¿Quedó asegurada la paz?

¿Quedó asegurada la paz?

 

El acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc para darle estabilidad jurídica al Tratado final de paz es una condensación de la correlación de fuerzas que explica la existencia y funcionamiento de la Mesa de conversaciones de La Habana para poner fin al prolongado conflicto armado nacional.

El aseguramiento político y jurídico del Tratado de paz que se firme en la Mesa de conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la delegación de las Farc, ha sido una preocupación constante tanto en dicha instancia como en espacios internacionales, así como en diferentes sectores sociales.

Una mirada superficial del complicado trabajo realizado por el Gobierno y la insurgencia para poner fin al conflicto armado, siempre se planteó la hipótesis exclusiva de una Asamblea Constituyente como herramienta para blindar los consensos construidos a lo largo de 5 años. Esa conjetura siempre ha rondado por allí y quienes han hecho la oposición y sabotaje de la Mesa, como el expresidente Uribe, le apostaron a esa carta pensando con el deseo de un triunfo contundente para imponer en dicha Asamblea todo el repertorio de sus ideas.

Pero el mundo no es como uno se lo imagina, y peor si la fantasía se apodera de los sujetos. La vida es tal cual como en los hechos cotidianos se va construyendo, sin querer decir que somos rehenes absolutos de la espontaneidad y el azar. Los hechos sociales y políticos toman forma, paso a paso, en el conflicto y en el discurso que interpreta y le da significación política a los diversos eventos que configuran la dinámica de la sociedad.

Olvidaron algunos, como dice Marguerite Yourcenar, que en política es un error acertar antes de tiempo.

En ese sentido, la Mesa de La Habana se dotó, en virtud del Acuerdo Especial del 12 de agosto del 2012, de una infraestructura organizacional con países facilitadores, mediadores y comisiones de asesores encargados de analizar y plantear salidas a los problemas y tropiezos que surgieran a lo largo de la negociación.

El núcleo de asesores jurídicos y otros expertos en ciencias sociales fue clave para formalizar un acuerdo en el delicado tema de la justicia.

Respecto del aseguramiento jurídico y la validación democrática del Tratado de paz, ha ocurrido un amplio ejercicio de especulación y elaboración de las más disimiles conjeturas, pero luego de varios meses de trabajo y análisis con los asesores jurídicos, colombianos y españoles, las delegaciones plenipotenciarias dieron a conocer el 12 de mayo el Comunicado 69 para darle estabilidad jurídica a los acuerdos de paz.

Sobre la legitimación de dichos pactos aún persisten tesis encontradas, pues el Gobierno sigue empeñado en convocar a un plebiscito en el segundo semestre del año 2016, para lo cual procedió a reformar la Ley de Mecanismos e Instituciones de participación, en lo atinente a tal instrumento y su correspondiente umbral; y las Farc han sugerido debatir con más ponderación una consulta popular, modulada y diferenciada, para garantizar la libre expresión del soberano, sin presiones y manipulaciones discursivas y materiales de la potente ultraderecha y de los enemigos agazapados de la paz en las Fuerzas Armadas y las altas burocracias gubernamentales, empeñados en malograr lo hasta ahora construido en los últimos 55 meses de sesiones y jornadas de trabajo. Lo cierto es que este tema sigue abierto y pendiente de definiciones bilaterales.

Sobre la coincidencia formalizada para darle certeza y seguridad jurídica, en estricto sentido, al Tratado de paz, pueden plantearse muchas cuestiones, válidas ciertamente muchas de ellas, aunque algunas pecan por su ingenuidad o necedad, tal vez.

Recojamos ciertos interrogantes al respecto: ¿Queda totalmente blindado el acuerdo de paz con los recursos jurídicos a que acudieron las partes, o qué podría romper este tipo de protección? ¿El blindaje jurídico garantiza el cumplimiento de lo acordado? ¿A qué sanciones podría someterse un gobierno que los incumpla? ¿Sede a su contraparte el gobierno Santos, o la amarra, con los herramientas jurídicas a que han echado mano? Si el Gobierno sede, ¿cuáles circunstancias políticas, militares, económicas, nacionales e internacionales, lo llevan a ello? ¿Un acuerdo jurídico de esta naturaleza da pie para que en el país tome forma un nuevo pacto bipartidista? ¿Favorece a los movimientos sociales este tipo de acuerdos? ¿En qué, cómo y por qué? ¿Cuáles fueron los puntos de mayor contradicción en el desarrollo de esta discusión? ¿Cómo fueron resueltas tales contradicciones? ¿En qué cedió el Gobierno y en qué las Farc?

La tesis planteada en este artículo afirma que el texto consensuado refleja la correlación de fuerzas políticas en la Mesa de conversaciones e implica asumir el procedimiento institucional establecido en la Constitución de 1991, para ampliar su texto con un artículo adicional y unas leyes reglamentarias, cuyo contenido recogerá, uno a uno, los elementos del Tratado de paz que prontamente se firme entre las partes. El contenido del comunicado 69 tiene la virtud de amarrar explícitamente las otras instituciones del Estado a la Mesa de La Habana, en especial al poder legislativo y a la Corte Constitucional, instituciones a las que le señalan competencias de paz muy precisas.

Como quiera que cada documento que emite la Mesa es objeto de burdas manipulaciones, es necesario relacionar acá una primera parte el texto preciso de lo firmado. De igual manera, es adecuado realizar una relación de las interpretaciones más destacadas sobre el documento emitido. Se trata de una hermenéutica social que genera referentes a la implementación de los consensos.

 

Sobre la correlación de fuerzas

 

Esta categoría sirve de pista para explicar el neto que constituye el contenido del acuerdo para dar estabilidad jurídica a la paz con las Farc.
La Mesa de La Habana es, ante todo una correlación de fuerzas políticas que bien puede entenderse en los siguientes términos.
En la “correlación de fuerzas” hay que distinguir, en principio, varios momentos o grados, que son fundamelmente, estos son (1):

 

1) Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los seres humanos.
2) Un momento posterior es la correlación de las fuerzas políticas, esto es: la estimación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por diversos grupos sociales. Este momento puede analizarse a su vez distinguiendo en él varios grados que corresponden a las diversas fases de la conciencia política colectiva tal como se han manifestado hasta ahora en la historia. El primero y más elemental es el económico-corporativo. Un segundo momento es aquel en el cual se conquista la conciencia de la solidaridad de intereses de todos los miembros del grupo social, pero todavía en el terreno meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el sentido de aspirar a conseguir una igualdad jurídico-política con los grupos dominantes, pues lo que se reivindica es el derecho a participar en la legislación y en la administración, y acaso el de modificarlas y reformarlas, pero en los marcos fundamentales existentes. Un tercer momento es aquel en el cual se llega a la conciencia de que los mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo actual y futuro, superan el ambiente corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados.

Estamos aquí ante la fase más estrictamente política, la cual indica el paso claro de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas; es la fase en la cual las ideologías antes germinadas se hacen “partido”, chocan y entran en lucha, hasta que una sola de ellas, o, por lo menos, una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando, además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no ya en un plano corporativo, sino en un plano “universal”, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado se concibe, sin duda, como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para su máxima expansión; pero ese desarrollo y esa expansión son concebidos y presentados como la fuerza motora de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías “nacionales”, o sea: el grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal se concibe como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (dentro del ámbito de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, no hasta el puro interés económico-corporativo.

En la historia real esos momentos se conectan recíprocamente, horizontal y verticalmente, por así decirlo, o sea, según las actividades económicas sociales (horizontales) y según los territorios (verticales), combinándose y escindiéndose por modos varios; cada una de esas combinaciones puede representarse en una propia expresión organizada, económica y política.

3) El tercer momento es el de la correlación de las fuerzas militares, que es el inmediatamente decisivo en cada caso. (El desarrollo histórico oscila constantemente entre el primer y el tercer momento, con la mediación del segundo). Pero tampoco éste es indistinto ni identificable inmediatamente de una forma esquemática, sino que también en él pueden distinguirse dos grados: el militar en sentido estricto, o técnico-militar, y el grado que puede llamarse político-militar.

 

La observación más importante por realizar a propósito de todo análisis concreto de las correlaciones de fuerzas es la siguiente: que esos análisis no pueden ni deben ser fines en sí mismos (a menos que se esté escribiendo un capítulo de historia pasada), sino que sólo cobran significación si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de la voluntad. Los análisis muestran cuáles son los puntos de menor resistencia a los que pueden aplicarse con más fruto las fuerzas de la voluntad, sugieren las operaciones tácticas inmediatas, indican cómo puede plantearse mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje será mejor comprendido por las muchedumbres, etcétera. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde mucho tiempo antes, la cual puede ser lanzada hacia adelante cuando se juzga que una situación es favorable (y será favorable sólo en la medida en que exista una fuerza así y esté llena de ardor combativo); por eso la tarea esencial consiste en curarse sistemática y pacientemente de formar, desarrollar, homogeneizar cada vez más y hacer cada vez más compacta y consciente de sí misma a esa fuerza.

 

En este caso, ¿en qué cedieron el Gobierno y las Farc?

 

En lo que examinamos, es evidente que el Gobierno cedió al incluir en la agenda temática un tópico que en principio no fue previsto en el Acuerdo Especial del 12 de agosto/2016, e igual las Farc, al validar el tránsito en la institucionalidad que se soporta en la Carta de 1991. Por supuesto, no todo es certeza absoluta en este entendimiento, pues plantearlo en eso términos es desconocer que en los sistemas abiertos y de democracia expansiva, la incertidumbre es la norma. Lo consensuado antes que afectar a los movimientos sociales los oxigena por el parámetro que se instala en la transformación de un conflicto.

 

El Texto del Acuerdo del 12 de mayo

 

Como toda la materia de este asunto es de reciente data y su conocimiento es limitado, salvo entre los expertos que le siguen el componente capilar al proceso de paz, es conveniente, para evitar las manipulaciones consabidas, remitirse al texto del comunicado Nº 69 en su integridad (2).
En una aproximación relativamente ecuánime a dicho documento, Gómez Buendía, de “Razón Publica”, efectúa las siguientes valoraciones:

 

En lo pactado se trató de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros ventilados en la Mesa:
– El del acuerdo especial de Derecho Internacional Humanitario (pasos 1, 2 y 5)
– El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
– El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
– El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

 

El primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del Gobierno y de las Farc echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, dice el analista.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político (3).

 

La hermenéutica social

 

Además de la anterior interpretación, en la discusión general han aflorado otras perspectivas, a cual más tremendista y cargada de mala fe o de sofismas.

 

Sobre el fetichismo jurídico

 

La columnista del periódico El Tiempo, Laura Gil, dice que lo acordado no es más que fetichismo jurídico, pues dejar el aseguramiento en manos de normas jurídicas y magistrados es una falacia por cuanto finalmente todo se remite al ámbito político, olvidando que lo jurídico, así sea como mera ideología, corresponde a un criterio político, a una trama política (4).

La teoría uribista del golpe de Estado

 

Álvaro Uribe y el Centro Democrático son enemigos declarados del proceso de paz que gestiona el presidente Santos y nada de lo realizado hasta ahora lo aceptan.

En este caso su descalificación se orienta a caracterizar la estabilidad jurídica de la paz como un golpe de Estado contra las instituciones existentes. Son muchas las tesis e hipótesis las que plantea esta corriente del campo político nacional que ha declarado además una resistencia civil al Tratado de paz que se firme.

El exministro de gobierno, Jaime Castro, es quien mejor resume las apreciaciones de dicha agencia (5).

Al anterior enfoque se ha sumado la curiosa tesis del exmagistrado Jaime Araújo Rentería para quien lo que se ha blindado es una dictadura civil del presidente Santos y no el proceso de paz (6). (Ver: “Paz: verdades a medias…” pág. 4) .

Lo que hay que considerar es que este repertorio de conceptos sirve de fundamento a la denominada “resistencia civil” planteada por el expresidente Uribe Vélez, la cual está tomando forma en una subjetividad o movimiento social de derecha para impedir la concreción de la paz.

 

La versión de Leyva Durán

 

Como no todos los seres humanos ven las cosas de la misma manera, es necesario consultar la versión de uno de los principales artífices del blindaje jurídico de la paz. En una extensa nota publicada en el diario El Tiempo el exministro Álvaro Leyva explica en qué normas –colombianas e internacionales– se basan los acuerdos, aclarando la eventualidad de recurrir a ‘acuerdos especiales’ en desarrollo del DIH (7).

 

Para animar el debate

 

La conclusión a la que se llega al examinar este cuadro de decisiones e interpretaciones es que el consenso alcanzado en la Mesa de La Habana para blindar la paz es un novedoso instrumento en un proceso de paz que genera un escenario de disputa en el campo político y del Estado, en el cual las correlaciones de fuerza pueden mutar de manera constante para consolidar una paz con justicia social o destruirla, también.
Claro está que este paso no debe desligarse del tema inminente de la legitimación del proceso mediante un mecanismo que se acuerde de manera bilateral en La Habana ni de la convocatoria de una Asamblea Constituyente para implementar y verificar el Tratado final de paz. Convocatoria que seguramente transitara por los caminos previstos en la Carta de 1991, en sus artículos 374, 376, 377, 379 (8).
Como idea final: mal puede descalificarse cualquier instrumento de legitimación de la paz –plebiscito o consulta– argumentando una baja participación ciudadana en las votaciones o un débil sustento jurídico. Iguales tesis fueron expuestas a propósito de la convocatoria y elección de la Constituyente de 1991, pidiendo su anulación o desconocimiento. Hoy lo que tenemos es una norma que completa cerca de 26 años de vigencia con una tarea hecha en el campo político de la nación.

 

1 Ver al respecto en http://bit.ly/1WWYyhy 
2 Puede ser consultado en http://bit.ly/1TLsYAo 
3 http://bit.ly/1XV0ia3 
4 http://bit.ly/1rK7MjV 
5 Ver http://bit.ly/1NPVH6G 
6 http://bit.ly/1U9kNcU 
7 Consultar http://bit.ly/1sAELY3 
8 http://bit.ly/1kOHrXf 

 

*Historiador y analista político.

 

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