cocha, Sonso, Fúquene

5. https://acortar.link/IlaeD6

6. Derecho al agua en Colombia. Informe nacional. Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo. sf. https://acortar.link/1gtYs2

7. https://acortar.link/3XbCOL

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&path=26&product_id=180

Información adicional

Autor/a: Carlos Gutiérrez Márquez
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Le Monde diplomatique, edición 233 junio 2023
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