“Animo a mi familia y a mis hermanas a continuar la lucha porque tenemos que ser valientes para heredar a nuestros hijos y nietos un bosque con recursos, y si la empresa atenta contra nuestros bosques, ¿qué le estaríamos dejando a las futuras generaciones?”
(Proyecto Prevenir/Oxfam, 2024) (1).
En América Latina, las mujeres defensoras del territorio libran una batalla que va más allá de la protección ambiental. Su lucha desmantela la retórica del desarrollo: ese modelo capitalista, patriarcal y colonial que ha convertido los territorios en zonas de sacrificio. Y por hacerlo, enfrentan una violencia múltiple, sostenida y estratégica. No se trata de una consecuencia colateral, sino de una arquitectura del castigo.
nte narrada desde voces masculinas, apocalípticas, tecnocráticas y jurídicas. Sin embargo, son miles las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas quienes, desde los márgenes, sostienen la defensa cotidiana del agua, los bosques y la vida. Según el informe Justicia climática, justicia de género de Oxfam (2), estas defensoras enfrentan una violencia diferenciada, diseñada para silenciarlas como sujetas políticas. Su crítica no es “anti-desarrollo”, sino una denuncia profunda a una economía que concentra riqueza en unas pocas élites globales y deja a las comunidades con las ruinas de la “modernidad”.
Desde el siglo XIX, América Latina ha sido un laboratorio de experimentación para modelos extractivos impuestos por el Norte global y reproducidos por sus élites locales: monocultivos, minería, petróleo, megaproyectos… y ahora también energías “verdes”. Detrás de las promesas de crecimiento económico se ocultan costos ambientales y humanos irreversibles: más de 4,2 millones de personas desplazadas en la última década por megaproyectos; más de 12 millones de hectáreas de bosque perdidas en la Amazonía; y un escalofriante 88 por ciento de asesinatos de personas defensoras ambientales registrados en la región, según Global Witness (3). Estos datos no son cifras sueltas: revelan un sistema que valora la acumulación de capital por encima de la vida. Para muchas defensoras, el territorio se explota como se ha explotado históricamente el cuerpo de las mujeres: como un recurso disponible, descartable, útil al proyecto de acumulación.
El informe Davos-Oxfam 2024 (4) señala que la brecha entre élites y sectores vulnerables ha alcanzado niveles históricos. Las inversiones en energías “limpias” siguen beneficiando a actores transnacionales, mientras las comunidades enfrentan desplazamientos masivos y pérdida de medios de vida. Las defensoras lo saben: no se trata solo de una crisis ambiental, sino de una crisis civilizatoria que exige una reconfiguración radical de las relaciones de poder.
Por confrontar este orden, son criminalizadas. Estigmatizadas como “obstáculos al desarrollo”. Su castigo adopta formas específicas de la violencia de género: violencia sexual, amenazas a sus hijos, difamación como “malas madres”. Solo en Mesoamérica, la IM-Defensoras registró más de 4.400 agresiones contra defensoras entre 2016 y 2022, incluyendo campañas de desprestigio, violencia digital y acoso sexual. Según Front Line Defenders (5), en países como Guatemala y Honduras, hasta el 35 por ciento de las denuncias de mujeres defensoras incluye violencia sexual con fines intimidatorios. Y eso sin contar las cifras invisibilizadas por la falta de registros nacionales sobre este tipo de violencias.
La violencia es sistemática. Human Rights Watch (6) documenta que hasta un 40 por ciento de las agresiones de género están relacionadas con denuncias públicas contra megaproyectos. Y en países como Colombia, Oxfam y la CCEEU han señalado cómo la persecución de defensoras indígenas y afrodescendientes se entrecruza con racismo estructural y militarización. No se trata de hechos aislados, sino de expresiones de una arquitectura jurídica, estatal y mediática que penaliza el cuidado y protege al capital.
Existe también un efecto desproporcionado del cambio climático sobre ellas. Entre estos impactos se ubican afectaciones que van desde la pérdida de biodiversidad y medios de vida –que compromete la seguridad alimentaria de las familias– hasta una sobrecarga en las tareas de cuidado. Con la migración de los hombres en busca de nuevas formas de sustento, muchas mujeres asumen en solitario la responsabilidad total del hogar, incluyendo la crianza, la producción de alimentos y el trabajo comunitario. Este efecto acumulativo amplifica las pérdidas y daños en los territorios rurales y profundiza las desigualdades de género. Según el informe “La vida entre pérdidas y daños” (7), uno de los impactos más significativos reportados por mujeres centroamericanas es la desintegración familiar, derivada de la migración forzada y la escasez agrícola, lo que incrementa su carga física y emocional. Las consecuencias no son solo económicas, sino también psicosociales: se expresan en preocupaciones constantes, ansiedad, tristeza e incluso síntomas de depresión.
Por lo tanto, cuando estas mujeres defienden la tierra, no solo protegen recursos: preservan un modo de vida. Y desafían al poder desde su núcleo más brutal.
El silenciamiento de sus saberes y la imposición de una “seguridad” centrada en la acumulación son pilares de una hegemonía que los feminismos decoloniales y populares latinoamericanos rechazan con fuerza. Denuncian que el modelo económico imperante ha generado una “crisis del cuidado”, subordinando el trabajo reproductivo –como el cuidado de la niñez, mayores, el cultivo de la tierra o la sanación comunitaria– a la lógica del mercado y del lucro. ¿El resultado? Un colapso social silencioso, que recae sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los vínculos que sostienen la vida.
Esta visión feminista plantea una crítica estructural: el desarrollo extractivo no solo depreda el ambiente, también extrae tiempo, vínculos, sentido. Mientras las élites aumentan su rentabilidad, los costos en salud, educación y cohesión comunitaria se transfieren a los pueblos. Es una ecuación perversa que erosiona los cimientos mismos de la vida.
En ese sentido proponen una reconfiguración radical. El cuidado debe dejar de ser visto como carga femenina y convertirse en el principio rector de una nueva economía, que implica reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, desmercantilizar los bienes comunes, apostar por economías de reciprocidad y por el sostenimiento colectivo de la vida.
Al mismo tiempo, se multiplican las falsas soluciones promovidas por instituciones internacionales y empresas transnacionales: energías verdes que desplazan comunidades, mercados de carbono que convierten los bosques en mercancía, programas de cooperación sin enfoque interseccional. Bajo el discurso del “desarrollo sostenible”, se renuevan viejas formas de despojo con lenguaje tecnocrático. La sostenibilidad sin justicia es apenas un nuevo rostro de la dominación.
Mientras los poderosos del mundo, y sectores afines a ellos, se obstinan en salvar al sistema, las defensoras están anticipando una ruptura necesaria para tejer otro. Uno en el que el cuidado no sea sacrificio, sino poder. Donde la vida no se mida en dólares ni en kilowatts. Donde defender la vida y el territorio no sea una excepción heroica, sino una práctica cotidiana. Un mundo –en suma– que todavía podemos tejer.
Pero este horizonte también requiere voluntad política y compromiso financiero. La agenda de las defensoras está siendo desfinanciada de forma alarmante: en un contexto donde los presupuestos para defensa ambiental y derechos humanos son cada vez más reducidos, las redes de mujeres defensoras sostienen sus luchas con recursos mínimos, muchas veces en condiciones de total desprotección. La cooperación internacional y los organismos multilaterales tienen una responsabilidad histórica y ética ineludible. Respaldar estas luchas no como iniciativas marginadas, sino como parte central de cualquier estrategia climática justa. No hacerlo –o reducirlas a proyectos de corto plazo sin enfoque estructural– es perpetuar la violencia que estas mujeres buscan desmantelar. Sostener la vida también implica sostener a quienes la defienden.
1. Proyecto Prevenir de USAID & Oxfam. (2024). Defensoras ambientales en la Amazonía peruana: Riesgos, necesidades y oportunidades para su protección. https://preveniramazonia.pe/wp-content/uploads/Defensoras-ambientales-en-amazonia-peruana.pdf
2. Oxfam. (2022). Justicia climática y justicia de género: Una propuesta desde las mujeres defensoras del territorio en América Latina y el Caribe. https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/lac.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Paper%20Justicia%20Climatica-Justicia%20Ge%CC%81nero.pdf
3. Global Witness. (2023). Standing Firm: The Land and Environmental Defenders on the Frontlines of the Climate Crisis. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/
4. Oxfam. (2024). Desigualdad S.A.: Cómo el poder empresarial genera desigualdad extrema. https://www.oxfam.org/es/informes/desigualdad-sa
5. Front Line Defenders. (2022). Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2022. https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2022
6. Human Rights Watch. (2023). “Me Dicen Terrorista”: Abusos contra personas defensoras del medio ambiente en América Latina. https://www.hrw.org/es/report/2023/06/01/me-dicen-terrorista/abusos-contra-personas-defensoras-del-medio-ambiente-en-america
7. La Ruta del Clima. (2023). La vida entre pérdidas y daños: Experiencias de comunidades rurales en Honduras frente al cambio climático. https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2024/03/49824_La_Vida_Entre_Perdidas_y_Danos_lrc.pdf
Referencias
International Land Coalition. (2023). Defensoras de carne y hueso impulsan Escazú. Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio. https://plataformadtt.org/defensoras-de-carne-y-hueso-impulsan-escazu/
* Respectivamente: Oficial Prevención de Violencias Basadas en Género/Plataforma Oxfam en América Latina y Oficial del proyecto de justicia climática/Plataforma Oxfam en América Latina
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