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Gobierno-farc. En vísperas del primer acuerdo

Gobierno-farc. En vísperas del primer acuerdo

Según declaraciones oficiales, Colombia está cerca de un posible acuerdo de paz. De manera sorprendente, Gobierno y farc, según el Jefe de Estado (1), coinciden en torno al primero de los puntos de la agenda o derrotero definido para los diálogos que encaran en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012: Desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Un mes antes, el diálogo comenzó con la ceremonia de instalación en Noruega.

 

Aunque al momento de escribir esta editorial no son conocidos todos los términos de las coincidencias con las cuales culmina el primer ciclo de discusiones, sí son públicas las propuestas de la insurgencia, que entregaron a la comunidad nacional e internacional –de manera gradual y calculada– bajo un nombre genérico: “Desarrollo rural para la democratización y la paz con justicia social de Colombia” (2). Sus propuestas retoman y desarrollan en extenso los distintos aspectos que implican una transformación del campo.

 

En esta ocasión, son propuestas que están escritas y perfiladas con el propósito de propiciar un acuerdo con la contraparte, ya que sobresale al leerlas, la “renuncia” a la histórica consigna por una «reforma agraria», bien, en términos genéricos o con el adjetivo –integral– como se le conoce dentro de las aspiraciones o exigencias de los movimientos sociales agrarios, de las organizaciones políticas de izquierda, militares, o político-militares, que tienen asiento en el país. Una “renuncia” que no es de poca monta.

 

Cabe recordar que quienes conformaron las farc, alzaron armas como mecanismo para preservar la propia vida y la de sus semovientes, pero además, enarbolaron la estrategia exigente de la tierra para el campesinado pobre. Resulta por tanto que, a la hora de estos diálogos de paz, obran con un marcado sentido pragmático, y puede pesar en su nueva postura, la situación de cambio que viven varios países de la región donde la izquierda es gobierno y poder, la situación de desgaste o repliegue que los afecta como organización guerrillera durante los últimos 10 años, y el contexto político en el cual su enemigo en el poder, con incapacidad para arrasar con los alzados en armas, está apremiado por un reacomodo de gobernabilidad, un viraje que con un acuerdo de paz, constituya una antesala para la integración de manera plena en la agenda comercial internacional. Llega el país, por tanto, a una coincidencia de factores que dan pie y favorecen los avances de estos diálogos.

 

Es una realidad dinámica y compleja. Como en toda negociación, las partes tratan de imponer sus visiones e intereses pero con un margen y sentido laxo. Es realista por tanto, la “renuncia” de las farc a su reivindicación histórica, embalada en propuestas tales como: la demanda gratuita de tierra para campesinos o trabajadores agrícolas que no la tienen o la poseen en cantidades insuficientes, privilegiando entre todos a las mujeres cabeza de hogar. Una iniciativa que, aunque precisa, carga una primera debilidad: no existe en el país un censo que indique en forma precisa el número real de campesinos a relacionar como “sin tierra” o en la calificación de “tierra insuficiente”.

 

En otro de sus comunicados la guerrilla alude a la necesidad de un nuevo catastro agrario a cumplir en un término de tiempo no superior a 5 años. Una pista concreta para salir de las generalidades con respecto al problema de la propiedad de la tierra y sus consecuencias de latifundio e injusticia.

 

En una cadena de pasos y de mirar soluciones, proponen la conformación de un Fondo de Tierras que “…deberá contar con parte fundamental de las 43 millones de hectáreas que están en el rango de la alta concentración según la información predial actual, y de las más de 11 millones de hectáreas disponibles como baldíos”. Y sustentan más adelante, que esa extensión con millones de hectáreas provendrá de “…latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”. Se podría decir que aquí ya estaría el debate claramente planteado. Pero no.

 

La insurgencia avanza en la sustentación de una propuesta integral –aunque no total en tanto, queda claro más adelante–, que reivindica de manera prioritaria a los campesinos y otros sectores del campo con los cuales han tenido alguna relación social o que pretenden tenerla por visión geoestratégica, soberana, sostenible y sustentable, ambiental y socialmente, retomando así todas aquellas reivindicaciones progresistas que están en boga en la agenda internacional ambientalista, campesina, indígena, afrodescendiente y de soberanía alimentaria. Una pretensión inmensa que para garantizarla –con exigencia que suena extraña para una organización insurgente que propende por otro modelo social– los lleva a demandar a su enemigo la reorganización democrática del territorio y la desganaderización de la producción rural en 20 millones de hectáreas, al mismo tiempo que la definición precisa y cierre de la frontera agrícola.

 

A la par, con una valoración pragmática y futurista, dado que muchas de las comunidades con las cuales tienen alguna relación habitan territorios bajo protección especial, llaman a actualizar y definir de manera precisa las zonas de reserva forestal y de parques naturales, así como a formalizar y reconocer la sustracción de territorio de las zonas de reserva forestal a favor de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

 

Según ellos, tal reordenamiento deberá garantizar que el país sea soberano en la generación de sus alimentos. Producción limpia, protección de semillas, identificación y valoración de la tierra en sus potencialidades y usos, reconocimiento, estímulo y privilegio del campesinado minifundista para cumplir esta meta. Además, ponen sobre la mesa la “constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria”, como complemento y garantía para lo cual es necesario avalar como lugar central y prioritario “(…) la protección, el estímulo y el subsidio a la producción campesina de alimentos”, además del “(…) aumento del área de cultivos agrícolas hasta llegar a un equilibro entre tierras aptas para la agricultura y tierras efectivamente destinadas para esa actividad…” (al menos hasta 20 millones de hectáreas, privilegiando el aumento del área de producción de alimentos).

 

Remarcan al respecto, que se debe crear un Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio para operativizar tal transformación en el uso de la tierra. Y para formalizar todo este conjunto de medidas, retomar y valorar siempre la economía campesina –como es sabido, garantía del abastecimiento de la cocina y la mesa de las familias colombianas–, con creación de zonas de producción campesina de alimentos “en una extensión que sumada no será inferior a 7 millones de hectáreas”. A su par, e igualmente como reconocimiento de una realidad nacional, brindar el apoyo institucional y “…el compromiso inmediato del Gobierno Nacional de formalizar el total de las 9.5 millones de hectáreas de tierra…” que hoy comprenden las zonas de reserva campesina, las mismas que sustentan parte importante de su economía en la producción de alimentos.

 

Significan estas propuestas, sin duda, una agenda abierta y exigente para una oligarquía que por más de un siglo negó la necesidad de llevar a cabo un proceso de modernización del campo y de las fuerzas productivas que incorpora. Pero ahora, por la demanda proveniente del mercado internacional, tal vez es indispensable –a pesar, e incluso para dicha oligarquía–, que el campo cambie hacia una integración “moderna” en la dinámica del capital global. Un motivo para constatar ahora coincidencias en la mesa de La Habana, que parecían impronunciables en el lenguaje oficial, al respecto de la propiedad de la tierra.

 

De este modo, lo que parece “revolucionario” termina siendo instrumental y catapultado para sus propósitos de continuidad de poder por el sector más abierto del establecimiento a la dinámica internacional del capital. De ahí que el reordenamiento territorial que demanda la insurgencia, para definir de manera clara los territorios destinados a la producción agrícola, y de alimentos en particular, sea más que pertinente y, constituya una pretensión similar para el sector que controla el actual gobierno, en su confrontación con aquellos por los que cada día se expresa el expresidente de los ocho años sin fórmulas de paz.

 

Otras reivindicaciones quedan para el acuerdo, con respecto a la importancia de los campesinos minifundistas o sin tierra, y en la demanda para que salgan de la pobreza: que tiene una síntesis monetaria: la constitución con un monto de 300 billones de pesos –dinero con destinación específica–, del “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”. Y otra demanda de Estado: laboralizar todo trabajo en el campo, con una estrategia en el manejo de subsidios: “La implantación de una renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado”.

 

Aunque en muchas de estas propuestas pueden presentarse coincidencias, marca diferencia la demanda guerrillera de control para las explotaciones mineras a cielo abierto (o con regulación estricta), de las que se llevan a cabo en zonas de reserva ambiental y de resolver a favor de las comunidades los conflictos de usos de la tierra derivados de este tipo de explotaciones o de las explotaciones forestales de gran escala. Asimismo, el requerimiento de suspensión de todas aquellas licencias ambientales para proyectos minero-energéticos en curso que afecten los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población. Igual, la exigencia para declarar de carácter estratégico los principales recursos energéticos y mineros, recuperándolos en cabeza de la nación, renegociando los contratos ya firmados con las multinacionales con asiento en el país, hasta delimitar de manera precisa las economías de extracción de recursos naturales no renovables.

 

Con toda seguridad en estos aspectos de las consideraciones y propuestas guerrilleras hay contradicciones profundas con la lectura oficial. En efecto, las propuestas de las farc quiebran el proyecto de las locomotoras santistas y su afán de consolidar una economía extractivista. Economía que deja en segundo lugar el potencial estratégico e histórico del país, más importante y de mayor potencial hoy, cuando es visible que la humanidad entra en conflictos sustanciales por el déficit de tierra apta para sembrados de alimentos, agravados por su misma producción a partir de prácticas no seguras para la salud humana, pero también, por la pugna que ya toma lugar por el control del agua, recrudecidos, unos y otros, y por la manera irracional como el ser humano se relaciona con los otros seres vivos y con la naturaleza en su conjunto.

 

Un enfoque con asiento histórico, amable en la relación con la naturaleza, permitiría al país situarse en las próximas décadas, como un territorio de referencia obligado, construyendo así un futuro más seguro para todos sus habitantes. Por supuesto, es también contradicción: la manera cómo se administrarían los territorios autónomos que propone la insurgencia. El epíteto de “republiquetas” (3), como las tildó el ministro de Agricultura, sitúa claramente la contradicción, que será más evidente cuando las farc argumenten que se desmovilizan pero “sin desarmarse”.

 

Estas diferencias adquieren mayor tamaño cuando se aprecia el énfasis insurgente para los territorios que reivindica: “Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural de los territorios interétnicos comprendida en términos de capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación que se derive del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente”. Aspiración que pretende concretar a través de la “Constitucionalización de los territorios interétnicos e interculturales”. Un recorrido no exento de contradicciones mayores.

 

Como se sabe, el mecanismo para formalizar los acuerdos de la mesa de La Habana, es otra mayor. La reiterada insistencia de los rebeldes de formalizarlos a través de un acuerdo constituyente choca con la pretensión oficial de hacerlo a través del Congreso de la República o por conducto de una consulta popular. En todo caso, es un diálogo con afinidades y diferencias, estas últimas no irreconciliables. Como no, si el diálogo cuenta con el método para encararlas, y con el favor del momento político y de la presión de la comunidad internacional para superarlas.

 

Sobre todo, al constatar la postura de una valoración más flexible por parte de la insurgencia sobre el capital internacional, explicita al aceptar que la economía campesina puede convivir con el gran capital a través de encadenamientos productivos y con acuerdos “(…) equilibrados que posibiliten repartos equitativos del excedente, condiciones dignas de trabajo y de existencia, y atención a estándares laborales, incluido el aseguramiento social”, proyecta luz sobre el camino que viene. Sin duda, los veedores internacionales de los diálogos habaneros así lo testimoniarán. Y su asombro no será poco, al comprobar que la guerra en Colombia se ha extendido en el tiempo y en víctimas por los intereses mezquinos de aquellos que cada año acumulan más riqueza.

 

Como es posible apreciar, y con voz del Presidente, Colombia está a las puertas de cerrar uno de los factores que propicia el conflicto y el alzamiento de una de las organizaciones guerrilleras, la más importante. Falta considerar otros factores y otras organizaciones, así como el conjunto del conflicto social, para que la paz no sea solo el silenciamiento de los fusiles rebeldes de las farc. 

 

1 “Santos: ya hay acuerdos en tema de tierras con farc”, www.sipse.com/mundo/santos, 15 de marzo de 2013.

2 Las propuestas presentadas tienen el siguiente calendario y nombre (los textos en comillas que se encuentran a lo largo de este texto corresponde a una u otra de las propuestas):

6 de febrero de 2013, “Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra”.

18 de febrero de 2013, “Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población”.

23 de febrero de 2013, Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.

1 de marzo de 2013, “Ocho propuestas mínimas para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades”.

11 de marzo 2013, “Ocho propuestas mínimas para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras y de los territorios interétnicos e interculturales”.

12 de marzo, “Zonas de Reserva Campesina”.

13 de marzo 2013, “Diez propuestas mínimas para la dignificación del trabajo y del trabajo asalariado en el campo”.

19 de marzo 2013, “Nueve propuestas mínimas de Justicia social territorial y política macroeconómica para la paz”.

3 “Zonas de Reserva Campesina no pueden ser una “republiqueta independiente”; Minagricultura, www.todelar.com, marzo 13 de 2013.

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