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México: Entre la violencia y la indignación ciudadana

México: Entre la violencia y la indignación ciudadana

México es un paraíso patrimonial, es una cabeza de playa ideal para cualquier grupo criminal del planeta, dada la existencia de una impunidad como la que hay ahí.

Edgardo Buscaglia (1)

 

En menos de un mes, el presidente de México pasó de recibir el Premio Estadista Mundial 2014, otorgado por la ultra-neoliberal Fundación por un Llamado a la Conciencia, a ver su gobierno ridiculizado en las páginas del New York Times del 19 de octubre de 2014: “En México se encuentran muchos cadáveres, menos los de los 43 estudiantes desaparecidos” (2).

En efecto, dos días después de que Enrique Peña Nieto recibiera el premio, el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, a 193 kilómetros al sur de la Ciudad de México, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que realizaba una colecta para dirigirse a la marcha estudiantil del 2 de octubre en la capital, conmemorativa de la masacre estudiantil de igual calendario en 1968, fue atacado por fuerzas policiales y militares. Los uniformados rafagueron los transportes, mataron a tres de ellos y tres transeúntes, provocaron la muerte cerebral de Edgar Andrés Vargas e hirieron a otras 25 personas. Muchos huyeron hacia el campo, los estudiantes que se quedaron a defender a la gente fueron subidos a patrullas, resultando que 43 de ellos siguen desaparecidos a la fecha.

Según el testimonio de un normalista, Omar García, que acudió junto con otros al llamado de uno de sus compañeros, al llegar al lugar del enfrentamiento, los guardias disparaban desmedidamente en contra de los estudiantes. Los detuvieron y los amenazaron: “Ustedes querían meterse con hombrecitos, ahora se callan”, les decían mientras los amenazaban con sus armas.

El 28 de septiembre, durante la clausura de la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), alumnos de la Normal Rural Indígena de Michoacán, en coordinación con la Normal Rural Vasco de Quiroga, se pronunciaron sobre el asesinato de sus tres colegas normalistas de Ayotzinapa. El mismo día, una serie de organizaciones indígenas, educativas, feministas, de derechos humanos, así como diversos intelectuales, condenaron la “ejecución extrajudicial” de los normalistas de Ayotzinapa y la definieron como “terrorismo de Estado”.

La programada marcha conmemorativa de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 terminó convertida en una inmensa denuncia de la masacre de los normalistas en Iguala. Cientos de miles de estudiantes desfilaron al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En las redes sociales, estudiantes de Turquía, Francia, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Uruguay, Bolivia y Alemania demandaron la presentación con vida de sus colegas, a la vez que diversas organizaciones internacionales realizaron mítines solidarios frente a las embajadas mexicanas en sus países. El 14 de octubre cuatro facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con las escuelas normales rurales del país, iniciaron un paro de 48 horas en solidaridad con la Normal de Ayotzinapa, al que se sumaron más de 30 universidades públicas y privadas. El 22 y 23 de octubre el paro nacional estudiantil reunió a 60 universidades y escuelas del país; en todas las capitales de la federación y en diversas ciudades menores se realizaron marchas y alumbradas, en la capital 300.000 personas marcharon coreando los 43 nombres de los normalistas y pidiendo el fin de una masacre sistemática de jóvenes, mujeres, ambientalistas, periodistas y otras personas inconformes con el sistema.

La respuesta estudiantil ha conmovido el país: las manifestaciones son secundadas por sectores muy diferentes de productores, sindicatos, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos y gente común.

Más aún, desde que el 4 de octubre un número no determinado de cadáveres fue descubierto, gracias a una denuncia anónima, en cuatro fosas clandestinas en las afueras de Iguala, la violencia policial, la ingobernabilidad de México, la corrupción de sus autoridades, la connivencia entre gobierno y narcotraficantes están en las primeras planas del mundo, aunque no se mencionen en los noticiarios de las dos cadenas monopólicas de la televisión nacional.

 

Una película de terror

 

El presidente municipal (alcalde) de la ciudad, se fugó al ser vinculado con el grupo de narcotraficantes locales Guerreros Unidos, por quienes lavaba dinero. Estos han sembrado el terror en la zona durante los últimos años, volviendo prácticamente intransitables las carreteras de Tierra Caliente, zona fronteriza con el también violentísimo estado de Michoacán.

El 27 de junio pasado, el arresto del líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, junto con 82 hombres y mujeres a su mando, provocó un enorme malestar en la zona y un amago de sus seguidores –que lo consideran un héroe de la ciudadanía– de bloquear carreteras y el puerto de Lázaro Cárdenas si las autoridades no procedían a su liberación.

La captura del defensor popular Mireles –a quien en septiembre le fue dictaminado acto de formal prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército– fue seguida de inmediato por otro escándalo asociado al ejército mexicano. El 30 de junio, unos militares se enfrentaron con presuntos delincuentes, en un incidente que dejó 22 muertos de un solo bando. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció entonces que la refriega había sucedido en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fronterizo con Guerrero. Investigaciones posteriores, sin embargo, establecieron que al 15 de los 22 no murieron en el tiroteo, sino que fueron asesinados por los militares cuando el enfrentamiento había cesado. Tres militares están acusados de homicidio y uno por encubrimiento por este caso. Las evidencias fueron proporcionadas por la revista Esquire el 19 de septiembre de 2014 (3) según la cual los militares dispararon a sangre fría contra personas que se habían rendido, como al parecer había acaecido meses antes en el estado de Zacatecas. Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. […] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”. Poco después, la agencia The Associated Press informó que la testigo que involucró a los militares en el fusilamiento extralegal era la madre de Erika Gómez González, de 15 años, quien fue asesinada (4).

En este clima de indignación poco propicia para el gobierno, la Procuraduría General de la República tuvo que informar que nuevas fosas con restos humanos calcinados fueron halladas en las cercanías de Iguala. Desde el 6 de octubre, cada día salen a la luz más fosas con más cadáveres, a la vez que se multiplican las trabas para la identificación de las y los muertos encontrados en ellas. En el país con mayor trata de mujeres con fines de prostitución, esclavitud doméstica y pornografía de América del Norte, no es de sorprender que algunos cadáveres sean femeninos, pero sobre su identidad aletea el silencio más absoluto (5).

Desde hace por lo menos tres años, el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue “Hermanos en el Camino” que proporciona asistencia humanitaria y orientación a los migrantes de Centro y Sudamérica, denuncia que México entero puede cruzarse pisando las tumbas clandestinas de los desaparecidos mexicanos y migrantes. El descubrimiento de un número siempre mayor de fosas con diversos cuerpos en el estado de Guerrero desde que la policía comunitaria se sumó a las actividades de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa parece darle la razón.

Según lo declaró a la agencia Novosti el 17 de octubre, para el padre Solalinde los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala están muertos, no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos y algunos fueron quemados vivos: “Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos. La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías. Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan, temen que los vayan a matar” (6).

Solalinde, quien fue acreedor del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012, aclara que desconoce si los jóvenes están en alguna de las fosas que la Procuraduría General de la República y la policía comunitaria de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero han encontrado en Iguala. A la vez, expresa que las trabas que las autoridades mexicanas han puesto al equipo argentino de antropología forense –que acudió al llamado de los familiares de los estudiantes desaparecidos– se suman a la dificultad de averiguar, con las ventajas de la tecnología actual, la identidad de los cuerpos calcinados.

Como él, la mayoría de las personas que en México exigen una respuesta efectiva del Estado aseguran que el gobierno da al caso un manejo político y no de justicia. Indignada, la ciudadanía denuncia que al gobierno le es más fácil decir que los jóvenes están desaparecidos que admitir que son parte de los muy numerosos cuerpos encontrados, que atestiguan ejecuciones extrajudiciales de ambientalistas, defensores de los derechos humanos e indígenas inconformes, feminicidios, desaparición de testigos y otros delitos.

Las autoridades federales, por su parte, se han tardado exageradamente en desaforar al presidente municipal prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y exigir la renuncia del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ambos miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ese partido suscribió en diciembre de 2012 el Pacto por México con el actual partido de gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI), y el recientemente depuesto partido neoliberal que gobernó el país por 12 años, el Acción Nacional (PAN). El Pacto por México fue impulsado por el PRI para fortalecer el estado mexicano y establecer algunas políticas de bienestar social mediante el incremento de los impuestos al consumo, a cambio del apoyo a las reformas hacendaria y sobre energéticos y comunicación.

El ingreso del PRD al Pacto por México para muchas personas representa una traición a la memoria de sus propios muertos, pues cuando fue derrotado en 1988 en unas elecciones consideradas fraudulentas, más de 300 de sus militantes fueron asesinados en los meses posteriores. 18 años después, nuevamente el PRD perdió las elecciones en el tribunal electoral con el 0.05 de diferencia, un magno fraude electoral. El presidente Felipe Calderón, del PAN, llamado “el espurio” por el PRD, en su afán por legitimarse declaró en 2006 la ‘Guerra al Narcotráfico’, desatando un incremento exponencial de la violencia, que aún no termina, y que ha provocado una batalla de cifras sobre el número de personas desaparecidas y muertas (oficialmente la Secretaría de Gobernación reconoce 16.000 desaparecidos, aunque las organizaciones de familiares denuncian más del doble; algunos medios de prensa hablan de 55 mil muertos, otros de 100 mil, y en ocasiones aparecen rumores de que podrían ser hasta 300 mil) (Ver recuadro).

Desde 2006, lo más denunciado en los medios alternativos es la complicidad de los grupos delincuenciales con las autoridades políticas, así como el apoyo descarado de las empresas privadas a la presidencia. La violencia posterior a los dos supuestos fraudes electorales, que algunos opositores a los gobiernos del PAN y del PRI consideran equivalentes a golpes de estado, se explicaría por la pésima distribución del ingreso en México desde que su crecimiento económico se atoró en 1995 con la crisis del “efecto Tequila”.

Esta crisis, causada por una moneda sobrevalorada, grandes déficits del sector público y la dependencia del Gobierno del financiamiento vinculado al dólar, es considerada como la primera crisis financiera de la economía globalizada, conduciéndolo al mayor declive económico registrado en un país desde la Gran Depresión de 1929, con una caída del 6.2% en su Producto Interno Bruto. Actualmente, la percepción de la población mexicana es que no hay ninguna diferencia en el nivel de corrupción y violencia contra la población entre los tres partidos del Pacto por México.

 

Poder e impunidad

 

En este clima de indignación creciente e incapacidad de respuesta gubernamental ante los hechos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, afirma que los hechos de Iguala son gravísimos y que la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala supone “una prueba significativa para el Estado mexicano y sus instituciones”. Para el secretario de la Cidh, los casos de Iguala y Tlatlaya abren una “discusión severa” sobre la eficacia de las políticas públicas del gobierno de Enrique Peña Nieto en México: “[…] Si tienes, por un lado, un caso donde hay denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales donde integrantes del Ejército pudieron haber ejecutado a 21 presuntos responsables delincuentes y, por otro lado, tienes a policías municipales que participan en actos de desaparición forzada, dices: ¿qué está pasando en materia de implementación de la política pública?” (7).

Por su lado, el académico e investigador de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia afirma que la sociedad mexicana está ante la urgencia de utilizar las mismas técnicas de activismo social y de resistencia civil pacífica que llevó a cabo la sociedad civil italiana después del asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino por parte de la mafia. Las mismas que utilizó la sociedad civil colombiana durante los peores años de violencia del narco y de los paramilitares, en las década de 1990 y 2000. Técnicas de desobediencia civil con que, en los años 50 y 60, los y las activistas respondieron al racismo de Estado Unidos, aprendidas de la lucha pacífica por la independencia de la India pregonada por Gandhi dos décadas antes. “Los ciudadanos tienen que comenzar a salir a las calles y paralizar el sistema económico pacíficamente, obligándolos puntualmente a que comiencen a limpiar el Estado mexicano, que cuenta con políticos vinculados a diferentes grupos criminales legalizados como empresas legalmente constituidas y políticos ligados a grupos criminales”, declaró el abogado y economista al periódico Regeneración el 17 de octubre.

No es el único analista que opina que la comunidad internacional debería respaldar las manifestaciones de protesta que se registran casi a diario en México desde hace tres semanas.

La escritora y activista por la paz Lolita Bosh, quien denuncia desde 2010 la violencia del narco, los tratantes de personas y los uniformados mexicanos, sostiene que la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa responde a una guerra contra las comunidades estudiantiles pensantes de extracción campesina. La activista, autora de libros de entrevistas como México. 45 voces contra la barbarie, cree que la resistencia pacífica puede suturar la herida mexicana. Para ello es necesario denunciar la maquinaria estatal de la violencia que borra los procesos civilizatorios y que la sociedad internacional voltee a ver la guerra contra el narco como una de las más sangrientas realizadas hasta ahora en el mundo.

Coincide con los cerca de 50 voluntarios por la paz que conforman el grupo Nuestra Aparente Rendición. NAR intenta atraer la atención internacional sobre la violencia a la que ha estado expuesta la sociedad mexicana, documentando las sistemáticas agresiones que sufre. También subraya la existencia de diversísimas organizaciones nacidas de la sociedad civil y sin vínculos con ningún partido político que han denunciado los asesinatos y desapariciones en el país.

El poeta Javier Sicilia, que desde el asesinato de su hijo en 2011, considera que en México, tanto el delito, que el Estado dice perseguir pero que no castiga o lo hace de manera selectiva, como la violación de los derechos humanos, que el Estado niega, parecen apuntar a la creación de un ser humano sin capacidad de reacción contra la explotación y la barbarie. Para él, las espantosas dimensiones y la sistemática impunidad que los delitos han adquirido, implican la abdicación del Estado a su deber de proteger la nación, creando la percepción de que vivir es estar sometido a la fatalidad.

 

Sicilia considera que para terminar de construir la sumisión del pueblo mexicano, el Estado también dirige la violación de los derechos humanos contra no aceptan la violencia y la explotación, rebelados ante el abuso de poder. La agresión de Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa respondería, por lo tanto, a una política de confinamiento, aislamiento, tortura y genocidio. Estaría en la línea de los casos de José Manuel Mireles y de sus 383 autodefensas, en Michoacán; el de la comandanta de la policía comunitaria Nestora Salgado, arrestada en Guerrero, y el del dirigente yaqui y defensor del agua Mario Luna, en Sonora: todos en rebelión ante la indefensión y todos castigados matándolos o fabricándoles delitos de orden común, no político, para cubrir la violación de sus derechos.

El caso de los estudiantes, sin embargo, parece cambiar la dinámica de aceptación pasiva del abuso que ha prevalecido en los últimos diez años en México.

¿Son las manifestaciones estudiantiles del país contra la impunidad de los asesinos el equivalente de las acciones del campesinado indígena colombiano contra las masacres y desplazamientos provocados por el paramilitarismo?

Por el momento, la atención puesta sobre la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, muchachos indígenas y pobres que se resisten a la imposición de una educación acrítica, atrae la mirada hacia esa parte de la sociedad civil corrompida por el miedo o por los beneficios de contratos con los gobiernos estatales y federal, sobre la cual siempre se ha sostenido la corrupción política. Es decir, en palabras de Edgardo Buscaglia, “el padre y la madre de la expansión de la violencia organizada en México” (8).

El 8 de octubre, las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, emitieron un boletín donde subrayaron que: “No confiamos en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado porque no tiene ni capacidad ni legitimidad para asumir esta responsabilidad. Por eso reivindicamos la necesidad de que el Equipo Argentino de Antropología Forense sea quien realice, de manera independiente, las investigaciones para determinar la identidad de los cuerpos que fueron encontrados en 5 fosas clandestinas en la periferia de Iguala el pasado 4 de octubre, en donde fueron encontrados 28 cuerpos calcinados.

No confiamos en el trabajo que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), ya que en 2011 hicieron una investigación después del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ¿De qué sirvió su investigación? ¿Cuál fue el seguimiento que dieron a la recomendación que emitieron?, gastan mucho dinero en recabar testimonios, en documentar “el caso”, en pagar peritos y en sus abogados que preguntan y preguntan cosas, para que al final, hoy la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis y Gabriel siga en la impunidad. ¿Qué nos garantiza que lo que hoy están haciendo con el asesinato de Julio Cesar Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo vaya a servir de algo? ¿Qué nos garantiza que lo que hoy hace la Cndh en nuestra escuela nos garantice acceder a la justicia y a la verdad?”.

 

1 http://www.dw.de/buscaglia-en-méxico-hay-un-pacto-de-impunidad/a-18001753
1 Randal C. Archibold, Mexico finds many corps but nor lost 43
2 http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/19/Caso-Tlatlaya-posible-ejecucion-ejercito/
3 http://pulsoslp.com.mx/2014/09/19/caso-tlatlaya-seria-la-primera-gran-masacre-del-gobierno-de-epn-human-rights-watch/
4 http://www.milenio.com/policia/cuerpos_en_fosas_de_Iguala-PGJE-asesinato_de_normalistas_0_385761451.html
5 http://regeneracion.mx/causas-justas/a-estudiantes-de-ayotzinapa-los-mataron-y-algunos-los-quemaron-vivos-solalinde/
6 http://www.milenio.com/policia/normalistas_de_Ayotzinapa-caso_Iguala-CIDH_normalistas-Emilio_Alvarez_Icaza_0_394160646.html
7 http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/mundo/buscaglia-%E2%80%9Den-m%C3%A9xico-hay-un-pacto-de-impunidad%E2%80%9D/ar-BB9BRkv

*Escritora mexicana, feminista autónoma.

 

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