Que el árbol no impida ver el bosque

En las elecciones presidenciales celebradas el pasado 13 de abril en Ecuador, el presidente-candidato Daniel Noboa, contra todo pronóstico, logró el 55,6 por ciento de los votos depositados por 13.736.000 de sus compatriotas que acataron el llamado a las urnas, un holgado triunfo sobre la opositora Luisa González, que no superó el 44 por ciento de los sufragios contabilizados. El 17 por ciento de la población en edad de elegir, pese a ser obligatorio el voto, se abstuvo de ello.

Dos meses antes, el 19 de febrero, en la primera citación a elegir a la persona que regirá el destino del país suramericano entre los años 2025-2029, contra todo pronóstico, Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana–Movimiento Renovación Total (RC-Reto), forzó a la escenificación de una segunda vuelta al sumar el 44 por ciento de las papeletas depositadas en las urnas, distanciada de Daniel Noboa, candidato del partido Acción Democrática Nacional (ADN), por escasos 16 mil sufragios.

En esta cita, la abstención, del 17,78 por ciento (2.424.000), los votos nulos (763.797) y en blanco (242.739) sumaron cerca de la cuarta parte del potencial electoral, claro indicador de un amplio sector de la sociedad que no siente confianza en ninguno de los candidatos de la contienda ni se siente concitado por sus propuestas de país. Tales indicadores, de igual manera, resaltan la polarización que caracteriza a la sociedad ecuatoriana, división ahondada por la incompetencia del mandatario de turno, claramente superado por la crisis que registra el país, abocado por varios meses a la debacle de su sistema eléctrico, con represas secas y el corte del servicio de energía eléctrica hasta por espacios de 12 horas diarias, lo que descuadró todo su sistema productivo, al verse obligadas las empresas a un funcionamiento a medio ritmo.

En esa citación, la apuesta de Noboa, con eco en las proyecciones de todas las encuestadoras, era que vencería por amplio margen en la consulta de febrero, haciendo innecesaria la consulta de abril. Aguada la fiesta, la evaluación y la reorganización de la campaña oficialista centró su oferta electoral en otra de las realidades que hoy potencian la crisis social en el país andino: violencia e inseguridad, recuperación de la seguridad y tranquilidad nacional, promesa ya conocida y esquiva en los resultados hasta ahora alcanzados por quien encabeza la administración pública desde hace 17 meses, cuando de manera sorpresiva pasó a habitar el Palacio de Carondelet al vencer en elecciones anticipadas, tras la renuncia de Guillermo Lasso, en noviembre de 2023, quien de este modo eludió un juicio político por corrupción que se le venía encima.

Pese al fracaso en su oferta de volver a hacer del país un territorio de seguridad y tranquilidad, la promesa de controlar y eliminar la violencia narcotraficante pasó a repetirse día a día, en todo tipo de eventos, electorales u oficiales, oferta que, como se vivió en Colombia décadas atrás, es una potente y convocadora promesa electoral, movilizando al electorado en su entorno.

No es para menos. Ecuador pasó a registrar en el 2024, con 39 asesinatos por cada 100 mil habitantes, como el país más violento de la región (1). Convertido en territorio de paso, almacenamiento y envío de estupefacientes a diversas partes del mundo, quedó convertido en un territorio en el cual se dirimen las contradicciones entre los grupos mafiosos, afanados por un mayor control de espacios, organismos e instancias fundamentales para concretar con éxito sus propósitos.

Vecino de Colombia, cuyas fronteras por el departamento de Putumayo registran altas tasas de siembra de coca, además de estar controladas por organizaciones armadas; con similar evidencia en la frontera por el Pacífico, con límites porosos y que facilitan el transporte por selvas, ríos y carreteras de la prohibida mercancía destinada a que llegue vía mar Pacífico a Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo, lo que hace de Guayaquil, principal puerto del país, el epicentro de tales operaciones: “En el Ecuador, en 2024 se han incautado 296,5 toneladas de droga, valoradas en 700 millones de dólares. Los que están exportando el banano, 900 millones al año. Es mucho más jugoso que la exportación de banano”, aseguró Leonidas Iza (2).

La promesa electoral de seguridad estuvo refrendada en sucesos de campaña, dos en especial: la firma con la multinacional paramilitar Black Water, el 11 de abril, de un acuerdo de seguridad, y cuyo jefe mercenario, Erik Prince, pese a estar impedido por la normatividad nacional, realizó declaraciones electorales por medios institucionales a favor del candidato-presidente. En paralelo, la firma con los Estados Unidos del restablecimiento de bases y operaciones militares en el país, un acuerdo con el cual viola el artículo 5 de la Constitución Nacional, pero refrendado, pese a ello, con firma presidencial en febrero pasado. Ambos acuerdos se soportan en el compromiso de luchar contra el narcotráfico y restablecer la seguridad para quienes habitan en el país de Manuelita Sáenz.

Al mismo tiempo, afanado en la decisión de triunfar a como diera lugar, Daniel Noboa maniobró sin recato alguno tras tal propósito, y operó antes y en medio de la campaña electoral sin respeto por legalidad alguna, obrando de distinta manera para que la vicepresidenta Verónica Abad no cumpliera a cabalidad sus funciones, así como negándose una y otra vez a dejar sus funciones como Presidente, entregándole las riendas del país, como lo manda la Constitución.

Pero no solo eso, como lo registra hasta la misión electoral de la OEA (3): usó los recursos públicos para su campaña electoral y, en los dos últimos meses de campaña, gastó 560 millones de dólares con el financiamiento de siete bonos sociales de última hora (4). Es un proceder típico de “padre benefactor” y de control social, redoblado con la norma que negó a los votantes, a riesgo de multas altísimas, la posibilidad de tomar foto a su voto. Y, un día antes de los escrutinios, como parte de su oferta de seguridad nacional, alegando “grave conmoción interna”, expidió el Decreto 599 por medio del cual declara el estado de excepción en siete provincias, en todas las cuales había vencido en febrero anterior la candidata opositora.

Ante ninguna de estas maniobras y violaciones de la Carta Constitucional el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció, y mucho menos sancionó al candidato-presidente, en una evidente muestra de sometimiento y ausencia de autonomía, admitiendo el ejercicio autoritario del poder por parte del jefe de Estado y candidato. Claramente, se trata de un proceder en sintonía con los aires que hoy soplan por varias coordenadas mundiales, y con impulso reforzado en Estados Unidos, “el país de la democracia por excelencia”. Tampoco se pronunció el órgano electoral ante el proceder presidencial que llevó a inhabilitar a Jan Topić, quien aspiraba a ser candidato presidencial y quien, amparado en su hoja de vida como mercenario en distintas coordenadas mundiales, y valido de su bandera de seguridad, se perfilaba como la única persona que hubiera podido disputarle el discurso securitista a Noboa.

Se destaca, además, una sociedad que, temerosa de la ola de violencia y anhelante de que el ambiente de inseguridad que hoy vive el país sea cosa del pasado, tampoco reacciona contra los excesos en el proceder oficial, otorgándole manga ancha a Daniel Noboa.

El presidente-candidato, consciente de esta dádiva y de la carta triunfadora que se jugaba, se reforzó con el apoyo abierto y descarado de la Casa Blanca, cuyo inquilino lo invitó a su posesión en enero pasado, en un aval a la mediocre y cuestionada gestión del hoy reelegido mandatario ecuatoriano, reafirmada con la reunión sostenida con Trump el pasado 29 de marzo en Mar-a-lago, proyectada en el país suramericano como un claro mensaje de campaña: “Sí habrá seguridad y mejores indicadores económicos”, lo que podría decirse que hoy, con el paso de los días, se tradujo en una foto ganadora, un triunfo nítido para los propósitos del presidente gringo en la región y que a la vez corona con broche de oro los primeros meses de gestión de Marco Rubio como secretario de Estado.

Con un ejercicio del poder amparado en excesos, ilegalidades y abusos de todo tipo, y una sociedad en gran porcentaje en sintonía con quien le ofrece que restablecerá la tranquilidad y la seguridad, no era necesario un fraude electoral, como lo anunciaban algunos periodistas del orden internacional, así como analistas políticos, y como lo sugiere el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según los periodistas de marras, la incapacidad del gobernante de turno, superado por una multicrisis que conmociona el país pero, además, el apoyo logrado por la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, de parte de 75 organizaciones sociales y políticas de su país, entre ellas la Conaie, parte fundamental del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (Mupp), cuyo candidato, Leonidas Iza, había obtenido el 5,25 por ciento en las elecciones de febrero, aseguraban el triunfo. Y así lo refrendaban las encuestas. Pero ni unos ni otras tomaron en cuenta el efecto real de los factores relacionados, como tampoco lo hicieron de la inclinación que tendrían los indecisos, población joven, descreída en política y que busca soluciones concretas en materia de seguridad y empleo, uno de cada diez ecuatorianos habilitados para sufragar, que solo definirían su voto en el momento de depositar la papeleta electoral, decisión que le otorgó 1.283.433 votos al presidente-candidato, y 158 mil a la candidata opositora, en una decisión ciudadana con epicentro en “[…] Quito y Guayaquil (medio millón de papeletas), y el incremento registrado en la sierra centro-sur (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Azuay” (5), territorios estos últimos con significativa población indígena.

Se dice en la entrevista realizada por la revista antes citada: “Ninguna de las encuestadoras ni los exit polls mostraron una diferencia de esta magnitud, pero un análisis pormenorizado da cuenta de que, mientras la votación de Luisa González tocó su techo en primera vuelta, capitalizando la pésima gestión gubernamental, la operación política, mediática e institucional de Noboa, fue más eficiente en conquistar casi todo lo que estaba en disputa”. Un logro también facilitado por la profundidad territorial alcanzada por la campaña de Noboa, refrendando acuerdos con liderazgos locales.

Es una realidad que la candidata opositora, afanada por tener algún juego político, se niega a reconocer, y deja en el aire el fantasma del fraude electoral (6), proceder no avalado por sus propios compañeros de filas, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denuncia tampoco soportada en los informes de los 40 mil veedores que puso el Movimiento Ciudadano en las mesas electorales, ni con eco en las organizaciones indígenas y sociales en general, ninguna de las cuales llamó a copar calles y defender la supuesta usurpación del voto popular. Al fin y al cabo, para líderes como Leonidas Iza, la oposición no representa más que a la socialdemocracia, y una opción de izquierda está por construirse en el tejido social de su país.

Silencio de unos y otros, inexistencia de actas electorales manipuladas o suplantadas, falta de protesta social y resultado electoral no denunciable avalado por Lula y Boric, presidentes de Brasil y Chile, decisión que lamentó Rafael Correa. (7).

Se prevé, entonces, un trabajo del Ejecutivo encaminado a potenciar una reforma de la Carta Magna (8), promesa electoral del autocrático candidato triunfador (9), y con la cual los sectores económicos y políticos que representa pretenden anular lo alcanzado en la todavía no desarrollada de manera cabal ni consolidada Constitución elaborada en 2008 en Montecristi. Allí están: privatizaciones, autorización de bases militares extranjeras, retardataria reforma laboral, y muchas otras medidas regresivas en la agenda contrarreformista, en un escenario aún más posible a la luz del reconocimiento oficial otorgado por la OEA luego de verificar “[…] la plena coincidencia entre las actas transmitidas, las entregadas a los partidos políticos y las que fueron devueltas en los paquetes electorales” (10), aval que le brinda legitimidad internacional y le inyecta músculo al reelegido inquilino del Palacio de Carondelet

Con toda certeza, el bosque es más complejo y diverso que un árbol. γ

1. Calero, César G., “Ecuador se encamina hacia un régimen autocrático tras el triunfo de Noboa en las presidenciales”, Público, 14/4/2025.

2. Iza, Leonidas, “El capitalismo se alimenta de las economías criminales”, entrevista a Bernardo Gutiérrez, 12 de abril, 2025, Desde Abajo. https://www.desdeabajo.info/rotador-incio/item/el-capitalismo-se-alimenta-de-las-economias-criminales.html.

3. https://www.elcomercio.com/elecciones/mision-oea-preocupada-indicios-mal-uso-recursos-publicos-comicios-ecuador.html.

4. Revista Nueva Sociedad, ¿Por qué la derecha se impuso otra vez en Ecuador? abril 2025, https://nuso.org/articulo/por-que-la-derecha-se-impuso-otra-vez-en-ecuador/.

5. Ídem.

6. “Ecuador: candidata Luisa González desconoce los resultados de la segunda vuelta electoral”, Telesur 15/04/2025.

7. https://www.aporrea.org/internacionales/n403941.html.

8. Gandulfo, Dolores, Ecuador, la primera elección latinoamericana en la era Trump, Página 12, abril 11 de 2025.

9. Ecuador se encamina hacia…, op. cit.

10. https://www.proceso.com.mx/internacional/2025/4/26/mision-de-observacion-de-la-oea-reconoce-los-resultados-de-las-elecciones-presidenciales-en-ecuador-350108.html.