Desde el 2 de marzo Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ya desabastecida y bombardeada. Ya no caben dudas de lo que allí ocurre: un crimen de guerra.
El 23 de marzo, el Ejército iraelí mató a ocho miembros de la Cruz Roja palestina, seis de la Defensa Civil y un empleado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerca de Rafah, en el sur de Gaza; luego, fueron enterrados en una fosa común. Estos trabajadores humanitarios eran perfectamente identificables por sus uniformes reflectantes y sus vehículos. Desde octubre de 2023, más de 400 trabajadores humanitarios y 1.300 profesionales de la salud han sido asesinados. El Artículo 8 del Estatuto de Roma, que fundamenta la Corte Penal Internacional (CPI), califica como un crimen de guerra “atacar a propósito al personal, las instalaciones, el material, las unidades o los vehículos utilizados en una misión de ayuda humanitaria”. Además, los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a las partes en conflicto a garantizar la protección de las víctimas civiles, prevén expresamente la necesidad de permitir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja “ofrecer sus servicios”.
