Los desafíos de legitimación del capitalismo tardío continúan y se profundizan en la búsqueda de un poder fundado en el uso de la fuerza, fenómeno que se extiende en la instrumentalización de las políticas antinarcóticos en el hemisferio americano. Elites mafiosas y estructuras criminales encuentran en la extrema derecha un terreno abonado para afianzar su poder de incidencia socioeconómica y cultural, lesionando las proyecciones de las democracias liberales. Se requiere un nuevo punto de partida para analizar el problema.
Dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU) presentada en diciembre de 2025, se plasma una reinterpretación interesada del narcotráfico como un problema que debe ser asociado a un ataque externo dirigido específicamente a sus habitantes y, en consecuencia, tratado como un asunto de seguridad nacional.
En esa creación del imaginario sobre la agresión proveniente del exterior, se designa al Fentanilo como arma de destrucción masiva (ADM) a través de la Orden Ejecutiva (OE) 14367. A partir de esa consideración se demanda como respuesta un enfoque integral que deberá utilizar todo el poder del Estado para identificar, atacar y desmantelar los cárteles y las redes extranjeras involucradas en la distribución y el suministro ilegal del opiáceo y otras drogas ilícitas, incluida expresamente la cocaína.
La integralidad de la respuesta, como problema de seguridad, implica que las medidas que se toman están por fuera de un tratamiento como “cumplimiento de la ley” (donde las diversas instancias relacionadas con el combate a las drogas se inscriben, principalmente, en el Departamento de Justicia). Como alternativa, se legitima la consideración de los narcotraficantes como grupos narcoterroristas, lo cual implica, a su vez, comprometer la responsabilidad de las Fuerza Armadas, que deben adoptar un enfoque integral para degradar y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) y organizaciones criminales transnacionales (TCO por sus siglas en inglés), señalando que tienen el deber de aprovechar todas las herramientas disponibles para eliminar esas estructuras.
En tal reinterpretación del narcotráfico el concepto de narcoterrorismo es muy impreciso y, en consecuencia, puede abarcar, bajo esa misma denominación, una gama amplia de prestadores de servicios dentro de la economía ilegal de las drogas, como cultivadores, procesadores, transportadores, proveedores de protección, entre otros, situación que acarrea, como efectivamente ha sucedido, acciones contra miembros de la población civil cuya pertenencia a estructuras criminales no ha sido demostrada.
Frente a la logística que usan las TCO, se busca maximizar los enjuiciamientos penales por apoyo material al terrorismo, de conformidad con lo que implica la designación como FTO y que conlleva a la aplicación agresiva de sanciones financieras para bloquear movimientos, recuperar activos, desmantelar redes de narcotráfico en línea, interrumpir el flujo de armas de fuego y maximizar los programas de recompensas, para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales transnacionales.
Bajo estas consideraciones de seguridad (incluso antes de presentar la política de drogas) Washington inició desde el 2 de septiembre de 2025 una serie de ejecuciones extra judiciales a través de ataques a 63 embarcaciones (hasta mayo de 2026), dejando como consecuencia el asesinato de 201 personas cuya identidad, en gran proporción, es aún desconocida. La justificación de esas operaciones militares contiene una dosis de cinismo al señalar que son el resultado del fracaso de las acciones de interdicción de las drogas que se dirigen a Estados Unidos.
Este proceso de uso de las fuerzas armadas para fines de contención del “ataque externo”, implica inscribirlas en el contexto de la Estrategia de Seguridad y de las decisiones que están tomando a partir de esa política, como la iniciativa hemisférica de alineamiento de los países afines a EU, denominado “El Escudo de las Américas”, y que plasma los desarrollos conceptuales de la serie de redefiniciones y replanteamientos de la política exterior, incluyendo los temas de seguridad.
A su vez, el nuevo tratamiento del tema del narcotráfico se inscribe en las redefiniciones frente al multilateralismo y el conjunto de organismos e instancias creadas para su concreción institucional global. Ese cuestionamiento procede de una lectura crítica que van estructurando después de varios años frente al Orden Liberal Internacional (OLI) y que replantea el tema de las amenazas para Estados Unidos, y que en su período más reciente partió de la crisis financiera de 2007-2008 y los impactos económicos negativos de la globalización; luego, en la siguiente década, la atención queda centrada drásticamente en el retorno de la competencia entre las grandes potencias.
De este proceso a lo largo del siglo XXI se concluye ya en el documento de Defensa Nacional de 2018, que explicíta que “nos enfrentamos a un creciente desorden global, caracterizado por el declive del orden internacional basado en reglas de larga data (y en consecuencia), la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación en la agenda de seguridad de EU” (1).
Como se observa, el movimiento iliberal de extrema derecha que lidera el presidente Trump se ha apropiado de este balance histórico del orden liberal que busca, en el plano hemisférico, restablecer el dominio unilateral de Washington, contexto en el cual la política de drogas representa un dispositivo clave para justificar el uso de las fuerzas armadas como instrumento de reafirmación de ese poder. Una de las conclusiones a que ha llegado esa corriente política iliberal es el reconocimiento que “un Estado poderoso no puede limitar eficazmente su capacidad de utilizar su poder/fuerza militar, cuando hay mucho en juego” (2).
Negación de la realidad
La administración Trump se propone para 2027 recortar aproximadamente U.S. $1.048 millones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Samhsa) y de otro lado reducir U.S. $1.043 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con lo cual afectaría gravemente a estas agencias y reduciría la financiación de los programas de tratamiento, los servicios de recuperación, la prevención comunitaria, los medicamentos que previenen las sobredosis y los sistemas de datos que guían las intervenciones que salvan vidas.
Igualmente, la financiación de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) se reduciría en 1.500 millones de dólares, amén de 1.650 millones de dólares que se recortarían de la investigación sobre adicciones, lo que retrasaría el desarrollo crucial de nuevos tratamientos para las drogas sintéticas emergentes.
Los programas que recopilan información de sobredosis y los fondos que los estados destinan a programas de prevención, tratamiento y recuperación basados en las necesidades locales, también se verán afectados por los recortes. Desde pequeños pueblos rurales hasta grandes ciudades, las comunidades locales podrían enfrentarse a menos camas de tratamiento, servicios reducidos y una capacidad limitada para responder a las sobredosis (3).
Diferentes cálculos coinciden en señalar que esto implica un retorno de los índices de muertes por sobredosis de opiáceos, consumo que recientemente ha experimentado una disminución como consecuencia de los programas de reducción de daños de la administración Biden. Algunas cifras del contexto:
• Entre 1999 y 2022, más de 720.000 personas murieron por sobredosis de opioides en Estados Unidos.
• En 2023, el 75,6%, es decir 79.358 de las muertes por sobredosis de drogas, estuvieron relacionadas con opioides, incluyendo:
– 72.776 muertes relacionadas con Fentanilo.
– 13.026 muertes estuvieron relacionadas con opioides recetados.
– 3.984 muertes estuvieron relacionadas con la heroína.
Las muertes por sobredosis de drogas, que involucran opioides sintéticos análogos de fentanilo y tramadol, aumentaron un 4,1% entre 2021 y 2022 (4).
De este modo, se evade la responsabilidad Federal frente al serio problema de salud pública por consumo problemático de psicoactivos, y se afecta el tratamiento del problema doméstico estructural que tiene EU por consumo de opiáceos sintéticos. La lectura del ataque externo, como el fundamento del problema de salud, se convierte así en una especie de profecía autocumplida.
El incremento de la demanda de opiáceos en el siglo XXI y del mismo crack, hacia los años noventa del siglo pasado, se relaciona con problemas sociales asociados a su vez con crisis económicas, con la cual la pérdida de mano de obra y elementos de orden étnico, conjugaron condiciones de marginalidad y exclusión que se tradujeron en comportamientos epidémicos dada la magnitud de la demanda de los dos psicoactivos, que se cruzan con comunidades negras y escenarios urbanos para el crack, y comunidades blancas empobrecidas y con bajos estudios en el caso de los opiáceos (5).
En este último caso hubo una evolución dramática a partir de medicamentos opiáceos promovidas por empresas farmacéuticas, y que luego crean una demanda que posibilitó al Fentanilo llegar y consolidarse en el mercado, lo cual satisfizo el vacío de oferta de ansiolíticos y sedantes por los problemas presentados con las farmacéuticas, señaladas como responsables de la epidemia de opiáceos recetados, como el Oxicontin.
En ambos casos los contextos socioculturales de uso problemático de psicoactivos están relacionados con los problemas del modelo económico y sus consecuencias por los ajustes en la incorporación de mano de obra, deslocalización de las industrias y generación de pobreza y marginalidad social.
¿Y qué sucede con el incremento actual de consumo de cocaína, principalmente en Europa, y que se extiende a diferentes lugares distintos a EU?
Los datos muestran un mercado en auge, y se expresa en el hecho de ser la sustancia con mayores incautaciones en la Unión Europea (Véase Gráfico)
A diferencia del Crack y de opiáceos como el Fentanilo, se trata de una sustancia que se inscribe en condiciones de funcionalidad del modelo económico mismo y su connotación afín a los procesos de modernización capitalista. Pero este proceso pasa por graves crisis estructurales que, para Hartmut Rosa, en el mundo contemporáneo expresan unas desincronizaciones que amenazan la formación social moderna desde el plano ecológico, expresada en “la «quema» (burnout) de los portadores subjetivos de energía, hasta en lo sociocultural por el agotamiento de los recursos motivacionales que la ponen en peligro desde adentro o desde abajo” (6).
En el plano social, existe interrelación entre la configuración misma de los modelos productivos, la formación social moderna en su especificidad histórica y su interrelación con el carácter de las personas, puesta de presente por Richard Sennett (7). La relación de los individuos con estas dinámicas de crisis, levanta grandes interrogantes por su impotencia para controlar y domesticar estos procesos. Para Rosa:
“ni los procesos intersubjetivos ni los procesos intrapsiquicos -y tampoco la generación de energías motivacionales subjetivas, pueden ser acelerados a gusto: tienen tiempos propios en cada caso específicos y sobrepasarlos tiene consecuencias disfuncionales.
Cuando el modo operativo de la estabilización dinámica produce una aceleración permanente de los mecanismos materiales, sociales y culturales de reproducción societal, desprende, necesariamente, consecuencias en la constitución psíquica y también en el cuerpo y el carácter de los sujetos. La pregunta es entonces: ¿cuánta dinamización pueden soportar los individuos –también en referencia a los tiempos propios de la reproducción cultural mediante la transmisión de valores, conocimiento y habitus de una generación a la siguiente– antes de que se produzca una desincronización disfuncional? (8).
Apoyándose en el psiquiatra y filósofo Thomas Fuchs, Rosa resalta la presión aceleratoria que pesa sobre los sujetos y que se manifiesta en la «desincronización, (que es un) caerse del tiempo común o del tiempo del mundo, es la amenaza latente contra la que hay que luchar continuamente» (9).
En consecuencia, se observa que los individuos tardomodernos intentan de muchas maneras acelerar sus tiempos propios, por ejemplo, mediante el uso de estimulantes como la cafeína, la cocaína y el speed, y también consumiendo preparados que prometen una «resincronización» de la conciencia, el cuerpo y la vida social (la ritalina, la taurina, el focus factor, etc.) (10).
Además, casi todas las formas de mejoramiento humano (human enhancement) apuntan a la aceleración del cuerpo y el espíritu (que aparecen como muy lentos de cara a las crecientes velocidades socio-técnicamente operativas), ya sea mediante la «optimización» de aquello que se percibe como «atrasado», o por medio de la «reconciliación» tecnológica de las velocidades del ser humano y la máquina propagada por los transhumanistas (11).
Hoy asistimos, en el proceso de configuración de las sociedades tardomodernas, a la presencia de signos alarmantes de que formas patológicas de desincronización, como el burnout o síndrome de desgaste profesional, y la depresión, se están extendiendo con fuerza.
Según Rosa, citando nuevamente a Fuchs, «En la depresión fracasan todos los esfuerzos [de sincronización]; el individuo se queda atrás sin esperanza, y el desacoplamiento del tiempo intersubjetivo se vuelve realidad» (12). La depresión podría definirse, lisa y llanamente, como desincronización. También la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce hoy en día que la depresión y el burnout –junto a otras reacciones patológicas de estrés, como los trastornos alimenticios, de sueño y de angustia– constituyen la problemática de salud que crece más rápidamente a nivel mundial.
La fuerte demanda de opiáceos en EU representa, por tanto, la expresión concentrada de la desincronización funcional de los individuos, su depresión y marginalidad, su estar por fuera del mundo funcional de hoy. Mientras que la demanda de cocaína manifiesta un mecanismo de búsqueda de sincronización de quien se sabe vive un mundo de aceleración creciente con el poder tecnológico, que opera a grandes velocidades y, que sitúa al individuo en situaciones de ansiedad y de búsqueda de ir a la par con esas exigencias de los actuales procesos de configuración de la formación social moderna.
Bajo estas consideraciones, el problema actual de drogas de EU hace parte de su decadencia como sociedad y de su configuración como formación social en el período tardomoderno. Esta realidad, derivada de su crisis socioeconómica y cultural, se expresa también en la política de drogas de la actual administración Trump, ya que sólo representa la construcción de un imaginario que no se corresponde con la realidad, y que busca generalizar como válido para todos los psicoactivos independientemente de sus contextos socioculturales de uso, a partir de la epidemia de muertes por sobredosis de los opiáceos. Política de militarización motivada más en la creación de un performance de poder, y en la oportunidad de intervención en el hemisferio, obedeciendo a una agenda de intereses sobre recursos naturales, incluyendo el petróleo y metales preciosos como el oro o estratégicos como el coltan, cobre y litio, principalmente.
La interrelación de las sustancias mencionadas con las alzas y bajas de los procesos de configuración de la modernidad capitalista a nivel global, sitúa a Colombia en el centro de los procesos de sincronización operativa con el suministro de un psicoactivo que hace parte funcional del individuo de las sociedades tardomodernas. La inexistencia de estas consideraciones estructurales en la actual política multilateral de las convenciones de Naciones Unidas, en la política de drogas de EU, y en su lugar la presencia de una anacrónica política de reducción de la oferta, conduce a la inutilidad e ineficacia de sus indicadores de éxito.
La elaboración de un imaginario esquizofrénico, expresado en hechos como el perdón judicial a narcotraficantes, como Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por una corte federal de Nueva York a 45 años por el delito de introducción de 400 toneladas de cocaína a EU, motivada en parte por una empatía ideológica del presidente Trump, deslegitima y enrarece los reales propósitos de su política de drogas. Estas señales se extienden por medio de los acuerdos y acciones conjuntas en las relaciones con mandatarios muy cuestionados en su compromiso y capacidad de control del crimen organizado, como sucede con Ecuador, Paraguay, o la presencia de escandalosos casos de corrupción, como en El Salvador y Argentina.
La presencia de oligarquías asociadas al crimen organizado e, incluso, de elites mafiosas en la modernidad tardía de América Latina, está creando serias limitaciones para avanzar en los procesos democráticos, situación que se agrava por la afinidad del movimiento iliberal de la extrema derecha estadounidense, con cuyo tamiz ideológico posibilita la consolidación de una vía “modernizante” con un fuerte peso de las prácticas socioculturales de orden criminal.
1. Charles L. Glaser “A Flawed Framework, Why the Liberal International Order Concept Is Misguided”, International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 51–87. En ese proceso de análisis hacia una reformulación se produce simultáneamente un eclipse y decadencia de una generación de primacistas y cuyo final estuvo en la primera administración Trump. Esa cohorte alcanzó su esplendor con el apogeo de la unipolaridad y seguía confiando en que el poder estadounidense era inigualable, duradero y suficiente para reorganizar sociedades situadas en lugares considerados estratégicos. Pero emerge un nuevo grupo de estrategas que se formaron en los límites de las ambiciones de sus predecesores, relevándoles. Una buena parte han sido designados como políticos clave para el segundo mandato de Trump, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance, el subsecretario de Defensa Elbridge Colby y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard quien sirvió en Irak (2004-2005) y Kuwait (2008-2009) en diversos roles militares y civiles. La influencia de esta nueva generación se articula con mayor claridad en los objetivos de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional.
2. Ibidem.
3.Drug Policy Alliance, abril 29 de 2026.
4. National Center for Drug Abuse Statistic, 2025. https://drugabusestatistics.org/
5. Véase Anne Case y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo, Ariel, 2020.
6.Andreas Reckwitz y Harmutt Rosa, Tardomodernidad en Crisis, Nuevos Emprendimiento Editoriales, 2022. Véase también los desarrollos del tema en Bruno Latour, Nunca fuimos modernos. Siglo XXI Argentina, 2022.
7.Richard Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Decimocuarta edición, 2017.
8.Reckwitz y Rosa, Tardomodernidad…, op. cit., p.207.
9.Reckwitz y Rosa, Ibid, p. 208.
10. Reckwitz y Rosa, Ibid, p. 209.
11.Para Harmut Rosa el transhumanismo es la máxima expresión del intento moderno de hacer que el mundo sea totalmente controlable, disponible y predecible a través de la tecnología.
12. Harmut Rosa, Ibidem.
**Sociólogo. Actualmente dirige el programa “Noches de Opinión” en la televisión pública Señal Colombia.
