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La pensión: una ilusión de difícil materalización en Colombia

La pensión: una ilusión de difícil materalización en Colombia

 

En Chile ya hizo agua, en otros países da señales de lo mismo, y Colombia no es la excepción: allí donde se privatizó el sistema de pensiones, los Fondos creados para tal fin amasan fortuna mientras los trabajadores cotizantes escasamente acceden a una pensión. Desventajas de un negocio que no debe existir. La realidad colombiana en detalle.

 

No cesan en su exigencia. Desde hace 7 años, con el inicio del primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), el poder financiero demanda una reforma al régimen pensional vigente en Colombia. El entonces ministro de trabajo, Rafael Pardo Rueda, dio respuesta a la demanda con una propuesta llamada de pilares:  primer pilar, sistema público (reparto) hasta un salario mínimo, de ahí para arriba, un segundo pilar basado en el ahorro individual y administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los banqueros, que eran los dueños de las AFP no estuvieron de acuerdo: querían que el sistema público se acabara del todo.

 

Desacuerdo congelado por la coyuntura nacional y los afanes gubernamentales, donde el protagonismo lo copó, en un primer tiempo las negociaciones de paz con las Farc y luego la urgencia de la reforma tributaria. Pero superados tales “escollos” los banqueros de nuevo exigien la aplazada reforma pensional. Así lo enfatizaron en reciente foro organizado por su gremio, realizado los días 20-21 de abril y que tuvo por sede a la ciudad de Cartagena. Santos respondió que sí, pero que primero habría que crear una Misión. Es obvio que la intención del mandatario es dejarle este espinoso problema al próximo gobierno. 

 

Pero, ¿cuál es el afán de los banqueros? Están preocupados con su negocio pues desde hace un tiempo para acá es inocultable la desbandada que sufre el sistema privado de pensiones, cuyos afiliados se percataron del fraude que viven. No es para menos, les ofrecieron oro y ahora ni cobre reciben: a pesar de cotizar de manera regular durante todas las semanas correspondientes, más de la mitad de ellos no logra pensionarse. Aquellos que acceden a pensión logran, en el mejor de los casos, sólo un pago equivalente a la cuarta parte del ingreso sobre el que cotizaron, el que más adelante se reducirá a una renta vitalicia de un salario mínimo. Casi doscientos mil afiliados se trasladaron a lo largo del 2016 a Colpensiones, como se puede apreciar en la gráfica adjunta. 

 

Sin escrúpulo ni ánimo social alguno. Los grupos económicos, a través de los diferentes gremios que representan al sector financiero (Asofondos, Anif, Asobancaria y Fasecolda), ante su incapacidad para atraer y conservar un número creciente de trabajadores cotizantes y por tanto, ante la reducción de sus ganancias, exigen marchitar el sistema público de pensiones, o lo que es lo mismo, que éste no reciba más afiliaciones. Según su despropóstio, de ahora en adelante todos los cotizantes deben ir al sistema privado. Porque según ellos el alto costo fiscal y los privilegios del sistema público son insostenibles. El eco para su demanda llega a través de los medios de comunicación, que repiten tal discurso, bien porque son propiedad de estos grupos económicos, o bien porque les pagan la pauta publicitaria.

 

 

Argumentos falsos. El alto costo fiscal es culpa de las AFP, y en el sistema público los privilegiados no es la nota preponderante ya que el 92 por ciento de los pensionados están por debajo de cuatro salarios mínimos. Pero en realidad este no es el principal problema del sistema pensional colombiano –lo que retomo más adelante–, el problema vital es que en Colombia la mayoría de su población trabajadora no logrará pensionarse.

 

Para la muestra un botón. En la actualidad sólo el 23 por ciento de la población de más de 65 años está pensionada, cobertura que era mayor antes de expedir la ley 100 de 1993, la cual privatizó el sistema de pensiones. Para colmo, las proyecciones señalan que de mantenerse las tendencias actuales la cobertura se reducirá al 9 por ciento en el largo plazo. Valga resaltar que un escaso 31 por ciento de la Población Económicamente Activa es cotizante y de esa proporción solo el 30 por ciento se pensionará.

 

La caída en la cobertura, es claro, no es un efecto de la reforma de las pensiones en sí, sino que refleja con toda claridad el debilitamiento del vínculo salarial, proceso estimulado por una serie de normas que flexibilizaron en Colombia el contrato laboral. La ecuación es sencilla: la cotización nace del salario. Realidad que al principio los neoliberales no comprendieron o simplemente no aceptaron, fuera de toda realidad soñaban con una cotización desligada de la relación salarial. Ha transcurrido más de un cuarto siglo desde el inicio del proceso de desregularización laboral (Ley 50 de 1990), y es posible verificar la disminución de la fidelidad a la cotización. De acuerdo con los datos de la Superintendencia Financiera a diciembre del 2016 solo el 39,6 por ciento de los afilados al sistema eran considerados como cotizantes activos, es decir con una mora de menos de 6 meses. Hay que recordar que antes de la ley 100 más del 90 por ciento de los afiliados eran cotizantes activos. 

 

Ahora los representantes del sistema financiero privado reconcocen, así no les guste, que el principal problema para el régimen pensional es la informalidad laboral, como lo expresa el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro**. Otro problema acá es que los negociantes del ahorro pensional consideran que la formalización del trabajo se logra flexibilizando más el mercado laboral, por lo que piden, en concreto, que continúe el desmonte de las prestaciones sociales y la reducción del salario mínimo.

 

El costo fiscal

 

Un cuestionamiento falso. Los negociantes de la vida de las personas mayores que logran pensionarse ocultan, al momento de controvertir el sistema público de pensiones, que mientras la carga de los pensionados está en sistema púbico, los activos financieros están en el privado: las obligaciones están en un lado y el ahorro financiero en el otro. Las cifras al finalizar el 2016 son las siguientes: 1) El 92 por ciento de los pensionados estaban en el régimen de prima media (1.3 millones), mientras los fondos privados sólo tenían el 8 por ciento restante (0.12 millones). 2) Los privados concentraban activos financieros por $196 billones (22% del PIB), y tenía afiliada a la población joven en etapa de cotización, mientras que el régimen público presentaba agotamiento de reservas y tenía afiliada población en edades superiores a los 40 años.

 

Contradicción que es necesario superar. No es sostenible un sistema integrado por un esquema de regímenes en competencia, donde uno es el que recibe y gestiona las contribuciones en la mayor parte de la etapa de aportes, mientras que el otro es el que se hace cargo del pago de pensiones. Esto necesariamente tiene que generar un costo fiscal. 

 

Existen otros costos fiscales, causados por los Fondos Privados, que generalmente no se mencionan. De un lado, el Presupuesto Nacional deberá asumir: la garantía de la pensión mínima, completarles a las aseguradoras el ajuste del salario mínimo realizado por encima de la inflación, y pagar el valor de los bonos pensionales. De otro lado, a finales del 2016, $77 billones de los activos de los Fondos privados estaban colocados en bonos de deuda pública (internos y externos), que en el futuro el Fisco tendrá que redimir para pagar las pensiones. Este sí se es un pasivo pensional exigible al cien por ciento, mientras que el pasivo del sistema público está suponiendo que todos los afiliados se van a pensionar, lo cual no va a suceder.

 

En cuanto a los privilegios del sistema público, el 76 por ciento de las pensiones están por debajo de dos salarios mínimos y el 92 por ciento por debajo de cuatro. Mientras que las pensiones por encima de veinte salarios mínimos son el 0.4 por ciento, es decir cuatro milésimas. Este es el caso de las pensiones de los magistrados y los miembros de Congreso, que si bien se trata de pensiones aberrantes, es un problema altamente simbólico, pero no es la causa estructural del sistema. En el debate se toman estos casos y se generaliza para criticar el sistema en su conjunto. Pero el 99.6 por ciento de los pensionados del sistema público cotizaron, y dieron su vida produciendo la riqueza social de la cual disfrutamos, y es justo que tengan su pensión. Ellos no son el problema, el problema es la gran mayoría de colombianos que no están pensionados o no lograran pensionarse.

 

Finalmente, afiliarse a un Fondo Privado de Pensiones resulta ser una mala decisión. En estos, en el mejor de los casos, la pensión que se recibe no alcanza a ser el 25 por ciento del ingreso sobre el que se cotiza (tasa de reemplazo), y si la persona es longeva, al final recibirá a través de una compañía de seguros una renta vitalicia de un salario mínimo, así la cotización se hubiere hecho sobre ingresos altos. Un salario mínimo cuando las limitaciones físicas serán mayores y las demandas de atención aumentarán de manera exponencial.

 

Una privatización en el régimen pensional que deja una estela de amarguras en numerosos hogares. Hasta la fecha hay más devoluciones que pensionados: confirma la Superintendencia Financiera (por requerimiento realizado), que desde marzo de 2011 hasta abril de 2016, alrededor del 55 por ciento de las solicitudes de pensión fueron negadas, con derecho a devolución de saldos, porcentaje que es igual a 90.814 afiliados a quienes los Fondos Privados han devuelto sus saldos sin alcanzar su derecho a pensión. Es decir, son más las personas a quienes les han devuelto saldos que aquellas que han obtenido alguna renta de jubilación, que para la misma fecha eran 84.970. ¿Qué significa esto? Que las personas que reciben las devoluciones perdieron para siempre el derecho a la pensión, porque en la etapa final de su vida productiva quedan con cero semanas de cotizaciones y cero ahorros. 

 

Estamos ante una realidad que no puede pasar indemne. La devolución de saldos plantea fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del régimen privado de cumplir su objetivo para el que fue creado. En este sentido, sorprende que se haya convertido en un factor de mercadeo de las Administradoras frente a los afiliados al exaltar que los saldos se devuelvan con capitalización de intereses, lo cual se debería llamar sistema de ahorro con grandes descuentos, y no un sistema de pensión. A la cuenta de ahorro sólo va entre el 63 y el 71 por ciento de los aportes que efectúa cada afiliado, y cuando éste no puede hacer los aportes, en los meses que carece de trabajo, le sacan comisión de administración de lo que ya tiene ahorrado. 

 

Realidad que debe sensibilizar a la sociedad colombiana para que exija, en primera instancia, transparencia, acceso a toda la información, apertura y explicación del proceso vivido, junto con sus resultados, en este cuarto siglo de privatización del régimen pensional en Colombia, así como revisión de otros modelos de pensión exitosos y fracasados por todo el mundo. Que no se escuchen solamente las voces del poder financiero, que sin reparar en las consecuencias de su voraz apetito de ganancias, compra a la tecnocracia y a los medios de comunicación.

 

Así debe ser porque se trata de un debate que concierne a toda la sociedad en tanto en ello está en juego su futuro.  

 

 


Para comprimir aún más

 

La Ocde presentó el estudio económico sobre Colombia en mayo pasado (http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia-2017-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf), y allí no habla de aumentar la edad de las pensiones. Quien así opina, con amplio eco en los medios de comunicación oficiosos, es un funcionario de un organismo financiado por la entidad. Lo que se señala en el estudio es continuar flexibilizando el mercado laboral reduciendo beneficios a los trabajadores. Ahora se pide restringir los beneficios del subsidio familiar canalizado a través de las Cajas de Compensación Familiar, y moderar el aumento del salario mínimo. Lo que resulta extraño de estas recomendaciones es que en la gran mayoría de los países de la Ocde, que supuestamente se caracterizan por buenas prácticas económicas, tienen subsidios familiares más generosos de los que existen en Colombia, y un salario mínimo mayor.

 

Con seguridad, estas “recomendaciones”, además de las opiniones del funcionario en cuestión, alimentarán de nuevo presiones por concretar reformas de diverso tipo con la supuesta bondad de mejorar el desempeño económico del país. Sus afectados directos e indirectos no debieran permanecer pasivos.

 

 

 

**Discurso pronunciado en la clausura Congreso de Asofondos http://asofondos.org.co/sites/default/files/Discurso%20de%20Santiago%20Montenegro%20Clausura.pdf

 *Economista, profesor universitario.

 

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